Uno de los argumentos esgrimidos desde la derecha hasta la izquierda para oponerse a una legislación que actúe contra las fake news, es decir, las mentiras que se puedan difundir en un medio de comunicación, bien como noticia o como dato falso inserto en una artículo de opinión, es que podría ser utilizado desde el poder de forma arbitraria y abriría la puerta a la censura. Según los opositores a esta legislación, el límite entre verdad y mentira es difuso y se podría dañar la libertad de expresión.
Es curioso porque se acaba de aprobar vía Real Decreto la denominada Ley Iceta, en referencia al ministro de Cultura y responsable de ésta, que incorpora la transposición del artículo 17 de la directiva del Copyright europea, referente a los derechos de autor.
El decreto ley recoge que los medios de comunicación deben contar «con una autorización del titular de los derechos» de la obra para poder subirla y compartirla en los agregadores de noticias y «garantizar que los autores obtengan una remuneración adecuada y proporcionada por la cesión de sus derechos». Es por ello que ahora podrá volver a España Google News tras negociar individualmente con cada medio o grupo de comunicación para incorporar o indexar en el buscador sus contenidos, pudiendo los medios renunciar a la percepción de cualquier compensación económica por indexar sus contenidos y noticias en la plataforma.
La parte más controvertida es la referente a que los prestadores de servicios como las redes sociales o los buscadores serán responsables directos de retransmisiones con material considerado ‘pirata’ y, por tanto, «deben inhabilitar el acceso a los mismos o retirarlos de su sitio web durante la retransmisión del evento en directo en cuestión».
Es decir, si Google o Facebook no logran bloquear un vídeo o audio considerado ‘pirata’, se enfrentan incluso a responsabilidad penal. Se trata, por tanto, de que estas plataformas establezcan una censura previa sin control judicial ni administrativo alguno para impedir la violación del derecho de autor.
