En el siglo XIX se acuñó la expresión «cuarto poder» para referirse al poder que representaba la prensa. El término nace al abrigo de las democracias liberales, que consideran la difusión de la información como una forma de fiscalizar a los otros tres poderes -ejecutivo, legislativo y judicial- y servir de mediadores entre los ciudadanos y las política. Los medios de comunicación servirían para proteger a los ciudadanos, sus derechos y libertades, frente al Estado. Gracias a la prensa, los individuos se forman y conocen para así ejercer su derechos.
Pero Renaud Lambert se preguntaba hace unos años en Le Monde Diplomatique, ¿qué sucede cuando un gobierno, un partido político o un líder propone y aprueba una medida que afecta a los intereses económicos de los medios de comunicación? Al hilo de esta pregunta surgen otras: ¿se pondrán las empresas al lado de la información objetiva?, ¿valorarán de forma neutral a esos políticos?, ¿le darán la trascendencia real a ese asunto o lo magnificarán? En definitiva, ¿nos podremos fiar de la información que nos ofrezcan?
