De todos los debates en torno al futuro del periodismo hay uno que creo debería ser fundamental: ¿de dónde procede el dinero para costear el gasto de la información? O dicho de otro modo, ¿quién paga al periodista y, secundariamente, el resto de gastos por la cobertura de las noticias?
Es fácil, desde la izquierda, insistir en que la información es un derecho ciudadano pero de poco sirve si no resolvemos quién paga a los que producen una información elaborada, rigurosa, plural y veraz. Mientras sigue sin resolverse esta cuestión, la casuística es amplia. Desde periodistas que deben dejar la profesión porque no les salen las cuentas para sobrevivir, a medios que pasan el cepillo entre sus lectores para lograr fondos con los que enviar un corresponsal, periodistas empotrados en ONG´s o ejércitos que cubran sus gastos o directamente gobiernos que los van comprando. Aunque gran parte de la sociedad cree que el sistema de “compra” de contenidos de los gobiernos es mediante el control de los medios públicos, la realidad no deja de mostrar lo contrario. Además del panorama del uso de la publicidad institucional como mecanismo de sembrar apoyos y adhesiones entre los medios privados, encontramos el descaro de pagar a medios y periodistas por publicar noticias o textos ideológicamente afines.
