El pasado 21 de marzo, El País publicó un amplio reportaje desde primera página titulado “Venezuela, el gran ‘balneario’ de ETA”. En él podemos encontrar falsedades, media verdades y evidentes contradicciones.
El periodista asegura que “desde que gobierna Chávez (1999), España ha solicitado a Venezuela la extradición de 21 personas, siete de ellas miembros de ETA, pero ninguna ha sido detenida ni entregada, según asegura un portavoz del Ministerio de Justicia español”. Sorprendentemente, unos párrafos antes dice que “Sebastián Etxaniz y Juan Víctor Galarza, los dos únicos etarras junto a José Ramón Foruria que entregó Chávez a España sin proceso de extradición”. Efectivamente, en 2002 el Estado venezolano entregó a tres vascos a España: Sebastián Etxaniz y Juan Víctor Galarza -que posteriormente demandaron al Estado venezolano por "deportación arbritaria e ilegal"-, y José Ramón Foruria, caso que se conoció cuando ya estaba en España. El exceso de celo del gobierno venezolano por impedir que en su territorio se establezcan huidos de la justicia española llegó al punto de que la detención de los dos primeros fue declarada ilegal por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De modo que si de algo ha pecado el presidente venezolano ha sido de extraditar vascos a España más allá de lo tolerado por la legislación de Venezuela y de los acuerdos establecidos con la Organización de Estados Americanos (OEA).
Si no se han extraditado o expulsado más presuntos miembros de ETA en la República Bolivariana de Venezuela es porque no lo ha solicitado la fiscalía española o no lo ha hecho en forma (lo que es bastante usual). Por ejemplo, Iñaki Etxeberría fue detenido en abril de 2009 para proceder a su extradición a España. Cuando el Tribunal Supremo venezolano estudió su caso, el interesado pudo probar que llevaba 14 años de residencia legal en Venezuela y que su documentación, tanto venezolana como española, estaba al día y era legal.
En el caso de Cubillas Fontán, presunto coordinador de ETA en Venezuela según Eloy Velasco y los múltiples y bombardeados ordenadores de Raúl Reyes, como reconoce el propio auto de Eloy Velasco no tiene causas pendientes en el Reino de España. Este presunto miembro de ETA fue detenido por la policía venezolana en julio del 2002, pero lo tuvo que dejar libre porque no existía ninguna reclamación de la Audiencia Nacional.
Cuando se hacen continuas denuncias contra Hugo Chávez acusándolo de proteger a miembros de ETA y no acceder a la extradición de delincuentes se debería hacer con datos precisos que permitan al lector hacerse un juicio cabal de la situación. El artículo de El País no cita ningún caso concreto en el que el Gobierno venezolano haya amparado a miembros de ETA, precisamente lo contrario, entregó a la Justicia a dos reos con violación de su derecho interno.
Tal y como recordó la embajada de Venezuela en un comunicado público difundido el 1 de marzo, Cubillas Fontán, “reside en Venezuela desde el mes de mayo de 1989, como producto de los acuerdos entonces alcanzados por Carlos Andrés Pérez y Felipe González”. Recordemos que los primeros etarras llegaron a Venezuela en 1987 desde Francia y otro grupo, el llamado contingente de Argel, el más importante, lo hizo en 1989, por acuerdos entre el gobierno del socialista español Felipe González y los presidentes socialdemócratas venezolanos Jaime Lusinchi (1984-89) y Carlos Andrés Pérez (1974-79 y 1989-1993). En aquellos fechas se produjeron las negociaciones de paz en Argelia, que no tuvieron éxito. La mayor parte de las personas que habían participado venían de Francia, pero Francia no quería que regresaran ni tampoco que fuesen a España. Se buscó entonces un tercer país, que en realidad fueron dos: Venezuela y República Dominicana. Los deportados llegaron a Venezuela en un avión militar español, tras el acuerdo de gobierno a gobierno. Se dió por sobrentendido que los militantes de ETA gozaban de un estatuto similar al de asilado político.
El mismo año que Venezuela deportó a los tres etarras anteriormente citados, España solicitó formalmente siete extradiciones, suponemos que son a las que hace referencia El País: las de Miguel Angel Aldana, Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, Jesús Ricardo Urteaga Repulles, Martín Sansebastián Aguirre, Luis María Olalde, José Lorenzo y Ramón Sagarzazu Gaztelumendi. De ellos, sólo Olalde se presentó ante las autoridades venezolanas, pero el Tribunal Supremo de Justicia venezolano determinó que no procedía la extradición. Los otros seis solicitados simplemente nunca fueron localizados [1] . En eso se fundamenta El País para calificar a Venezuela de “balneario de ETA”. Puesto que tampoco lo han encontrado en España, también podría haber dicho que nuestro país es otro “balneario de ETA”.
Si el diario El País está preocupado por los gobiernos que protegen a perseguidos por la justicia española debería recordar el caso de los tres militares estadounidenses que asesinaron al cámara de televisión español José Couso en Bagdad en 2003. Estos tres militares que presuntamente asesinaron a un ciudadano español fueron procesados por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz [2] , sin que el gobierno de Estados Unidos colaborara con la justicia española ni permitiendo siquiera que se tomase declaración por los hechos enjuiciados.
[1] http://noticias.terra.com/articulo/html/act673424.htm
[2] http://www.20minutos.es/noticia/469669/0/militares/procesados/jose-couso/
