Con motivo del último debate sobre el estado de la nación, se ha destacado que este acontecimiento, y en general el Congreso, está perdiendo interés para los ciudadanos a favor de los programas televisivos en los que se habla de política, los cuales ocupan el prime time de los sábados y calientan los mediodías. Como recordaba un diario, “el lugar donde se deciden las políticas atrae menos la atención que las mesas o sillones en los que dirigentes y candidatos explican sus planes o se pelean con un adversario político o un periodista” (Eldiario.es, 23-2-2015).
Se trata de una situación de larga data. Hace unos ocho años ya comprobé en la prensa regional cómo un grupo político en la oposición de un parlamento provincial convocó una rueda de prensa para hacer una determinada denuncia y a los pocos minutos el vicepresidente de esta institución convoca otra para responder a las acusaciones. Sin duda se trata de una situación que nos resulta ya a todos muy familiar. Es decir, la exposición de posiciones y el correspondiente debate fue desplazado de su foro legítimo, el Pleno de la Diputación provincial o la Comisión correspondiente, para irse detrás de las grabadoras y micrófonos de los medios de comunicación. De un plumazo desaparece el procedimiento democrático de debate y legislación para ser ocupado por el show. Ni contraste de pareceres, ni regulación por parte de presidente alguno, ni actas, ni ningún otro elemento que, mediante una larga trayectoria legislativa, ha ido conformando el funcionamiento de una institución.
Desde el punto de vista democrático, también el fenómeno supone una degradación. En las instituciones los tiempos y el valor de cada posición está regulado en función del apoyo ciudadano. Más votos supone más tiempo de intervención y mayor número de representantes. En los medios depende del criterio arbitrario de la empresa de comunicación que decide a quién invita, qué tiempo dispone, a qué periodista debe responderle y con qué otros contertulios debe contrastar sus posiciones. De esta forma, el medio tiene el poder de presentar triunfante o derrotado a un político en función de las condiciones del debate que le preparen.
Para los ciudadanos, abandonar la arena institucional para irse al formato mediático supone todo un fraude, porque en los parlamentos, senados o ayuntamientos es donde se deciden las políticas y donde podemos comprobar la coherencia de los representantes mediante su voto. Sin embargo, ante las cámaras y micrófonos se puede decir o prometer cualquier cosa, puesto que lo válido es lo que después se apoya en las instituciones.
Por último, los medios terminan condicionando a los propios partidos para que apuesten por representantes de buena imagen o, lo que es peor, por los aspirantes que previamente los medios han encumbrado. Basta observar que los candidatos que hoy ocupan la actualidad o son guapos o previamente fueron contertulios de televisión, o ambas cosas: Pablo Iglesias, Antonio Miguel Carmona, Albert Rivera, Pedro Sánchez, Alberto Garzón.
La sociedad del espectáculo que nos anunciaba Guy Debord, en la medida en que incluye todas las relaciones sociales, también se ha apropiado de la política. En democracia los ciudadanos somos dueños de las decisiones, pero no del espectáculo, éste lo manejan otros. Ese es el problema.
Pascual Serrano es periodista. Su último libro es La prensa ha muerto: ¡viva la prensa!
