Democracia y libertad de prensa

Es frecuente utilizar el término libertad de prensa para referirse a la libertad de expresión. Yo prefiero éste último o, mejor todavía, derecho a informar y estar informado. En principio, la libertad de prensa debería consistir en la existencia de garantías para que los ciudadanos tengan el derecho de organizarse para la edición de medios de comunicación cuyos contenidos no estén controlados ni censurados por los poderes del Estado. El problema es que en un sistema de economía de mercado como el actual, con el grado de industrialización tan desarrollado que requieren los medios de comunicación y las grandes inversiones imprescindibles, ese derecho solo puede ser utilizado por un determinado sector social. Hoy no existe en ningún país industrializado un medio de comunicación mínimamente fuerte e influyente que haya nacido como resultado de un grupo de ciudadanos que se hayan organizado para poder públicamente expresarse. Por tanto, confundir libertad de prensa con libertad de expresión es como confundir el derecho a la salud con el derecho a crear y poner en funcionamiento un hospital. No estoy en contra de ello, como no estoy en contra de que un empresario funde un periódico, pero eso es muy diferente de la libertad de expresión. De modo que en la realidad la libertad de prensa es, digámoslo así, el derecho del empresariado a operar en un determinado sector. No es ningún derecho de la ciudadanía en general.

Cuarto Poder

En los periodos de la revolución francesa se acuñó el término Cuarto Poder para referirse a los medios de comunicación. Con esa denominación se planteaba que los medios iban a ser el cuarto poder, es decir, ese poder ciudadano que vigilaría a los otros tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Con el paso de los años y el desarrollo de la economía de mercado hemos comprobado que los tres citados poderes están siendo gravemente amenazados por el poder económico que, con su influencia, su ambición desmedida y su capacidad de corrupción se ha convertido en un actor fundamental de nuestros sistemas políticos. A pesar de esta peligrosa influencia, los tres poderes tradicionales mantienen mecanismos de democracia y control público de mayor o menor efectividad. Sin embargo, es el cuarto poder, el mediático, el que se ha visto totalmente permeabilizado y controlado por el poder económico. Los procesos políticos neoliberales sufridos en la década de los ochenta y noventa arrasaron con los sistemas de información públicos con el apoyo de la derecha y la indiferencia de la izquierda que, con razón, los asociaba a los dictadores anteriores. A ello se añadía el papel cada vez más sofisticado y potente que han adquirido los medios de comunicación en las sociedades democráticas, donde la conformación de la opinión pública es un elemento fundamental para el ejercicio del poder. Como resultado tenemos un cuarto poder con las siguientes características:

Es un mero apéndice de grupos económicos empresariales.

No dudaríamos en considerarlo más poderoso que los otros tres. Basta observar la agresividad con la que han reaccionado ante las políticas progresistas en América Latina. Hoy la oposición a estos gobiernos no son los partidos políticos de la ideología contraria con su correspondiente militancia ciudadana, son los grandes medios de comunicación que se han convertido en actores políticos fundamentales.

A diferencia de los otros tres poderes, el mediático no tiene ninguna legitimidad democrática. Nadie les vota, nadie les elige. En Brasil, se le ha llegado a denominar “coronelismo informativo”, creo que el término, teniendo en cuenta lo que significan en América Latina los coronoles, es suficientemente elocuente.

Bajo el paraguas de la libertad de prensa han logrado un nivel de impunidad impresionante. Los medios hoy mienten constantemente, manipulan, insultan, desprestigian y destrozan prestigios y trayectorias de quien se les ponga en su camino. Su intolerancia ante cualquier poder legítimo y democrático que ose tocar sus privilegios es absoluta. Han embestido duramente contra los gobiernos latinoamericanos progresistas por desarrollar sus televisiones públicas, por conceder licencias de emisión a los movimientos sociales, por aprobar leyes que obligan a garantizar la veracidad de los contenidos. El pasado 31 de octubre aparecía este titular en el diario español El País: Los jueces amenazan la libertad de prensa en Latinoamérica. Como si los jueces latinoamericanos se hubieran puesto de acuerdo para atentar contra la libertad de prensa. Sencillamente estaban aplicando legislaciones aprobadas de forma democrática y legítima por gobiernos y parlamentos, en base a las cuales algunos medios estaban siendo sancionados por mentir, calumniar o hacer apología de delitos.

