En los últimos días hemos conocido algunas informaciones que nos ayudan a saber cómo se las gastan las televisiones en cuanto a rigor y credibilidad.
Por ejemplo pudimos saber el pasado diez de julio cómo la británica BBC actuó en un concurso infantil de su programación. Sucedió el 27 de noviembre del pasado año, un total de 13.800 niños llamaron a la cadena, desde la que se les pedía que participasen identificando a un personaje de una serie. Sin embargo, debido a un problema técnico, ningún concursante pudo ser seleccionado por lo que la dirección del programa decidió hacer trampa: pidieron a una niña que estaba de visita en los estudios junto a su familia que simulase una llamada, que fue emitida en directo como si fuese la de un espectador. Ella fue la ganadora del juego. Ofcom, el organismo que regula el sector audiovisual británico, ha condenado a la televisora al pago de 74.000 euros. No es ésta la única trastada de la BBC, un trailer sobre un documental de la reina de Inglaterra fue manipulado para que pareciera que la monarca abandonaba furiosa una sesión fotográfica, algo que resultó ser falso puesto que esas imágenes procedían de otra situación.
Según informaba la agenda de noticias Afp, la pasada primavera otras cadenas británicas estuvieron salpicadas por escándalos similares. Channel Four fue denunciada por repetidas irregularidades durante la emisión del ‘talkshow’ ‘Richard and Judy’. También Channel Five, ITV, y BBC1 se han visto obligadas a pedir disculpas y modificar el funcionamiento de sus concursos.
En España se supone que las televisiones se someten a un código de autorregulación en lo referente a los contenidos y la infancia. El pasado 10 de julio supimos que en tan solo 14 semanas, las televisiones nacionales infringieron 9.000 veces el código de autorregulación, según un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos. Se emiten series en horario restringido, existen contenidos inapropiados en los dibujos animados, aparecen trailers y promocionales con “infracciones de comportamiento social, temática conflictiva y violencia, mayoritariamente”, “una mayoría de comentarios son soeces o inadecuados” o no se cumplen en los informativos unos mínimos criterios sobre violencia. También se denuncia en estos noticieros la presencia abusiva de «imágenes de cadáveres y heridos graves» o «la crudeza» con que se trata la violencia de género en ellos. Y todo ello, recordemos, atendiendo a criterios de regulación elaborados por los propios medios y aún así no la respetan.
En cuanto a la legislación de obligado cumplimiento, como la directiva europea de publicidad, un estudio de Bruselas ha constatado en España "violaciones numerosas y frecuentes", en especial de la prohibición de sobrepasar los 12 minutos de publicidad o teletiendas por hora. Otra infracción "frecuentemente cometida por las cadenas de televisión españolas", según la Unión Europea, es la violencia de la regla que obliga a un intervalo mínimo de 20 minutos entre cada pausa publicitaria.
La deducción es evidente, los medios de comunicación, y en especial las televisiones que son las que gozan de mayor penetración social, están disfrutando de una impunidad peligrosísima para engañar, mentir e incumplir todo intento de regulación que planee sobre ellas. Probablemente no exista sector social tan poderoso y con mayor patente de corso en nuestras sociedades que esas televisiones, en su mayoría empresas privadas que nada tienen que ver ni con la libertad de expresión ni con el servicio público bajo el que se refugian para disfrutar de un espacio radioeléctrico de propiedad pública.
