La diputada autonómica de EUPV, Marina Albiol, comparecerá en el juzgado el próximo día 13 de noviembre como imputada por un delito de injurias contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. El motivo es la difusión de un pegatinas con el texto “Fabra a prisión”, repartidas por los jóvenes de su organización en unas fiestas patronales el año pasado. Esta diligencia judicial contrasta con los cinco años y nueve jueces que llevan paseando por los tribunales los procesos por un presunto tráfico de influencias y delito fiscal contra Fabra. Este presidente de Diputación, que se ha puesto un sueldo de 92.400 euros anuales y tiene 33 cargos de libre designación, está acusado, sólo en 1999, de un supuesto fraude fiscal de 149.000 euros y posee, con 94 cuentas bancarias conocidas, ingresos de seis millones de euros sin justificar entre 1999 y 2004. Fabra gastó en 2004 el doble en pagar préstamos de lo que se supone que ingresó. Según su declaración de la renta, entre su mujer y él ganaron ese año 185.229. Les cunde tanto el dinero que pudieron amortizar dos créditos por valor de 355.000 euros y les llegó para poder comer. Está también acreditado que ingresó 841.000 euros por asesorar a varias empresas privadas siendo presidente de la Diputación. Además, está acusado de un delito contra la salud pública por maniobrar en el Ministerio de Agricultura, durante el gobierno del PP, para que aprobaran la comercialización de un insecticida de uso agrícola sin haberse descartado su toxicidad para las personas. Pero quien se las verá en el juzgado será la diputada de la organización que difundió unas pegatinas denunciando esto, sería paradójico que haya antes una sentencia contra la diputada que contra el presidente de la Diputación.
Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción estuvo durante dos años, desde que recibió los 500 folios de Izquierda Unida donde relataban los hechos que consideraban constitutivos de delito, sin iniciar ningún proceso contra la trama de construcción en la localidad toledana de Seseña del PAU del promotor Paco El Pocero, quien tenía en marcha 13.508 viviendas sin un plan general urbanístico y a cuatro kilómetros del casco urbano. Un pelotazo que supondrían 800 millones de euros para El Pocero. Izquierda Unida apreció en su investigación aportada a la fiscalía delitos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, falsedad en documento público y delitos contra la hacienda pública. En cambio, el alcalde de la localidad Seseña y sus por entonces cuatro concejales de IU han debido pagar una fianza de 133.000 por una querella del El Pocero por un artículo de prensa donde denunciaban la trama, mientras el constructor ni ha sido llamado a declarar por la Fiscalía pero sí ha recibido del anterior gobierno una medalla al mérito laboral . El propio constructor afirmó también que realizó unos trabajos en una empresa familiar de José Bono que le fueron pagados por “empresas patrocinadoras”. La Fiscalía tampoco ha citado a ningún cargo de la Junta de Comunidades a pesar de que desde el gobierno autonómico permitieron que ninguna de esa viviendas fuese de protección oficial ni de precio tasado como establece la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (LOTAU).
Hasta ahora siempre pensábamos que en España sólo eran condenados los desgraciados sin recursos y nunca los poderosos, pero la realidad parece que todavía es más preocupante, junto a los indigentes se sientan en los banquillos los políticos honestos que denuncian la corrupción. Al final habrá más justicia con los jueces en huelga.
