En tiempos de convulsiones bancarias, fusiones, rescates y capitalizaciones, un fenómeno bancario con medio siglo de existencia se mantiene saneado, participativo y decente, que no es poco. Se trata de un pequeño grupo de cajas rurales locales. Apenas una veintena en toda la geografía española, algunas de ellas con una sola sucursal y con un ámbito de actuación que no supera una localidad de menos de diez mil habitantes. Su modelo de gestión es de cooperativas donde cada socio tiene un voto independiente de su número de participaciones en el capital social, su ratio de solvencia supera con creces la del resto de bancos privados, sus dirigentes no cobran y son elegidos en asambleas y no se les conocen comportamientos como las ejecuciones de hipotecas de viviendas ante el impago.
El presidente y el resto de directivos de las entidades financieras más saneadas en España no cobran ni en euro de sueldo, ni stock options, ni tendrán una pensión millonaria cuando se jubilen. Apenas veinte euros por cada reunión del consejo rector y en algunos casos ni eso. Hablamos de las Cajas Rurales Locales. Para comprender lo que son este tipo de entidades, debemos conocer que las entidades financieras en España se dividen, básicamente, en tres tipos: bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito. Todas ellas están amparadas por el denominado Fondo de Garantía de Depósitos, es decir, la garantía de que el Estado garantiza en caso de quiebra hasta un saldo de cien mil euros de los ahorradores, que no inversores. La crisis financiera ha provocado que la gran mayoría de las tradicionales cajas de ahorro, que nacieron promovidas por las administraciones públicas, se hayan convertido en bancos, previo hacer caja con las denominadas preferentes entre cándidos inversores. Los bancos resultantes pueden ser de capital privado e incluso comprados por otros bancos (La Caixa se ha convertido en Caixabank, Banca Cívica formada originalmente por Caja Canarias, Caja Burgos, Caja Sol y Caja Navarra, que finalmente se ha integrado en Caixabank; Caja de Ahorros del Mediterráneo comprada por Banco de Sabadell, Caja Castilla-la Mancha convertida en Banco de Castilla-la Mancha y posteriormente en Liberbank junto a Cajastur, Caja de Extramedaura y Caja Cantabria) y otros han sido nacionalizados para evitar su bancarrota (Bankia, el banco resultante de la fusión de siete cajas de ahorro, entre las que destacaban Cajamadrid y Bancaja). Apenas quedan dos cajas de ahorro en su forma original: la Caja de Ahorros de Pollensa y la Caja de Ahorros de Onteniente.
Y llegamos a las cooperativas de crédito, las cuales pueden ser cajas laborales o las cajas rurales que ahora estamos conociendo. Hasta hace poco su número superaba las 70 entidades pero ahora apenas serán una veintena las cajas rurales independientes que se mantienen al margen de fusiones e integraciones. Con la crisis financiera también iniciaron un proceso de concentración mediante dos tipos de fórmulas: la fusión y el SIP (Sistema Institucional de Protección). Mediante la primera opción la entidad pequeña se integra en la grande y desaparece. Destaca el caso del Grupo Cooperativo Cajamar que ha integrado más de la mitad del sector en volumen de negocio, creando la nueva entidad Cajas Rurales Unidas. La segunda fórmula, el SIP, está impulsada y tutelada por el Banco de España, se mutualizan los beneficios (o las pérdidas) y los órganos de control se centralizan por lo que pierden mucha autonomía aunque la marca de cada una de las Cajas Rurales se mantiene. La unión es irreversible durante diez años.
Entre las cajas rurales que se han mantenido ajenas a estos procesos y siguen respondiendo a sus principios originales de prestar servicio de crédito a una comunidad rural mediante una cooperativa, se encuentran las de Casas Ibáñez, Villamalea y Mota del Cuervo. Todas ellas en pequeñas localidades de Castilla-La Mancha (las dos primeras en Albacete y la tercera en Cuenca), con larga tradición de cooperativismo.
