América Latina se enfrenta a una ofensiva colonizadora sin precedentes que está pasando desapercibida en Europa, la dolarización de la economía de todo el continente, es decir, la sustitución de la moneda nacional por el dólar estadounidense. Si ya la autonomía política de los países latinoamericanos está seriamente limitada por su dependencia de la economía liberal vía norteamericana, la dolarización supondrá el fin de la soberanía de estos países que se verán convertidos en definitivas colonias del vecino del Norte. En EE.UU. un proyecto de ley, la Ley para la Estabilidad Monetaria Internacional (IMSA), presentado por el senador por Florida y presidente del Comité de Asuntos Económicos, el ultraconservador Connie Mack, define la estrategia y las condiciones para implantar la dolarización en el continente.
A Panamá que adoptó esta medida en 1904, se han unido recientemente Ecuador -24 de marzo del 2000- y El Salvador, el pasado 1 de enero. Argentina se encuentra desde 1991 en una situación intermedia tras la Ley de Convertibilidad que establece un cambio invariable de uno a uno entre su moneda y el dólar. El ex presidente Carlos Menem se encuentra en plena campaña para implantar la dolarización. El Congreso de Guatemala ha aprobado una ley que permitirá a partir del próximo mes de mayo, la libre circulación y el pago de sueldos en dólares. En Costa Rica, el presidente del Banco Central, Eduardo Lizano, insiste en la posibilidad de hacer oficial la dolarización.
De todas las situaciones, probablemente Ecuador nos aporte la experiencia más interesante al cumplirse un año de esta medida económica. El anuncio de la dolarización de Ecuador lo hizo el entonces presidente Jamil Mahuad el 9 de enero del pasado año en medio de una fuerte crisis económica, política y social, y presionado por los empresarios de la ciudad porturaria de Guayaquil, pero con la oposición del presidente del Banco Central, Pablo Better. El anuncio de Mahuad desencadenó el aumento de las movilizaciones sociales y el 21 de enero del 2000 organizaciones indígenas apoyadas por oficiales progresistas de las Fuerzas Armadas tomaron el Congreso, provocaron la caída de Mahuad e intentaron instaurar un gobierno popular. Pero horas más tarde, y con la participación de la embajada norteamericana, los mandos militares dieron un golpe de estado a favor del vicepresidente Gustavo Noboa, quien asumió el poder el 22 de enero y confirmó la dolarización. El Banco Central cambió hasta septiembre de ese año todos los sucres en circulación por dólares procedentes de sus reservas, a una cotización de 25.000 sucres por dólar cuando hacía un año estaba a 7.000 sucres.
La situación de los ecuatorianos era desesperada. A lo largo de 1999 la pobreza había aumentado del 38 al 44 %, la inflación alcanzó un 60 %, el paro asciende al 50 %, el salario real ha disminuido en un 20 %, los niños escolarizados entre 6 y 15 años han descendido de un 50 % a un 4 %. La moneda, el sucre, bajó su valor dos tercios y la dolarización ha tirado por los suelos el valor del salario real. Un tercio de la población no tiene acceso al agua potable y más del 40 % no dispone de condiciones de higiene ni de servicios de salud mínimos.
¿A qué se debía esa situación en un país como Ecuador, miembro de la OPEP y rico en recursos naturales?. El origen se remonta a 1983, cuado el FMI obligó al gobierno de Ecuador a hacerse cargo de las deudas privadas que la clase dirigente de Ecuador tenía con bancos extranjeros. Para esta operación de rescate de entidades financieras estadounidenses y ecuatorianas, Ecuador pidió un préstamo de 1.500 millones de dólares. Para que pudiera devolverlo, el FMI exigió un aumento de precios de la electricidad y de otros bienes de primera necesidad. Y cuando el dinero procedente de esa vía no fue suficiente, llegó un nuevo plan de asistencia condicionado a la eliminación de 120.000 puestos de trabajo.
Ante la nueva crisis provocada, el gobierno de Noboa recurre, una vez más, al FMI y al BM, los cuáles recetan una nueva dosis de la misma medicina. Acceden a conceder un nuevo préstamo denominado Stab-by Arrangement al gobierno ecuatoriano en marzo del 2000 a cambio de la dolarización y de la aprobación de un plan de reformas sociales y económicas. Se trataba de un préstamo cuyo único objetivo era garantizar el pago de Ecuador a diferentes acreedores, en absoluto iba a mejorar las condiciones de los ecuatorianos.
