Existen muchos tipos de robos. Están los de los chorizos, que roban desde una cartera a la caja fuerte de un banco. Y también los robos de guante blanco, donde podemos incluir la corrupción. Se habla mucho de los políticos corruptos, aunque se olvida precisar que son los que gobiernan, no todos. La ciudadanía coincide en considerar a los corruptos como ladrones, en pedir castigos penales y en intentar que no sigan en sus cargos (otra cosa es que se consiga). Pero también dentro de los robos de guante blanco, están los que cometen las empresas, delitos que son impunes y que hasta pueden ser legales. De hecho, hasta podría ser yo el ilegal por llamarlos robos.
Hemos conocido recientemente por la prensa un par de estos últimos. Por ejemplo, que los seis grandes bancos españoles cobraron casi 19.300 millones en comisiones en el pasado año (lainformación, 7 de febrero). Si se piensa bien, esas comisiones consisten en cobrar sencillamente por tener tu dinero, o por servicios que se hacen mediante órdenes informáticas automáticas que no suponen coste alguno ni de personal ni de energía. Algunas de esas órdenes hasta las hace el propio cliente por internet, es el propio operario el que paga el gasto del servicio. A la mayoría de los ladrones les cuesta más trabajo robar 19.300 millones que a los bancos conseguirlos. Ya decía Bertolt Brecht que era más delincuente el que creaba un banco que quien lo atracaba.
El otro caso lo protagonizan las eléctricas, profesionales donde las haya en el robo de guante blanco. El mecanismo cuenta con la connivencia de los gobiernos, que para eso los ministros terminan de consejeros de las eléctricas, y es el siguiente. El 20 de marzo de 1985 entró en vigor la Ley 3/1985, de Metrología, la cual establece “el control metrológico por parte del Estado de todos los objetos y elementos de aplicación en metrología, (…) y evitar los fraudes en perjuicio de los consumidores”, especificando también que dicho control metrológico incluye la verificación periódica del equipo de medida de los contadores eléctricos. Para poder hacerlo, unos meses antes, el 20 de diciembre de 1984 el Ministerio de Industria multiplicó por 29 el precio mensual de alquiler de los contadores (de 2,45 pesetas lo pasó a 71 pesetas), con el fin de “cubrir la función económica de permitir a las empresas alquiladoras la adecuada renovación y actualización del parque de contadores”. Esa sería la única y exclusiva finalidad del nuevo precio de alquiler: cubrir los costes de la verificación periódica de los contadores y la retirada de las unidades defectuosas o que agoten su vida útil.
Hasta aquí todo correcto, lo que sucede es que el Gobierno no ha publicado aún en el BOE la normativa sobre verificación periódica de los contadores en nuestro país. No hay por tanto ninguna ley en vigor que obligue a las compañías a verificar el parque de contadores. Es un servicio que no se realiza pero que se cobra en cada factura desde hace más de 30 años. ¿Y cuánto es eso? Pues 11.600 millones de euros (una media de 500 euros por usuario) esa es la cantidad que las compañías eléctricas llevan recaudada a 31 de diciembre de 2015 (Andaluces.es, 21 de febrero).
Conseguir pillar a los políticos corruptos y ladrones para que dejen de robar puede ser difícil, pero es posible; lograr que vayan a la cárcel también es difícil, pero es posible. Y que no vuelvan a ser elegidos está en nuestra mano. Pero conseguir que empresas como las de estos dos ejemplos dejen de robar, vayan a la cárcel o que no podamos elegirlas es absolutamente imposible. En eso consiste el falso sentido de la justicia del capitalismo: en que la existencia de delitos punibles haga pasar desapercibidos algunos impunes.
Pascual Serrano es periodista. Su último libro es La prensa ha muerto: ¡viva la prensa! (Península)
