España: Represión y reformas legales para enfrentar las protestas

Mientras son noticia diaria en España los recortes presupuestarios y la reforma laboral, que ya ha generado una huelga general y movilizaciones en todo el país, un nuevo pilar de la democracia se ve amenazado: las libertades públicas. Era de una lógica temida, si los ciudadanos comienzan a manifestarse y protestar porque consideran que su gobierno les está arrebatando derechos sociales, este gobierno comenzará a poner en marcha medidas legales que limiten las libertades que permiten esas movilizaciones y repriman su ejercicio. Recordemos que las mejores condiciones históricas para aplicar las medidas neoliberales de la Escuela de Economía de Chicago que terminaban con derechos sociales y laborales eran las dictaduras donde no se podían ejercer las libertades para protestar¹.

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, avanzó el pasado 11 de abril algunas líneas de los cambios que pretende aplicar al Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. El Partido Popular, durante sus primeros 100 días de gobierno, ya ha puesto en marcha más de una docena de reformas de artículos del Código Penal. Según indicó Fernández, su ministerio llevaba dos meses trabajando, junto con el Ministerio de Justicia, en la reforma del ordenamiento jurídico. Su criterio es que es necesario luchar contra lo que denomina una "espiral de violencia" practicada por lo que ha definido de "colectivos antisistema" que practican "técnicas de guerrilla urbana". Su propuesta es incluir como "delito de integración en organización criminal" la alteración "gravemente del orden público" y concertar concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación como Internet y las redes sociales², lo que supondrá una pena mínima de dos años de prisión³. Con ese planteamiento cualquier ciudadano que twittease una convocatoria del 15M que hubiese terminado en acampada en una plaza pública se considerará miembro de una organización criminal. Ya en agosto del año pasado se supo que la policía investigaba “a quienes están realizando las convocatorias para tomar calles y plazas a través de las redes sociales, muy especialmente twitter”.⁴

Según explicó el ministro en la Cámara, su intención es también incluir "como delito de atentado contra la autoridad la resistencia activa o pasiva grande ante las fuerzas de seguridad”. Con esta legislación podría ser condenada por atentado cualquier persona que simplemente no atienda una orden policial de abandonar un lugar o disolver una concentración. "Nos parece fundamental para hacer frente a estos movimientos que actúan concertadamente previamente y con técnicas de guerrilla urbana, incluir como delito de integración en organización criminal las acciones cuya finalidad sea alterar gravemente el orden público y aquellas que, con tal fin, se concierten por cualquier medio de comunicación", declaró el ministro a la agencia Europa Press. "También pretendemos incluir como delitos de desórdenes públicos los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos ampliando el tipo de daños con alteración del orden público a los daños que se produzcan por interrupción o perturbación de cualquier servicio público", añadió.

Ya al día siguiente de la huelga general de marzo, el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, pedía aplicar la legislación terrorista a quienes estuviesen implicados en altercados como los sucedidos durante la jornada de huelga⁵. Por su parte, el conseller de Interior Catalán, Felip Puig, pidió endurecer el Código Penal "para que haya más miedo al sistema".⁶ Puig también anunció a primeros de abril que reforzaría la Unidad Central de Información en Orden Público de los Mossos d’Esquadra, destinaría 100 efectivos más a los antidisturbios y promovería medidas restrictivas como las identificaciones preventivas, órdenes de alejamiento y citaciones en comisaría para luchar contra la que calificó de “guerrilla urbana”⁷.

El portavoz en la Comunitat Valenciana de la asociación de juristas Jueces para la Democracia, Ximo Bosch, afirmó que la intención del gobierno con estos anuncios es la de “criminalizar unas manifestaciones que en su inmensa mayoría han sido pacíficas”. “Ante un contexto de recortes, el Gobierno pretende dar un discurso de orden público para desviar la atención”, añadió. El portavoz de la asociación de jueces cree que incluir la “resistencia pasiva” como un delito penal “no es aceptable, (…) endurecer el Código Penal con estas medidas nos hace pensar que el camino de la reforma va más encaminado por la represión judicial que por la acción social”.⁸

No deja de ser curioso que estas reformas se intenten aplicar en España, el país que tiene la mayor tasa de presos de toda Europa occidental. La estancia media en prisión de los reclusos españoles, de 18 meses, está entre las más altas de toda Europa y se ha duplicado desde 1996 —era entonces de nueve meses—. Todo ello a pesar de que los índices de criminalidad están, por el momento, entre los más bajos.⁹