En la medida en que son empresas, no están sometidos a controles económicos como lo están el resto de poderes. Un diputado, un funcionario, un ministro o un juez acabaría en prisión si recibiera dinero de sector o persona en litigio. Los medios todos los días reciben dinero (mediante publicidad o cualquier otra vía) de sectores interesados o con vocación de influencia social.

A diferencia también de otros poderes, los medios no tienen un contrapoder. El gobierno tiene una oposición, los empresarios tienen unos sindicatos, las empresas tienen asociaciones de usuarios. No hay contrapoder al mediático. Se intentó con los denominados observatorios de comunicación pero no se han consolidado.

Recordemos que los dueños de los medios no son ni siquiera empresarios de la comunicación, sus dueños son emporios empresariales con acciones e intereses en todos los sectores, desde multinacionales de las telecomunicaciones que controlan las vías de difusión de la información hasta grupos bancarios imprescindibles para la financiación. Y su viabilidad depende de grandes anunciantes del tipo de empresas de hidrocarburos, automovilísticas, grandes almacenes. Estos medios no son ningún cuarto poder, son el poder del dinero. Añadamos otro elemento. Según las legislaciones de las economías de mercado, las empresas privadas están obligadas por ley a maximizar los beneficios de sus accionistas. La ley prohíbe a los directivos empresariales y administradores del dinero ajeno llevar a cabo, en el marco de su empresa, cualquier actividad que afecte negativamente a los intereses económicos de los accionistas. De este modo, pagar a sus trabajadores más de lo imprescindible, cuidar el medio ambiente, trabajar en pos de la resolución de un conflicto bélico o defender los derechos humanos de una minoría, si afectaran negativamente a la cuenta de resultados de la corporación empresarial podrían ser denunciados por los accionistas y castigados penalmente¹. Por lo tanto los principios éticos y morales son incompatibles con el espíritu del mercado. Es a partir de esta regla cuando podemos comenzar a comprender a dónde nos están llevando los medios de comunicación, propiedades de grandes empresas privadas y su incompatibilidad con los valores de la democracia.

En consecuencia, a estos grupos de comunicación que tanto reivindican la libertad de prensa y se presentan como defenderos y baluartes de la democracia no les interesa la verdad, ni la democracia de la misma manera que no le interesa a un fabricante de lavadoras. Al contrario, defenderán a esos bancos que desahucian a quienes no pagan sus hipotecas, a las grandes empresas que aplican despidos para mejorar sus ganancias, a las corporaciones que destruyen el planeta con tal de que sigan contratando publicidad, a los hospitales y universidades privadas que seguro insertarán más anuncios que los servicios públicos y además serán de los mismos dueños que los bancos que les financian. Un periodista estadounidense comentó que en su país se podría escribir contra el presidente demócrata, o contra el presidente republicano; pero lo que nunca se podía publicar es la noticia de que se hubiese descubierto una mosca en una botella de Coca-Cola.

Y por supuesto, esos medios apoyaran a todos los políticos que propongan más poder para el mercado y menos para los ciudadanos. Los periódicos, las televisiones y las radios, con sus columnistas, sus editoriales, sus reportajes por encargo y sus informaciones manipuladas se lanzarán como hienas contra cualquiera que ose atentar contra los privilegios del mercado porque ellos están creados para defenderlo. Y lo más grave: a eso lo llamarán libertad de prensa.