Nacieron ligadas a las cooperativas del campo, algo que se desarrolló a partir de los años cincuenta. Primero se creaba una cooperativa del campo para comercializar la producción y después ponían en marcha una sección de crédito que tenía como función conseguir fondos con la garantía de la cosecha. Pasado el tiempo se emanciparon de la cooperativa del campo y se convierten en cooperativas de crédito independientes. Al ser entidades muy pequeñas, de una sola oficina, todos los socios participan directamente en la gestión mediante asambleas. En el caso de la Caja Rural de Casas Ibáñez cuenta con uno 1.200 socios, de una población de 4.800 habitantes, lo que supone que el 80% de las familias tiene alguna relación con la entidad. Para ser socio basta con tener una participación del valor social por valor de sesenta euros, que es el caso más habitual. Todos tienen un solo voto independiente del número de participaciones y, por tanto, el mismo poder de decisión en las asambleas, lo que impide concentrar el poder en los grandes inversores. Esa es otra ventaja de las cajas rurales pequeñas, a diferencia de otras mayores que toman las decisiones mediante compromisarios delegados por los socios, en las que son de pequeño tamaño son directamente los socios los que deciden en asambleas. Entre asambleas, las decisiones las toma el consejo rector, elegido por la asamblea y que se renueva por mitades cada dos años. En el caso de la Caja Rural de Casas Ibáñez lo integran nueve personas y la de Villamalea, once. Estos miembros o no perciben remuneración o una pequeña cantidad por reunión, veinte euros en el caso de Casas Ibáñez. Este consejo, que se reúne una vez al mes, tiene como función aprobar los préstamos, decidir dónde invierte la caja, la política de personal o el destino de los fondos de la obra social. No olvidemos que, por ley, deben destinar una parte de los beneficios a la sociedad de su entorno. El consejo elige también al gerente, un profesional técnico contratado para la marcha diaria.
Teódulo Jimeńez, que hoy tiene 84 años, es uno de los fundadores de la cooperativa vitivinícola primero, en 1953, y de la Caja Rural de Villamalea, en los setenta: “En aquellos años había muchos emigrantes en Francia, Holanda y Alemania y el dinero que enviaban lo retenían los bancos y tardaba más de dos meses. Entonces el presidente de la cooperativa se fue durante dos semanas a esos países a hablar con los emigrantes mientras el resto atendíamos sus campos, y recogió de ellos el dinero para fundar la Caja Rural. Desde entonces el dinero llegaba puntualmente a las familias, comenzamos a prestar dinero y el desarrollo del pueblo se disparó. Dimos hasta dos millones de pesetas de entonces sin firmar, dándonos la mano, y nadie falló. La Caja Rural ha cambiado la vida de este pueblo, tenemos unas sesenta cooperativas funcionando gracias a ella”.
Gregorio López Sanz es profesor de Política Económica de la Universidad de Castilla-La Mancha y socio de la Caja Rural de Casas Ibáñez, donde fue alcalde varios años. En su opinión, “una de las razones del buen funcionamiento de estas pequeñas cajas rurales es que se mantienen en su sector natural de implantación, en el que nacieron y se desarrollaron, pequeñas poblaciones dedicadas a la agricultura y la ganadería. No se meten en aventuras que tantos problemas han generado a la banca. Estas cajas fueron el balón de oxígeno para que muchos vecinos pudieran comprarse un tractor par trabajar la tierra o un préstamo para poder casarse. El porcentaje de familias que tiene una cuenta o es socio de la caja rural puede ser perfectamente del 80%”.
“Además -añade Gregorio López-, la morosidad de estas cajas es más baja que en el resto de entidades financieras porque se han concedido los créditos con más prudencia, siempre conocen a los solicitantes. Se suele decir que paga mejor el pobre honrado que el rico sinvergüenza. Y, por supuesto, hay más humanidad en los directivos, las ejecuciones hipotecarias son excepcionales y nunca para dejar a una familia en la calle. Ante situaciones de dificultad para afrontar el pago, el consejo rector estudia una solución no traumática con el deudor. Cuando falla un préstamo el banco lo califica como ‘crédito moroso’ e informa al Banco de España, el cual establece que la entidad debe provisionar fondos, es decir, retirar antes del reparte de beneficios una cantidad de dinero equivalente al crédito moroso para afrontar el posible impago”.
