Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), los contratos públicos del Estado con las empresas privadas suponen más del 15% del PIB de nuestro país, unos 175.000 millones de euros. Los acuerdos secretos e ilegales entre las empresas que pujan por esos contratos terminan generando sobrecostes de 40.000 millones de euros anuales. Es decir, dinero que pagamos todos y que va a manos de contratistas, mediadores o políticos corruptos.
Archivos diarios: 31 de diciembre de 2018
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El derecho a recibir información veraz se viola desde muchos medios sin que nadie ponga el grito en el cielo. Y muchas veces por parte de aquellos que ahora apelan al secreto profesional, ese que no querían legislar
La irrupción de Vox ha generado una reacción de lo más simplista desde la izquierda: “Vamos a combatir el fascismo”. Me temo que es tan simplista como vacía e inútil