Las condiciones a cumplir por el gobierno ecuatoriano para acceder al préstamos de estas instituciones internacionales se reflejaron en diferentes modificaciones y enmiendas a la Ley para la Transformación Económica. Entre ellas, la dolarización, es decir, la cesión en materia de política monetaria y financiera ecuatoriana a la Reserva Federal Norteamericana mediante el cambio de 25.000 sucres por dólar, en 18 meses los haberes en sucre disminuyen su valor en un 70 %. La "receta" del BM y del FMI incluye además la liberalización de las formas de contratación, supresión de 26.000 puestos de empleo público antes del 2002, establecimiento de medidas encaminadas a debilitar el poder negociador de los sindicatos, reducción de los niveles salariales con el objeto de que la economía resulte más competitiva para atraer el desembarco de las multinacionales. En fin, la habitual "propuesta" de las instituciones económicas internacionales.
El saqueo de Ecuador continúa. Las multinacionales se harán cargo de dos empresas públicas de telecomunicaciones, seis de provisión energéticas y 18 empresas de distribución que serán privatizadas sin que el gobierno de Ecuador haya establecido ninguna media que asegure a los ciudadanos más pobres el acceso a las telecomunicaciones y a los servicios eléctricos. .
Todo eso en un país que desembolsa 160 millones de dólares al año en concepto de intereses devengados de deudas anteriores, una cifra mayor de la destinó a salud en 1999.
En 1998, la deuda externa de Ecuador equivalía al 66 % del PNB. En 1999, con la reducción de su PNB, la depreciación del sucre y la crisis bancaria, llegó al 90 % del PNB. Durante el 2000, el pago de intereses de la deuda externa alcanza los 1.200 millones de dólares. El creciente peso de la deuda caerá directamente sobre los ciudadanos ecuatorianos por el aumento vertiginoso de los impuestos y los recortes en todos los servicios públicos. Todo ello en un país en el que los últimos cuatro presidentes están encarcelados o han dimitido por corrupción.
Pero veamos cuál es la situación ahora, un año después de la dolarización. Ecuador ha terminado el año 2000 con una inflación récord en su historia, el 91 por ciento anual. Representantes de los partidos, de los movimientos sociales e incluso del mundo empresarial han hecho un balance negativo del primer año de dolarización debido a que la actividad económica no se ha recuperado. El ex presidente de la Federación de Exportadores Luis Maldonado aseguró a la agencia de noticias IPS que el nuevo sistema sólo disparó la inflación, mantiene altas las tasas de interés y provoca recesión. "Si la inflación no fue mayor es por la contracción del poder adquisitivo de los ecuatorianos, lo que no permitió que aumentara el consumo en los últimos tres meses del año", dijo Maldonado. Sandro Coglitore, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, indicó que estos doce meses de nuevo esquema monetario fueron "críticos" para su sector, ya que la dolarización restó competitividad a los exportadores.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos justificó la alta inflación del 2000 a que, bajo un esquema dolarizado, los precios de bienes y servicios fueron ajustándose a las cotizaciones internacionales. Los pronósticos oficiales para el 2001 son poco alentadores. Según el Banco Central, la inflación se situará entre el 24 y el 31 por ciento.
La situación social también ha empeorado más, si cabe, con la dolarización. Más de tres mil empresas han cerrado por quiebra, más de 200.000 personas han perdido su empleo y otras 170.000 salieron del país en búsqueda de mejor suerte, un fenómeno que en España conocemos bien.
La situación hubiera podido ser peor de no haberse producido la subida del petróleo (Ecuador exportó 2.045 millones de dólares en el 2000) y gracias a los 1.200 millones de dólares que ingresaron los ecuatorianos del exterior.
Pero la peor de las consecuencias de la dolarización es la pérdida de la soberanía económica y la capacidad de creación de mercados regionales entre los países latinos al margen de EE.UU. "La dolarización va a a facilitar un proceso de unificación económica y comercial con Estados Unidos como centro hegemónico, que evitaría los mercado regionales y presionaría para desintegrar los existentes", advirtió el economista salvadoreño Raúl Rodríguez, del Instituto para el Avance y la Consolidación de la Democracia (IADES) en el III Encuentro Internacional sobre Globalización y Problemas de Desarrollo celebrado en La Habana. Rodríguez afirmó que la dolarización conlleva a "hundimiento aún más grave de los países latinoamericanos y a entregar lo último que nos queda de soberanos: la moneda".