Voy a contar un ejemplo de España que ilustra el poder de los medios y sus empresas. Se trata de la publicidad de la prostitución en prensa escrita. Podemos leer en cualquier periódico la denuncia de las tristes condiciones de las trabajadoras del sexo y la explotación a la que se ven sometidas miles de mujeres procedentes de países empobrecidos, pero son pocos los diarios que han renunciado a estos anuncios que les aportan pingües beneficios. Según una comisión parlamentaria que abordó el asunto en 2007 y elaboró un informe sobre la situación de la prostitución², en un día laboral, los periódicos españoles recogían entre 700 y cien anuncios de prostitución. Así, periódicos como El País y El Mundo, ingresaban en torno a seis millones de euros anuales. Otros, como el Grupo Vocento, llegaban hasta los 10 millones. El Gobierno español elaboró un Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual que entró en vigor el 1 de enero de 2009 y que definía a las prostitutas como “víctimas”. En Europa la prostitución está estrechamente ligada a una situación de semiesclavitud de mujeres traídas engañadas o a la fuerza. El Plan elaborado por el gobierno instaba a los diarios a que, mediante la autorregulación, eliminasen cualquier relación empresarial con la prostitución. Apenas unos pocos periódicos de segunda importancia siguieron la recomendación, la mayoría y los principales siguieron haciendo caja con esos anuncios. La prohibición de esta publicidad a buen seguro contaría con el apoyo de todo el espectro social e ideológico de la ciudadanía. Sin embargo ningún gobierno se atreve a prohibir los anuncios para no ofender a los grandes periódicos que continúan así lucrándose con esta prostitución³. Si los prohibiesen seguro que serían acusados de atentar contra la libertad de prensa.

¿Por qué la libertad de prensa no garantiza la libertad de expresión de los ciudadanos?

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho “a recibir informaciones y opiniones”. En el caso español, nuestra Constitución es la primera en Europa que recoge el derecho a recibir una información “veraz”. Por lo tanto, si las noticias de nuestros medios no poseen la veracidad ni la calidad necesaria y las opiniones no están equilibradas, se estarán violando los dos pilares legislativos fundamentales de nuestra comunidad por mucho que sigan alardeando de libertad de prensa.

Pero para que unos ciudadanos disfruten el derecho de recibir informaciones y opiniones se debe garantizar a otros el derecho de emitir informaciones y opiniones. Y ese derecho, todos los sabemos, lo posee solo un oligopolio de unas pocas empresas de comunicación. En consecuencia los medios no ejercen el derecho a la libertad de expresión, ejercen el derecho a la censura puesto que deciden qué es lo que se publica y difunde, y qué es lo que no.

La nueva censura

Durante mucho tiempo hemos asociado dictadura o abuso de poder en lo relacionado con la información con censura. Consistía en la prohibición de difundir una determinada información. Es evidente que el problema de la información hoy no es la censura, en pocos países se impide difundir un determinado dato, un determinado hecho o una determinada opinión. Sin embargo sigue existiendo un importante déficit del derecho a la información. O dicho de otra manera, existen otras formas de censura.

Y aún hay más, el escritor y periodista polaco Ryszard Kapuscinski comparaba la situación de censura que vivió en su país durante el denominado socialismo real con el panorama actual en los medios. Según él, aquella censura ahora está maquillada por la manipulación. Si antes, en su Polonia natal, los gobiernos impedían la difusión de determinadas noticias, ahora mediante los silenciamientos, la frivolización, el desvío de la atención a asuntos menores, la marginación de intelectuales díscolos e incluso las mentiras, el panorama de desinformación de la misma víctima –el ciudadano de a pie- no ha mejorado.