Antonio Téllez es desde 1989 el presidente de la Caja Rural de Villamalea, creada hace más de cincuenta años a partir de la cooperativa agrícola. Tiene 65 años, ha sido agricultor, albañil y barbero, estuvo de emigrante en Holanda y a su vuelta tomó las riendas de la Caja. Es un cargo directivo bancario muy peculiar, aunque tiene teléfono móvil, siempre se lo deja en casa. Como todos los miembros del consejo rector, Téllez no cobra nada, ni siquiera tienen asignadas dietas por las reuniones. “Nuestras dietas son el café que nos tomamos en las reuniones, algo menos que los 88,1 millones de euros de pensión del exconsejero delegado del Banco del Santander Alfredo Sáenz”, afirma. La entidad tiene un capital social de siete millones de euros debido a que nunca han repartido dividendos entre los socios. Explica que los créditos son de todo tipo, “como cualquier banco, para consumo, para comprar una vivienda, para un negocio…”. En algunos casos, como las cooperativas de champiñón pueden ser de hasta 800.000 euros. “La concesión la decide el consejo rector, solemos aprobar casi todos los préstamos porque en el pueblo, con poco más de cuatro mil habitantes, nos conocemos todos”. “En caso de impago -afirma- antes de ejecutar un embargo solemos renegociarlo. En toda la historia de la Caja se habrán ejecutado dos o tres préstamos a pequeños negocios por deudas que tenían con Hacienda, nunca una vivienda”.
Estas tres cajas rurales se han encontrado con una situación curiosa como resultado de la privatización de la Caja Castilla-La Mancha, hoy Banco de Castilla-La Mancha, y su nueva política de aumento de comisiones a los clientes. Lo explica Gregorio López: “Muchos ciudadanos se han visto expulsados de los bancos y cajas tradicionales por cierres de oficinas y aumento de los gastos. Igualmente, las antiguas cajas de ahorro, reconvertidas en bancos, han entrado en una dinámica de estafa a sus clientes (participaciones preferentes, obligaciones subordinadas…). Como consecuencia, gran parte de los clientes han decidido colocar sus depósitos o sus ahorros en pequeñas entidades financieras que les merecen más confianza. De modo que le está sucediendo al resto que a la banca tradicional, les están entrando muchos depósitos y la demanda de créditos es pequeña por parte de la pequeña empresa y vecinos de la localidad. Entonces estas cajas rurales están invirtiendo en deuda pública, es decir, mientras la gran banca va a pedir dinero al Banco Central Europeo al 0’5% para luego prestar al Estado al 5%, estas pequeñas cajas están financiando, en sus limitadas posibilidades, al Estado a través del excedente de depósitos que tienen”.
“Es importante saber -señala Gregorio López- que mientras la ratio de solvencia exigida a las entidades financieras es del 8%, estas cajas rurales se mueven en torno al 25%. Esta ratio es el cociente entre el capital más las reservas entre los activos ponderados por su riesgo (créditos concedidos), de modo que a menos capital disponible y más créditos concedidos con más riesgo de impago menor ratio. Las entidades tradicionales intentan mejorar la ratio cerrando el grifo del crédito porque no disponen de capital suficiente, nuestras cajas rurales, van sobradas de capital y de solvencia, por ello pueden estar dando créditos y asistencia a las familias de la localidad, las pymes, los agricultores y las administraciones públicas pequeñas”. Precisamente este crédito es el que los analistas económicos están denunciando que no llega por culpa del sistema financiero. Para hacernos una idea de las cifras que manejan y su saneamiento, Gregorio López nos proporciona los números de la Caja Rural de Casas Ibáñez, con una sola oficina y seis trabajadores. Contabiliza 33,4 millones de euros de depósitos de sus clientes, cuenta con 7 millones de euros de fondos propios, tiene 16 millones de euros depositados en otras entidades y mantiene otros 4,2 procedentes de otras entidades. Ha prestado 20 millones en créditos a sus clientes y 7,5 y ha invertido 7’5 millones en deuda pública. Nunca ha tenido que pedir dinero prestado al Banco de España ni al Banco Central Europeo. “Evidentemente -señala López- también una caja rural puede tener problemas financieros si presta mucho dinero a un sector concreto que después pueda entrar en crisis, es decir, si asume riesgos elevados derivados de la concentración de su negocio, como fue el caso de la burbuja inmobiliaria”.
