El escándalo de las torturas a soldados de bajo rango del ejército colombiano a manos de sus superiores se cobró el cargo del general Reynaldo Castellanos. En su lugar, el presidente Uribe nombró al general Mario Montoya Uribe, quien estará al mando de 226 mil hombres del Ejército de Colombia. Sus primeras declaraciones no pudieron ser más cínicas. “Esta es la diferencia entre los terroristas de la guerrillas y el ejército, que nosotros somos respetuosos con los derechos humanos”, es lo que afirmaba el nuevo jefe militar después del escándalo por torturas y lesiones a 21 soldados y la utilización de un hierro para marcar ganado que les provocaron heridas y quemaduras de segundo grado en diferentes partes del cuerpo, incluida la cara. Dos de ellos además sufrieron agresiones sexuales. Todo ello a manos de sus superiores militares “respetuosos con los derechos humanos”.
Según la revista Semana, Mario Montoya Uribe tiene excelentes relaciones con los norteamericanos, los industriales y con el presidente Álvaro Uribe.
Su cercanía a Estados Unidos se deriva de que durante dos años estuvo al frente de los recursos del Plan Colombia, el cual es sostenido por dinero que venía de Washington y que ahora se ha sustituido por el Plan Patriota. Esta estrecha relación quedó en evidencia con la participación de la entonces embajadora norteamericana, Anne Patterson, en su nombramiento como comandante de la Cuarta Brigada en Antioquia.
Su paso por Antioquia coincide sospechosamente con una fuerte expansión paramilitar en esas zonas. Gracias a su trabajo para combatir a la comuna 13 de Medellín cuando estaba bajo control de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pudo pasar esa barriada al control de las autodefensas del Bloque Cacique Nutibara quienes fueron prácticamente la autoridad hasta que se desmovilizaron a finales de 2002 como lo muestra el documental ‘La Sierra’ y lo denunció públicamente el Instituto Popular de Capacitación de Medellín.
Ya en julio del año 2003, un artículo titulado “¿Meras coinciencias” de la revista Semana narraba que en el nororiente antioqueño existen coincidencias entre la arremetida militar de Montoya y una expansión paramilitar del Bloque Metro. Diversas fuentes denunciaron, según dijo la revista, que el grupo paramilitar facilitó el ingreso del Ejército a zonas como Río Verde y Aquitania, donde históricamente se asentaba el ELN. "En Aquitania hubo combates que más bien parecían cubrimientos de retiradas", afirmó un testigo, en referencia a la cooperación entre tropas militares y paras. Finalmente, ambas fuerzas se quedaron en la zona. En el casco urbano de San Francisco, que es la cabecera municipal de esta zona rural, y zona bajo control del nuevo comandante del ejército colombiano, los paramilitares tenían su base en una casa reconocida por todos los habitantes.
Pero quizás el caso más polémico fue el caso de Bojayá en 2002. Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la Diócesis de Quibdó y la Defensoría del Pueblo denunciaron ante la Procuraduría que el Ejército bajo el mando del general Montoya no había prestado atención a las alertas que, días antes, había dado la población de Bojayá sobre una eventual confrontación entre la guerrilla y los paramilitares. Los combates provocaron la muerte de 119 personas que se refugiaban en una Iglesia.
Al conocer las acusaciones, el general Montoya aseguró que no había evidencias sobre los vínculos entre militares y paras, y que su comandancia recibía demasiadas advertencias de posibles masacres “como para responder a todas y cada una”.
La revista Semana revela también una anécdota muy elocuente sobre el recién nombrado comandante militar. Periodistas y fotógrafos que viajaron hasta Bojayá después de la masacre tienen su propia versión de Montoya Uribe. Cuentan, por ejemplo, el episodio del zapato de un supuesto niño muerto en el ataque. “Un periodista de televisión iba a entrevistarlo, pero antes el general le pidió que esperara un momento. De uno de sus bolsillos, sacó un zapato de niño y cuando las cámaras ya estaban encendidas, comenzó a llorar”, dijo uno de los testigos. Ese es el hombre que ahora estará al mando de 226 mil soldados y oficiales.
Un caso similar ocurrió en el segundo semestre de 2002. Después de un enfrentamiento con las Farc en el municipio de Andes, Antioquia, el general Montoya llegó a la zona y cuando vio que todos los periodistas estaban reunidos cerca de las armas incautadas, tomo una de estas y, apuntando al cielo, descargó dos ráfagas enteras.
Pero todavía hay más, Mario Montoya comandaba una División a la que pertenecían las tropas que protagonizaron una masacre de seis personas, cuatro de ellas de la misma familia, el 21 de febrero de 2005. Fue en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, departamento de Antioquia.Las víctimas de aquel crimen fueron Luis Eduardo Guerra Guerra (35 años), Bellanira Areiza Guzman (17 años), Deiner Andres Guerra (11 años), Alfonso Bolivar Tuberquia Graciano (30 años), Sandra Milena Muñoz Pozo (24 años), Santiago Tuberquia Muñoz (2 años) y Natalia Andrea Tuberquia Muñoz (6 años).
También en territorios bajo la jurisdicción de este militar se produjeron graves acciones de los paramilitares de las AUC, comandados por los jefes Mancuso y Jorge 40.
Un año después de la masacre no se tiene resultado alguno de las investigaciones. Por el contrario, según denuncian los familiares y vecinos, la persecución continua, los hostigamientos a la comunidad no cesan, se sigue asesinando a sus lideres. El Gobierno por su parte, guarda silencio y sigue otorgando beneficios a los asesinos.
Tras aquella tragedia Montoya fue nombrado en abril de 2005 Comandante del Comando Conjunto N° 1 Caribe, del cual quedaron dependiendo tanto la I, como la nueva VII División en que quedó incluida Urabá. Ahora es elevado al más alto rango del ejército colombiano.
Toda una trayectoria que confirma, una vez más, que la política del presidente Álvaro Uribe apuesta a poner al frente de las fuerzas militares a los sectores más agresivos y faltos de escrúpulos sin importar su trayectoria de respeto a los derechos humanos.