Muchos países verán desaparecer su banca central, lo que significará poner sus políticas económicas en manos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Por el momento, una buena parte de la clase media de Argentina, Ecuador y El Salvador han visto como sus ahorros en moneda nacional se han venido abajo. Mediante la dolarización, e incluso con la convertibilidad, los gobiernos dejan de ser libres para emitir moneda o utilizar sus reservas. No existe otra forma de cubrir los déficits de balanza comercial ni del presupuesto nacional que no sea con préstamos del exterior, y más ahora que ya está terminando en casi todos los países el remate de casi todos los bienes del Estado. "En un país dolarizado o simplemente en situación de convertibilidad (cambio fijo con el dólar), al no poder operar con la tasa de cambio, el único modo de hacer competitiva su economía es el salario, es decir, menos prestaciones sociales, menos salario y más horas de trabajo", ha señalado el economista Oscar F. Natalichio de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo.
Guillero Gil, especialista en Política Monetaria del Banco Central de Cuba, se pregunta "¿cómo se podrían implementar, por ejemplo, políticas de corte social o de impulso a disminuir el desempleo si los países no tienen moneda propia y dependen de la política monetaria de EE.UU.?". "La respuesta es obvia -afirma este economista-, prácticamente imposible o, como dicen los neoliberales a ultranza, a través del libre mercado, o sea ninguna".
Pero, además, la dolarización suele ir unida a fuertes medidas de ajuste impuestas por BM y el FMI. Retomando el ejemplo de Ecuador, entre las 167 condiciones impuestas por el FMI para la concesión de créditos encontramos la obligación el próximo mes de julio de transferir la propiedad de su mayor sistema de suministro de agua a operadores extranjeros y conceder a Arco, filial de Bristish Petroleum, autorización para construir su propio oleoducto a través de los Andes. Después, el primero de noviembre, el gobierno de Ecuador tiene órdenes de subir el precio del gas doméstico un 100 %, eliminar 26.000 puestos de trabajo y reducir en un 50 % los salarios de los trabajadores restantes en cuatro etapas a lo largo de pocos meses. Lo que Gregory Pallast, de la publicación The Guardian Weekly, ha llamado "un golpe de Estado financiero". Eso si que produce un "efecto llamada" -"efecto despedida" deberíamos llamarlo- y no ninguna Ley de Extranjería española.
La rebelión de los indígenas ecuatorianos ha logrado frenar, al menos por el momento, alguna de estas imposiciones. Las movilizaciones iniciadas el 21 de enero que paralizaron el país durante diez días y que fueron duramente reprimidas por el gobierno, lograron arrancar al presidente Gustavo Noboa un acuerdo firmado el 7 de febrero. El documento, compuesto por 23 puntos y 4 transitorias, contempla, entre otras cosas, la revisión parcial del paquete de medidas económicas dictadas a fines de año pasado. Así, el gobierno accedió a reducir al 60 % el alza del 100 % del precio del envase de gas doméstico, y a congelar por un año el precio de los combustibles. Acordó reestructurar y capitalizar el Banco Nacional de Fomento para que pueda otorgar créditos a los pequeños y medianos productores, tomar medidas más enérgicas para recuperar las deudas de la banca estatal, brindar apoyo a los emigrantes dentro y fuera del país y no involucrar a Ecuador en el Plan Colombia. Pero la dolarización ya está consumada. Los ciudadanos latinoamericanos tienen el reto de enfrentarse, una vez más, a la enésima agresión a su soberanía. A la colonización cultural, la ocupación y agresión militar y el engaño político se le suma ahora la pérdida de su moneda.
Todo hace pensar que la llegada de George W. Bush a la Casa Blanca, relanzará el proyecto de ley elaborado por el senador republicano Connie Mark en la pasada legislatura. La denominada Ley para la Estabilidad Monetaria Internacional (IMSA, en sus siglas inglesas), establece, nada más y nada menos, que los principios y las líneas de trabajo para la dolarización de todo el mundo. Comienza exponiendo las ventajas de adoptar el billete verde como moneda: estabilidad monetaria, reducción de la inflación y de las tasas de interés hasta los niveles de Estados Unidos, un mayor crecimiento económico que estimule los ahorros y las inversiones, disciplina fiscal, contribución al fortalecimiento del sistema financiero y menor volatilidad de las tasas de interés y la inflación.
Si en el aspecto de resaltar las ventajas de la dolarización hemos de criticar que se trata de todo un brindis al sol, en la normativa que desarrolla para su puesta en práctica tenemos que reconocer la sinceridad y la transparencia del proyecto de ley.
