Acusan al gobierno español de defender a la dictadura de Guinea Ecuatorial en la Comisión de DDHH de la ONU

03/Feb/2007

La Asociación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial (ASODEGUE) ha acusado a los representantes del gobierno español en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de ser los responsables, junto a Estados Unidos y el Grupo Africano, de la aprobación de una resolución en la citada comisión que "incluye más elogios que reproches o recomendaciones a un régimen que se caracteriza por la corrupción, la arbitrariedad y la resistencia a cualquier cambio democrático".

ASODEGUE, una organización gubernamental creada en 1993 cuya actividad central es dar a conocer en España la realidad política y organizativa de la oposición democrática de Guinea Ecuatorial, considera que la política del gobierno español "pretende inducir en Guinea seguridad jurídica para los inversores españoles mientras se ayuda al gobierno de Guinea a burlar instituciones tan respetables como la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas". Esa asociación afirma que las autoridades españolas pretenden "comprometer a Obiang haciéndole favores" y "proporcionándole bazas de propaganda" como la citada resolución.

El texto de dicha resolución está "inspirado" y "en alguna partes literalmente dictado por la delegación guineana", afirman. El documento aprobado contiene falsedades para defender la dictadura guineana como afirmar que se esté garantizando la "libertad de información, la libertad de opinión y expresión y el derecho de la prensa libre" (punto 2.c). Tampoco es verdad que el gobierno guineano haya indultado el pasado 30 de abril a 50 presos y reducido considerablemente las penas a otros 85, como afirma la resolución. Según la Asociación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial, "el número de indultados no pasa de 15 y las reducciones de penas se reducen a dos años para condenas de diez, veinte y treinta años". También niegan que el gobierno de Guinea haya adoptado medida alguna para "consolidar la independencia del Parlamento y fortalecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos como institución encargada de proteger y defender los derechos humanos", como afirma la resolución. ASODEGUE denuncia que "el parlamento de Guinea es un parlamento monocolor, una institución títere del dictador, plegada permanentemente a sus maniobras y carente de cualquier competencia". Incluso afirma que la resolución de las Naciones Unidas se apoya en "instituciones fantasmas (...) cuyas actividades son perfectamente desconocidas" como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Centro de Promoción de los Derechos Humanos y la Democracia.

La benévola resolución apoyada por España no se corresponde con los informes revelados por las organizaciones de derechos humanos. El pasado febrero, Amnistía Internacional presentaba el documento "Guinea Ecuatorial. Acabar con la tortura, acabar con la impunidad", en el que afirmaba que "la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial se caracteriza desde hace años por una pauta sistemática de aplicación del terror y de hostigamiento contra los opositores políticos al Gobierno del Presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. AI ha llamado la atención en los últimos años sobre la persistencia de la tortura y los malos tratos por parte de las fuerzas militares y de seguridad ecuatoguineanas, al lado de detenciones arbitrarias, juicios injustos y graves restricciones a la libertad de información y de expresión".

El papel de España en la defensa de la dictadura de Teodoro Obiang y su mediación para que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU no fuera excesivamente dura con el régimen quedó en evidencia en las declaraciones del secretario de Estado para la Cooperación, Miguel Angel Cortés el pasado 13 de abril en el diario ABC, durante su visita a Guinea. En ella se hablaba explícitamente de la intención del gobierno español de "tratar que el informe que sobre Guinea Ecuatorial hará público próximamente en Ginebra la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no sea excesivamente desfavorable" (para el gobierno guineano se entiende).

La posición de España ante su antigua colonia fue fundamental a la hora de orientar la posición de los países europeos en Ginebra. Esos países, concretamente Suecia y Holanda, ya transmitieron a los miembros de la oposición democrática guineana que estaban pendientes de las indicaciones de la delegación española.

Amnistía Internacional ya denuncia la complicidad del gobierno español con la dictadura guineana en una nota de prensa emitida el 2 de marzo del presente año bajo el elocuente título "Sr. Aznar: ¿Va usted a hablar de tortura con Obiang?". En ella se le recordaba al presidente Aznar la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial: "Violaciones de los derechos humanos tan graves como la tortura se cometen de forma extendida y persistente en Guinea Ecuatorial. Amnistía Internacional ha registrado también numerosos casos de muertes bajo custodia, juicios sin garantías, detenciones arbitrarias y encarcelamiento de presos de conciencia. La mayoría de estos casos no se han investigado ni se ha procesado a los responsables".

La política de Aznar no sólo ha consistido en intentar ocultar en las instituciones internacionales la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial sino que ha llevado a España a ser uno de los proveedores de armas para esa dictadura. Tal y como informaba en su número anterior Mundo Obrero, la Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona, desvelaba en un informe que España vendió más de 11.500 proyectiles a Guinea Ecuatorial por un importe superior los 182 millones de pesetas a lo largo del año 2000. Esta cifra surge de la suma del capítulo 93 ("Armas y municiones") del Registro de Aduanas que elabora la Agencia Tributaria. Las organizaciones promotoras de la campaña "Adiós a las armas" -Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y Médicos Sin Fronteras- han recordado al gobierno español que Guinea Ecuatorial no cumple con los requisitos del Código de Conducta sobre transferencias de armamento aprobado por el Consejo de la Unión Europea.