Aunque la realidad ha sido que a los poderes públicos les ha bastado con la legislación actual para atentar contra las libertades. El 29 de marzo, día de la huelga general, la policía catalana detuvo a tres jóvenes estudiantes acusados de cruzar contenedores en la calle, cortar el tráfico y atentar contra la autoridad, algo que ellos niegan. Ninguno de ellos pudo participar en los incidentes más graves que se produjeron por la tarde y que acabaron con 80 heridos. Los tres jóvenes cuentan con un expediente académico impecable, no tienen antecedentes y viven con sus padres, la juez justificó la detención por el riesgo de que no se presenten ante el tribunal y por el peligro de que reincidan en otras citas en la ciudad de riesgo, como la reunión del Banco Central Europeo prevista el 3 de mayo, o el derbi entre el Barcelona y el Espanyol, que se celebrará también el mismo mes. Es decir, se les encarcela de forma preventiva por si tienen intención de cometer otros delitos. Los tres continuaban en prisión semanas después de la detención. Lo curioso es que, según fuentes jurídicas, si les condenasen por los delitos que les acusan ni siquiera entrarían en prisión¹⁰.

La Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona y la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Girona, juntamente con el Observatorio DESC, la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB), el Observatorio del Sistema Penal de la Universidad de Barcelona y la Asociación Catalana por la Defensa de los Derechos Humanos (ACDDH) manifestaron en un comunicado público que “consideran que la decisión adoptada comporta una vulneración de la presunción de inocencia y supone la aplicación al derecho a la protesta de doctrinas preventivas absolutamente contrarias al ordenamiento jurídico español”¹¹. También tras la huelga general, la fiscalía pidió prisión provisional contra el actor Willy Toledo, que acabó en comisaría acusado de un delito penado con tres años de cárcel por participar en un piquete que había destrozado el interior de un bar, la justificación para su detención es que existía riesgo de fuga. Al final el juez tuvo que ordenar su liberación porque no había ni pruebas de su participación en el piquete ni indicio alguna de que hubiera daños en el citado bar, ni siquiera aparecía nada de ello en el atestado policial.

Las represiones policiales de las protestas han protagonizado la actualidad española de los últimos meses. Pudimos observar en la red las imágenes de la policía nacional golpeando el pasado verano a una menor que protestaba por la financiación pública a la visita del Papa y al fotógrafo que la atendió.¹² Aunque los policías fueron primeramente expedientados terminaron absueltos.¹³ En Valencia, el pasado mes de febrero, medio centenar de manifestantes del instituto Lluís Vives, muchos de ellos menores, fueron duramente golpeados por la policía y posteriormente detenidos sin que se les permitiera a sus padres visitarlos. Como resultado, la fiscalía de menores dio trámite a la denuncia presentada por Izquierda Unida y ahora se encuentra en el juzgado de instrucción. Las lesiones provocadas por la represión policial han sido fatales en algún caso. El 9 de abril moría el joven Iñigo Cabacas a consecuencia de un pelotazo disparado por la Ertzaintza; días antes, durante la huelga general, el uso de estas mismas pelotas por los Mossos d’Esquadra hirió de gravedad a media docena de personas, una de ellas perdió la visión en un ojo. La Comisión Europea ya solicitó a la policía española que prescindiera del uso de pelotas de goma por considerarlo "excesivamente peligroso". El Ministerio de Interior dijo que acataría la orden europea y declaró que dejaría de usarlas a partir de finales de 2012, si bien el consejero de interior vasco anunció que la Ertzaintza renunciará a su uso en enero de 2013¹⁴, ni el gobierno español ni los responsables de las otras autonomías han hecho referencia alguna al compromiso asumido ante las autoridades europeas.

Además de todas estas “formas” policiales, la impunidad parece seguir instalada en las fuerzas del orden españolas. El Consejo de Ministros indultó el pasado febrero a cinco Mossos d’Esquadra condenados por el Tribunal Supremo a penas de inhabilitación profesional, prisión y multa por delitos de lesiones, tortura, maltrato y detención ilegal.¹⁵ Mientras que los sentenciados como culpables no pisan la prisión si pertenecen a las fuerzas del orden, los abogados de la izquierda abertzale pasan años en la cárcel aún siendo inocentes. El letrado Joseba Agudo, encarcelado en octubre de 2009, tuvo que ser puesto en libertad el pasado 22 de marzo, tras ser absuelto por la Audiencia Nacional por "pertenencia a organización terrorista".

Por si todo esto no fuera suficiente del retroceso que las libertades están sufriendo en España, algunas reglamentaciones han llegado al absurdo, como en el caso del Ayuntamiento de Valladolid que aprobó el mes de marzo una ordenanza municipal que multa hasta con 750 euros a los mendigos por pedir dinero en la vía pública.¹⁶

Pascual Serrano es periodista. Su último libro es "Contra la neutralidad. Tras los pasos de John Reed, Ryzard Kapuścińsky, Edgar Snow, Rodolfo Walsh y Robert Capa" . Editorial Península. Barcelona

Este artículo fue publicado en la edición española de Le Monde Diplomatique en mayo de 2012

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