Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), los contratos públicos del Estado con las empresas privadas suponen más del 15% del PIB de nuestro país, unos 175.000 millones de euros. Los acuerdos secretos e ilegales entre las empresas que pujan por esos contratos terminan generando sobrecostes de 40.000 millones de euros anuales. Es decir, dinero que pagamos todos y que va a manos de contratistas, mediadores o políticos corruptos.