Amnistía Internacional ha denunciado que el gobierno Aznar está vendiendo armamento y material de tortura a dictaduras de todo el mundo, ignorando las violaciones de derechos humanos y las recomendaciones de las organizaciones humanitarias y de instituciones como la Unión Europea. La organización ha analizado por tercer año consecutivo la defensa de los derechos humanos en la acción exterior de España en un documento, presentado el pasado mes de junio y denominado "Informe de Política Exterior y Derechos Humanos del Gobierno español 2001".
Amnistía Internacional advierte de una realidad "extremadamente peligrosa" en la política internacional española: "a medida que el peso económico de España en el mundo se expande, la acción del gobierno en el extranjero se centra cada vez más en defender los intereses económicos y comerciales del país, mientras los derechos humanos pasan a ocupar un lugar cada vez más reducido en esta política", afirma la organización.
Este organismo de derechos humanos revela en su informe que, a lo largo de 2000, el presidente Aznar y el Ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, cimentaron unas relaciones privilegiadas con países como China, Colombia, Guinea Ecuatorial, Rusia o Argelia, basadas casi exclusivamente en los intereses económicos de España y donde la defensa de los derechos humanos, gravemente comprometidos en esos estados, ha pasado a un plano insignificante cuando no ha sido directamente obviada. A lo largo de 2000, el Gobierno español ha concedido créditos a estos países por valor superior a 195.000 millones de pesetas.
Ya anteriormente la Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona había denunciado la venta de munición española a países que no respetan los derechos humanos ni cumplen con los requisitos del Código de Conducta sobre transferencias de armamento aprobado por el Consejo de la Unión Europea, como Guinea Ecuatorial y Turquía. España vendió a Guinea a lo largo del año 2000, 11.500 proyectiles por un importe superior a los 180 millones de pesetas. El hecho de que el importe de los productos exportados supere las quince mil pesetas por unidad, evidencia que no se trata de munición común o cartuchería de caza, sino de proyectiles pesados destinados a las fuerzas militares, que son recurrentemente condenadas por su contribución al deterioro de los derechos humanos y de la situación civil en la ex colonia española.
En cuanto a Turquía, el propio Ejecutivo ha reconocido ventas de material bélico por valor de 1.781 millones de pesetas durante el primer semestre del 2000, mientras diversos países de la Unión Europea han decidido congelar algunos contratos para la exportación de material de defensa a Turquía.
Amnistía Internacional ha detectado también el tránsito por España de material bélico con destino a Sierra Leona, país bajo embargo de armas por la ONU, y ha identificado la posibilidad que compañías españolas puedan exportan productos susceptibles de ser utilizados para la tortura a países donde se violan los derechos humanos.
La organización de derechos humanos también denunció en su día que la empresa vasca Larrañaga y Elorza podría haber exportado material de tortura a Ruanda, concretamente grilletes a través de un intermediario británico. «Larrañaga y Elorza tiene representantes en Pakistán, donde se han descubierto escuelas en las que se aplicaban grilletes a niños, en Tailandia o en Yemen», aseguró Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. «La falta de transparencia es tal que las exportaciones de estos grilletes figuran en los registros arancelarios con los candados».
El informe sobre la política exterior española llama también a la responsabilidad de las empresas de nuestro país, cuyo impacto en el exterior es cada vez mayor, para que respeten y fomenten los derechos humanos en los países donde se instalan. Nutridas delegaciones empresariales han acompañado a lo largo de 2000 al presidente y al Ministro de Asuntos Exteriores en sus viajes en el exterior, y sus intereses son asunto preferente en los contactos de las autoridades españolas con sus homólogos de China, Rusia, Argelia, Marruecos o México. Por ello, Amnistía Internacional recomienda al Gobierno español que fomente códigos de conducta para las empresas españolas que operan en el exterior.
En este contexto de privilegio de los intereses económicos en la acción exterior de España, el informe realiza un profundo análisis de la exportación de armas y transferencias militares, de seguridad y policiales, llegando a la conclusión de que la información proporcionada por el gobierno en este capítulo está marcada por el secretismo y carece de premura y exactitud.
"España -subraya el informe en su capítulo reservado a la comparación con otros estados- carece de iniciativa propia y liderazgo en la promoción de los derechos humanos" en el mundo y ha quedado rezagada de sus socios europeos. A juicio de Amnistía Internacional, España pierde en la comparación con países como el Reino Unido o Alemania, que han establecido mecanismos innovadores en el control del impacto de sus multinacionales sobre los derechos humanos, la lucha por la erradicación de la tortura y la pena de muerte o la publicación de informes anuales sobre su política exterior de derechos humanos. "Mientras tanto -señala la organización- el Gobierno español se contenta con mantener una discreta política de mínimos basada en el consenso de la Unión Europea."
El documento destaca algunos puntos positivos en la acción exterior española durante 2000, como la ratificación del Estatuto del Tribunal Penal Internacional en octubre, la firma de los protocolos de las convenciones contra la discriminación de la mujer y sobre los derechos de los "niños soldado" y algunas acciones concretas en relación con los españoles condenados a muerte en Estados Unidos y Yemen y en casos de desaparecidos o torturados en Argelia y Guinea Ecuatorial.
Sin embargo, la organización de derechos humanos, que celebra este año su 40 aniversario, lamenta que estos progresos hayan quedado ensombrecidos por actitudes como la creciente marginación de los derechos humanos en la construcción de su política exterior general o la persistente falta de interés por colaborar con las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Amnistía Internacional concluye preguntándose si tiene que ser incompatible defender los intereses económicos de España y liderar al tiempo la defensa de los derechos humanos en el mundo.
