Los nuevos saqueadores

17/Ene/2007

Hace unas semanas, la Unión de Consumidores de España (UCE) hizo una denuncia que, aunque bien difundida por los medios de comunicación, pasó rápidamente a dormir en las hemerotecas. Decía que un quince por ciento de nuestra renta se destinaba a pagar cláusulas abusivas establecidas por las empresas y que ya los tribunales han considerado nulas de pleno derecho pero que, al estar recurridas ante el Tribunal Supremo, pueden seguir cobrándonoslas.

Por supuesto, no se trata de pequeñas empresas, son los grandes sectores oligopólicos como la telefonía móvil que se queda con 32 euros de consumo telefónico que no hemos realizado por cliente y año, hasta embolsarse 27 millones de euros cada año, las aseguradores de automóvil alterando el valor de los vehículos, entidades financieras y las constructoras. En algunas empresas este cobro ilícito supone el 20 % de sus beneficios.

La cantidad que nos desvían de nuestra economía la ha calculado la asociación de consumidores en quinientos euros por familia y año. Añaden que la sangría dudará otros cinco años a pesar de la evidente ilegalidad de ese cobro.

Es evidente que se trata de una cantidad mucho mayor de la que podemos ser víctimas por la delincuencia común. Es difícil encontrar a alguna familia que, entre hurtos de carteristas, tirones de delincuentes o robos en su domicilio, pueda acumular un balance así de trágico. Si algunos ciudadanos de bien se indignan cuando dicen que los chorizos de poca monta entran en las comisarías por un puerta y salen inmediatamente por otra –algo que no es cierto-, supongo que se habrán indignado mucho más al saber que estos otros, más elegantes eso sí, no entran a ninguna comisaría y van a seguir con toda impunidad robándonos quinientos euros al año los próximos cinco años. O dicho de otra manera, uno corre mucho más riesgo de ser atracado cuando entra en una sucursal bancaria a abrir una cuenta o pedir un préstamo que si se pasea a las dos de la mañana por una oscura callejuela del centro de Madrid.

Recuerdo hace años una anécdota sucedida a mi padre y a mi al ir a recoger las llaves de una vivienda de nuestra propiedad, tras anunciarnos la inquilina que suspendía el contrato. Por algún momento nos preocupó el estado en que hubiese dejado el apartamento y las posibles facturas de luz, agua o comunidad que pudieran quedar impagadas. Como se trataba de una provincia diferente a donde teníamos nuestra residencia, aprovechamos el viaje para hacer alguna otra gestión. Entre ellas, cancelar una libreta bancaria que no actualizábamos ni suponíamos movimientos desde hacía dos años, cuando tenía un saldo de doscientos euros. No solamente la inquilina, inmigrante colombiana, nos dejó en perfecto estado la casa, sino que pagó diligentemente los costes estimados de suministros. Sin embargo, al ir a la sucursal bancaria, nos dijeron que nada quedaba de los doscientos euros, que se habían esfumado mediante comisiones, costes de gestión y elementos diversos de aplicación unilateral por la entidad.

Mi conclusión no pudo ser otra. Víctimas de prejuicios imperdonables y equivocados, pensábamos que la inocente inmigrante podía aprovecharse de nuestra indefensión jurídica en el momento de abandonar la vivienda alquilada, cuando en realidad era el banco en que con toda la impunidad de la ley, se había tomado la licencia de consumar el desfalco total de nuestra libreta de ahorros.

La anécdota es el vivo ejemplo del estudio ahora difundido por la OCU. Vivimos en un modelo económico y social en que existe una red más poderosa que sistema legislativo, judicial o policial alguno, y que se permite robos de una envergadura sin precedentes. Porque a ese saqueo al consumidor hay que añadir el dinero que evaden de impuestos, el que incautan de los trabajadores mediante abusos laborales en jornadas o contratos abusivos y las operaciones especulativas que les generan grandes beneficios. De nada sirve un sistema que se llama democrático porque contabiliza cuidadosamente votos en las noches electorales si algunos pueden meternos la mano en la cartera cada vez que contratamos un seguro obligatorio de automóvil, compramos una casa para vivir, llamamos por teléfono a nuestra familia o abrimos una cuenta bancaria donde cobrar nuestra nómina.