El pasado 14 de junio, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Comunicación, una legislación que, según establecía la Constitución de 2008, debía haber entrado en vigor hace ya mucho. Ese imperativo era uno de los elementos que el presidente de ese país, Rafael Correa, debía recordar en cada entrevista que le hacían en España y en la que, con seguridad, era preguntado por este proyecto de ley sugiriendo el periodista que se trataba de un intento de Correa por intervenir en la libertad de expresión.
Si en toda América Latina la comunicación ha sido objeto de un acalorado debate, en Ecuador se ha visto acentuado por el largo periodo de discusión en torno a la preparación de esta nueva ley. No olvidemos que la legislación ecuatoriana fue la primera que estableció la incompatibilidad del sector bancario con la propiedad de medios de comunicación. Consultada la población en un referéndum en mayo de 2011, una mayoría de los ecuatorianos expresó su posición a favor de que "las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas privadas de comunicación de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, no podrán ser titulares, directa ni indirectamente, de acciones y participaciones, en empresas ajenas a la actividad financiera o comunicacional, según el caso". Es decir, era incompatible ser directivo o accionista importante en una entidad financiera y ser directivo o accionista importante en un medio de comunicación. Las nuevas decisiones del gobierno de Ecuador, dando refugio a Julian Assange y a Edward Snowden, todavía le convierten en mayor protagonista de las políticas de comunicación.