Analicemos dos símiles. Si estoy viviendo bajo un gobierno dictatorial que quiere impedir que me llegue la carta de un amigo procedente de fuera del país, éste gobierno puede hacer lo tradicional de un sistema opresor: poner un policía a vigilar mi buzón de correos y cuando llegue la carta apropiársela e impedir que me llegue. O podría hacer otra cosa, encargar a sus agentes dejar todos los días quinientas cartas en mi buzón mezcladas con la que buena que llegue de mi amigo y que yo no la pueda diferenciar. De este modo habrán logrado igualmente obstaculizar la información entre nosotros dos. Otro símil es ese juego de niños en el que Pepito le quiere decir algo a Juanito y el resto de los amigos no quiere que Juanito se entere. Entonces, cuando Pepito va a decir algo, todos empiezan a gritar y a hablar al mismo tiempo. Como resultado Juanito no sabe lo que Pepito le quiere contar.

Estaremos de acuerdo en que estos dos ejemplos gráficos y anecdóticos poseen la misma eficacia que un sistema de censura para evitar la transmisión de un mensaje. La idea que yo quiero transmitir es que existe una nueva forma de censura, diferente a la tradicional, pero igual de eficaz: Enterrar la verdad con la mentira o la información inútil. Si la impunidad de los medios les permite mentir sin asumir ninguna responsabilidad, lo harán constantemente, lo hacen, y el ciudadano no sabe diferenciar entre la verdad y la mentira, no sabe cuál es la verdad. O sea, igual que la censura de la dictadura.

El derecho a la censura

Seguimos hablando de censura. La libertad de expresión -que ellos llaman libertad de prensa- debe consistir también en que podamos conocer las reclamaciones y aportaciones de una asociación ecologista, un sindicato, unos abogados de derechos humanos, etc… Es decir, voces críticas que tienen algo que decir. ¿Existen prohibiciones para que esas personas y colectivos puedan hacer sus denuncias? En la mayoría de los países no. Sin embargo, ¿quién tiene el poder para que esas voces lleguen a los ciudadanos? Evidentemente los medios de comunicación. Ellos no ejercen el derecho a la libertad de expresión, sino el derecho a la censura, en la medida en que deciden lo que vamos a conocer los ciudadanos y lo que no. Una democracia debe garantizar el derecho ciudadano a informar y ser informado, no puede quedar en manos de unas empresas de comunicación privadas sin participación democrática, como sucede habitualmente. En nuestros sistemas de mercado no son los gobiernos los que aplican la censura, son los medios de comunicación.

Los medios atropellan a los otros poderes

Nuestra sociedad está funcionando bajo los parámetros de los medios de comunicación. Al apostar por una democracia representativa, el principal poder es la opinión pública, de ahí que los agentes que operan en la conformación de esa opinión se han convertido en el poder principal de nuestras democracias. Los medios nacieron para llevar a la ciudadanía informaciones sobre acontecimientos, propuestas de los políticos, informaciones sobre las acciones de nuestros gobernantes, opiniones al respecto de la oposición y de los movimientos sociales. Sin embargo, la hipertrofia del modelo mediático ha convertido a los medios en interceptadores de la información más que en transmisores. Como resultado han terminado atropellando y desplazando a los otros tres poderes.

Ejecutivo. El poder ejecutivo se encuentra a merced de los medios para explicar a los ciudadanos sus políticas, posiciones o intenciones. Un presidente o un ministro (que representa a millones de personas) da una rueda de prensa y serán los medios (que no representan a nadie) los que decidan si difunden su mensaje y cómo lo hacen. Un columnista de prensa tendrá más acceso a los ciudadanos a través de su presencia mediática que un ministro.

Legislativo. Los ciudadanos no van a los parlamentos a escuchar los debates, tampoco los siguen en directo por televisión o radio. Son los medios los que transmiten lo que consideran oportuno. Yo mismo he comprobado cómo un partido de la oposición que quiera denunciar algo convoca antes una rueda de prensa que una iniciativa parlamentaria para debatir en el Congreso. Y, a continuación, el gobierno convocará una rueda de prensa para responder a la oposición. De esta forma, la institución en la que se sustenta el poder legislativo, con sus representaciones proporcionales a los resultados electorales, sus procedimientos de debate e intervención, termina desplazada por los micrófonos y las cámaras. Hoy, si un diputado tuviera que elegir entre media hora de intervención en el pleno del parlamento y diez minutos ante la televisión elegiría lo segundo porque sabe que es más eficaz.

