El próximo 30 de octubre la Asamblea General de la ONU votará una resolución presentada por Cuba exigiéndole a Estados Unidos que ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero sobre la isla. Un bloqueo cuyo objetivo, según un memorándum de 1960 desclasificado en el año 1991, es “causar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno” cubano. Han pasado 47 años desde que se inició ese bloqueo y a pesar de que la guerra fría terminó y que Cuba no supone ninguna amenaza para Estados Unidos, las legislaciones destinadas a acosar a los cubanos no dejan de recrudecerse, hasta el punto de suponer una constante violación de las leyes internacionales, en especial del artículo II de la Convención de Ginebra para la Prevención del Delito de Genocidio; incluso puede considerarse un acto de guerra económica según lo establecido en la Conferencia Naval de Londres de 1909. Los informes económicos elaborados por Cuba muestran que el daño económico del bloqueo le ha costado al pueblo cubano 89.000 millones de dólares en el casi medio siglo que perdura.
El bloqueo bajo el Gobierno de Bush ha llegado hasta niveles tan paranoicos que incluye acciones penales contra hoteles estadounidenses que alojen ciudadanos cubanos en cualquier país del mundo, o contra ciudadanos estadounidenses que compren o consuman un producto cubano aunque sea en un tercer país. Pero, además, es tan inhumano que entre sus medidas está la de prohibir que se vendan a Cuba, por ejemplo, equipos y materiales sanitarios necesarios para tratar patologías oftalmológicas en ancianos, anestésicos inhalatorios para niños o válvulas cardiacas pediátricas. Son frecuentes las negativas a conceder visados a académicos cubanos para asistir a encuentros internacionales de carácter profesional en Estados Unidos, e incluso a los estadounidenses para encuentros similares en Cuba. Es el caso del cineasta Michael Moore, investigado por viajar en marzo para el rodaje de su último documental, Sicko. El recién creado Grupo de Trabajo para la Aplicación de Sanciones a Cuba ha establecido sanciones de hasta diez años de prisión y multas de hasta un millón de dólares para las empresas y hasta 250.000 a las personas que infrinjan las leyes del bloqueo, es decir, que comercien o viajen a Cuba. Así, el Departamento del Tesoro ha multado a la Alianza de Iglesias Bautistas con 34.000 dólares porque algunos de sus miembros viajaron a la isla el pasado año. Los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido incluso enviar un pequeño paquete postal a la isla.
El férreo control que establece el Departamento del Tesoro norteamericano llega incluso a impedir que Cuba pueda cumplir con sus pagos a las instituciones internacionales de las que forma parte, incluidas a las propias Naciones Unidas.
Con su política de pillaje contra Cuba, la Administración Bush se ha apropiado de las marcas de puros cubanos Cohiba y de ron Havana Club, la Oficina de Marcas y Patentes de los EEUU ha entregado esas firmas a productores estadounidenses. De esta forma, en una absurda situación comercial, lo legal en Estados Unidos es fumar puros Cohiba que no sean cubanos y beber ron Havana Club que tampoco lo sea, y lo ilegal y motivo de sanción es consumir las auténticas marcas originales de Cuba. La obsesión estadounidense ha llevado a comprar empresas españolas de turismo como la compañía de cruceros Pullmantur o el grupo Iberostar, con el objetivo de poder eliminar las relaciones comerciales de esas firmas con Cuba y despedir a los cubanos que trabajan para ellas (230). El final de la propiedad española de Pullmantur ha supuesto que 12.300 turistas no puedan viajar a Cuba y unas pérdidas para la isla de 16.890.000 dólares.
En contra de lo que se pudiera pensar, el bloqueo ha dejado de ser una disposición circunscrita a Estados Unidos y Cuba, para convertirse en una legislación de aplicación internacional en la medida en que toda empresa del mundo, incluidas por supuesto las españolas, es sancionada por la Administración Bush si comercia con Cuba. Cualquiera de nuestras empresas que mantenga relación comercial con Cuba es vetada por Estados Unidos, sus directivos pueden ser procesados en ese país si entre los productos que venden se incluye algún elemento de origen norteamericano y sus fletes no pueden pasar por suelo, aguas o espacio aéreo estadounidense. Hasta tal punto afecta a la comunidad internacional que Estados Unidos ha impedido a Cuba suministrar a Unicef la vacuna para la hepatitis B que permitía inmunizar a niños y niñas de todo el mundo.
El Gobierno cubano ha llevado anualmente a la Asamblea de la ONU su resolución pidiendo el fin del bloqueo desde 1992, donde ha contado con un abrumador apoyo de la comunidad internacional, que ha ido creciendo cada año hasta conseguir en 2006 el voto de 183 países y sólo cuatro en contra. Un resultado que muestra dos cosas. Por un lado la soledad de Estados Unidos en su política contra Cuba, pero también su sordera y desprecio a la institución internacional que más representa a todos los países del planeta.
El próximo 30 de octubre, España junto con el resto de Europa y la práctica totalidad de la comunidad internacional deberá decirle a Estados Unidos que Cuba es un país soberano, que tiene derecho a decidir su futuro y que con su bloqueo muestra una vez más que la Administración Bush es el más vivo ejemplo del desprecio al mundo y atropello a la convivencia entre las naciones. La capacidad de los cubanos de sobrellevar las condiciones impuestas por el bloqueo sin que haya surgido en casi 50 años la supuesta explosión social que en el país del Norte preveían muestra mejor que cualquier convocatoria electoral estadounidense dominada por el dinero y la corrupción que los cubanos desean seguir siendo dueños de su futuro y no renunciar a los logros de su revolución.