El documento detalla las obligaciones que debe cumplir el país que se dolarice y las actuaciones y competencias de las autoridades monetarias de Estados Unidos ante esa situación. Reconoce igualmente que la dolarización ayudará a estabilizar e incrementar las exportaciones de Estados Unidos y que disminuirá los riesgos por tipo de cambio a los inversores norteamericanos cuando inviertan en esos países. También señala el proyecto que EE.UU. se ahorrará importantes sumas en la ayuda financiera a los países con problemas monetarios financieros y que se incrementarán las ganancias por señoreaje (rendimiento de las reservas) de los EE.UU.
En el mecanismo de aplicación de la ley, la fórmula propuesta aclara que los países no están obligados a dolarizarse, pero si lo hacen tienen que cumplir una serie de condiciones. Entre ellas, la apertura total del sistema financiero a los bancos extranjeros, el cese de emisión de moneda doméstica y la destrucción de los materiales (placas y troqueles)I usados para producir monedas. Han de eliminar el status de curso legal a la moneda nacional y otorgar el status de curso legal al dólar de Estados Unidos. Deben comprometerse con el Secretario del Tesoro norteamericano para determinar si el país es un buen candidato para la dolarización oficial y cooperar con los Estados Unidos respecto a la prevención del lavado y falsificación del dinero.
El Secretario del Tesoro se reserva el otorgamiento de la certificación que autorice la dolarización. Pero el mejor "pelotazo" para Estados Unidos es que los billetes y monedas de dólar que adquiera el país dolarizado no lo hace directamente a través de la Reserva Federal (FED), sino que tendría que comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos en los mercados, y más tarde los vendería a la FED por billetes y monedas. La FED mediante ese mecanismo ingresa unos intereses sobre esos bonos. Si bien parte de esos intereses retornan al país dolarizado conforme al criterio que considere unilateralmente el Tesoro norteamericano, otra parte son pingües beneficios para este Departamento del Tesoro. Esa parte de intereses que corresponden al país dolarizado sólo los recibirá si elimina totalmente su moneda nacional. Además, si el país oficialmente dolarizado utiliza los dólares para comprar bonos de cualquier otro país o mantenerlos en reserva, situaciones habitualmente frecuentes en la actualidad, pierde también el derecho a obtener las ganancias por señoreaje.
Por último, Estados Unidos no se compromete a tenerlos en cuenta a la hora de hacer política monetaria, quedarían por tanto a merced del criterio norteamericano de subir o bajar la cotización del dólar en el mercado internacional. Tampoco sería prestamista de última instancia y los gobiernos dolarizados tienen que usar sólo el dolar, es decir, comerciar sólo con EE.UU. El Secretario del Tesoro norteamericano tendría discreción absoluta para decidir qué país puede acceder a la dolarización y cual no, e incluso revocarle la certicación concedida.
Guillermo Gil, especialista en Política Monetaria del Banco Central de Cuba, ha denunciado en El Economista de Cuba, que "la dolarización total de América Latina aseguraría la existencia, para las empresas norteamericanas, de mercados seguros para sus productos con un mínimo de riesgos y una plaza igual de segura para las inversiones. Además, representaría la hegemonía total del dólar en la región, en detrimento del euro, por lo que se puede inferir fácilmente que esta es la respuesta de EE.UU. a la penetración económica de Europa en América Latina, y además significaría le expulsión de las empresas y bancos europeos del continente. Y algo muy importante, constituiría el arma más eficaz para destruir los bloques comerciales en Latinoamérica y evitar, de hecho, el surgimiento de una moneda común y la integración total de la región".
Un experto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha reconocido en el diario El País que con la dolarización "los norteamericanos intentan debilitar el Mercosur, el mercado común suramericano, en beneficio propio".
Guillermo Gil termina afirmando que "los gobiernos latinoamericanos que acepten este engendro, se convertirían en gobernadores provinciales de segunda categoría, el papel del Estado en dichas economías no se reduciría sino que se eliminaría y los países se volverían lo mismo que dejaron de ser hace muchos años, colonias. Y, precisamente, esa es la verdadera intención de este Proyecto de Ley: la colonización monetaria de América Latina y más tarde la completa anexión a Estados Unidos. En palabras bien sencillas, todas las ideas de Simón Bolívar y José Martí volarían en pedazos y la palabra soberanía prácticamente se excluiría del diccionario de esos países".