Judicial. El poder judicial tampoco se libra del atropello mediático. Todos sabemos que, cada vez con más frecuencia, los jueces deciden aislar a los jurados durante el transcurso de los juicios para que no se vean condicionados por el clima creado por los medios de comunicación. Eso quiere decir que los medios poseen un poder sobre decisiones judiciales. En otros casos, los jueces, como los periódicos, han terminado siendo víctimas de campañas mediáticas indecentes. No hay que buscar los ejemplos en el tercer mundo. En Italia el juez Raimondo Mesiano condenó a la empresa de Berluconi, Fininvest, a indemnizar con 750 millones de euros al ciudadano De Benedetti por el denominado caso Mondadori. La sentencia estableció que la empresa de Berluconi arrebató de forma ilegal la propiedad de una editorial a Carlo De Benedetti. Entonces las televisiones de Berlusconi comienzan una campaña contra el juez, de más de sesenta años, para ridiculizarlo. Las cámaras de la televisión le siguen en secreto cuando pasea por la calle para ver si le descubren en algún hecho poco honorable. Como no ven nada anormal emiten las imágenes de cómo se dirige a la peluquería. Le ridiculizan diciendo que anda despistado, que se comporta de forma extraña andando para delante para detrás, que no deja de fumar, (en realidad solo estaba en la calle esperando su turno en la peluquería) y terminan el reportaje señalando “una extravagancia”: que lleva camisa blanca, pantalón azul, mocasín blanco y calcetín azul turquesa, que “no son los más apropiados en un tribunal”, dice la periodista. La televisión cuyo propietario tiene citas sexuales remuneradas con menores de edad se pronuncia sobre lo inapropiado de llevar calcetines azules. Todas las asociaciones de magistrados denunciaron la miserable campaña mediática.

El papel del Estado

En los tradicionales regímenes dictatoriales, medio de comunicación de propiedad estatal era sinónimo de control por parte del aparato militar y represor. La verdad, la denuncia y la crítica sólo podían venir de medios no estatales que eran perseguidos y reprimidos. El modelo actual de democracia representativa, con todos sus defectos, ha variado esa situación, el Estado deja de ser el ente represor para convertirse, o debería convertirse, en el legítimo delegado de la sociedad civil organizada. En democracia, los legisladores y gobernantes son nuestros representantes; las leyes, las que desea el pueblo, y su justicia, la que aplica la legislación aprobada por los representantes públicos. No hay legítimos legisladores, ni leyes, ni jueces fuera del Estado democrático, aunque sí grupos sociales representativos a tener en cuenta. Por tanto, y volviendo a los medios, es -o debería ser- el Estado el garante de los valores de pluralidad, democracia y participación en los medios de comunicación. En realidad, no se trata de otra cosa diferente de lo que sucede con otros servicios y derechos, como la sanidad o la educación. Estamos convencidos de que sólo un Estado social y de derecho podrá garantizar asistencia médica a quienes no tengan recursos y educación digna a todos los ciudadanos, algo que sabemos no hará nunca la sanidad privada o los colegios privados, planteados con el objetivo de lograr beneficios. De la misma forma, un sistema comunicacional basado en la empresa y el mercado tampoco podrá garantizar el derecho ciudadano a informar y a estar informado. La interpretación torticera del concepto de libertad de expresión, presentada como libertad de prensa, consiste en el privilegio de los medios privados. En realidad lo que reivindican es el derecho a la censura, es decir, a ser ellos quienes eligen lo que se difunde o no.

Es verdad que los intentos de los gobernantes y sus partidos de controlar los medios públicos son un problema que está a la orden del día, pero la alternativa será establecer mecanismos e instituciones que impidan ese control y métodos que garanticen la independencia y profesionalidad de periodistas y directivos. Además, los medios privados, aunque pueda parecer paradójico, pueden ser más serviles con el poder político que los públicos. No olvidemos que gran parte de sus ingresos procede de decisiones gubernamentales: publicidad institucional, medidas fiscales beneficiosas, subvenciones, ayudas a I+D, etc. Y sin embargo, no existen los mecanismos de control que se pueden establecer para los públicos: consejo editorial, representantes de la oposición o comisión parlamentaria, consejos ciudadanos… Esta situación origina un doble discurso de los dueños de los medios privados: denuncian intervencionismo cuando las decisiones democráticas no son de su gusto, pero exigen dinero y ayudas públicas cuando tienen problemas económicos.

No vamos a negar que, a pesar de todo, por ejemplo las televisiones públicas no cuentan con los mecanismos de participación democrática que todos desearíamos, y que el poder de los gobiernos en muchas ocasiones es excesivo. Lo que es indiscutible es que los profesionales de las televisiones privadas nunca podrán denunciar y mostrar en pantalla los intentos de presión por parte de sus propietarios. De modo que la verdadera independencia y pluralidad, la verdadera libertad de prensa, o viene de los medios de comunicación públicos y comunitarios con apoyo del Estado o no vendrá nunca. Por tanto, la conclusión es que debemos reivindicar el papel del Estado en los medios de comunicación, un papel, eso sí, que se fundamente en la participación social y la pluralidad y no en el uso partidista de un gobierno. Del mismo modo que la Administración pública contrata médicos, catedráticos de universidad, jueces y diplomáticos de carrera sin atender a su ideología ni condicionarles políticamente después, así podría suceder con los profesionales de los medios de comunicación públicos. Todo sin olvidar el derecho de la ciudadanía organizada a crear sus propias vías de comunicación, medios comunitarios que realmente sólo podrán ser valiosos y sólidos si el Estado ayuda con recursos para que salgan de la marginalidad.

Debemos reconocer que, en democracia, ha habido muchos malos precedentes de medios públicos que se han destinado al uso exclusivo del grupo político gobernante, ignorando la voz de colectivos ciudadanos, opositores e intelectuales independientes. Pero eso no debe impedirnos que apostemos por el Estado como vía de democratización del panorama comunicativo. No vamos a privatizar los juzgados porque consideremos a sus jueces demasiados parciales a favor del gobierno, no podemos pensar que el mercado nos proveerá de la pluralidad que no da el Estado. La estigmatización de lo público en la que tanto ha insistido la ideología neoliberal ha sido eficaz en numerosas ocasiones, y una de ellas ha sido en la percepción de lo público en lo referente a los medios de comunicación.

Nos encontramos ante un nuevo reto, buscar el método para que los ciudadanos recuperen su derecho a la información mediante un Estado al que debemos exigir que cumpla con su obligación de garantizarlo. A ese Estado los ciudadanos debemos darle poder y el Estado a los ciudadanos, control. Esa es la verdadera libertad de prensa en una democracia.

Pascual Serrano es periodista. Su último libro es "Contra la neutralidad. Tras los pasos de John Reed, Ryzard Kapuścińsky, Edgar Snow, Rodolfo Walsh y Robert Capa" . Editorial Península. Barcelona

Este texto está basado en la intervención en la mesa redonda “Democracia y libertad de prensa” dentro del Seminario “Democratización de los medios”, organizado por la Asociación de Juristas de Río Grande del Sur (Ajuris), Altercom e Intervozes y celebrado en Porto Alegre, Brasil. 3 de noviembre de 2011. Parte de la información y las argumentaciones expuestas proceden de mis libros El periodismo es noticia (Icaria 2010) y Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo (Península, 2009)