Los propios alcaldes dan testimonio del apoyo de las cajas a las administraciones locales. José Vicente Mota de La Fuente fue alcalde de Mota del Cuervo y lo explica así: “la experiencia con la Caja Rural de nuestra localidad fue muy positiva. Había un trato muy cercano y cordial. La Caja participó en varios proyectos durante la legislatura, recuerdo la colaboración en el plan local de arreglo de caminos rurales, a través del cual se realizaron fuertes inversiones en el arreglo de caminos y la adquisición y compra de nueva maquinaria. También la firma de un convenio tripartito (caja-ayuntamiento-asociación musical), mediante el que se posibilitó la construcción y puesta en funcionamiento de un nuevo local de ensayos para la Asociación Musical Moteña (el Ayuntamiento cedió el terreno y la Caja financió la construcción). Al margen de estos proyectos, hay que destacar las facilidades de acceso al crédito con la que nos trataba la Caja, y especialmente cuando los efectos de la crisis (2009-2010) se empezaban a notar en las arcas municipales por la disminución de ingresos y la pérdida de liquidez ocasionada por la falta de pago de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. Mientras que las entidades financieras ya habían cerrado el grifo del crédito, la Caja nos lo seguía facilitando con lo que pudimos garantizar los pagos de nóminas a los empleados públicos y seguir atendiendo a nuestros proveedores. Esta buena disposición de la entidad hizo posible que, pese a acumularse cantidades pendientes de pago de la Junta de comunidades por importes que superaban más del 30% del presupuesto municipal, el Ayuntamiento pudo seguir funcionando atendiendo sus pagos”.
La saneada situación de estas entidades les convirtió en objeto de deseo por parte de las grandes cajas rurales que les insistieron para fusionarse o unirse mediante una SIP (Sistema Institucional de Protección). Aquello generó un gran debate entre los cooperativistas. Gregorio López defendió la independencia y participó en la denominada Plataforma por la Defensa de las Cajas Rurales Locales de Mota del Cuervo, Villamalea y Casas Ibáñez: “Unirnos a las cajas rurales más grandes nos hubiera supuesto la pérdida total de nuestra autonomía, a ellas les interesaba porque su solvencia era menor y la integración con las nuestras mejoraba su ratio, pero nuestra representación en los órganos de dirección hubiera sido mínima y la capacidad de tomar decisiones ajustadas a nuestra localidad desparecía. La experiencia nos dice que tras los procesos de integración de entidades financieras que han tenido lugar en los últimos tiempos, los principales beneficiarios han sido los altos ejecutivos que han visto multiplicado su sueldo, mientras que trabajadores y clientes han visto empeorar su situación con precariedad, despidos y comisiones. Aunque los consejos rectores estaban por la labor de la integración con Caja Rural de Castilla-La Mancha, al final en las votaciones de las asambleas en ninguna de las tres lograron ni los dos tercios de los votos necesarios, ni siquiera la mitad, por lo que, gracias a los socios nuestras localidades seguirán contando con su propia Caja Rural”.
Dos preguntas nos surgen de forma inevitable que transmitimos a Gregorio López. ¿Por qué no se crean más nuevas Cajas Rurales? ¿podrían ser una solución, al menos en pequeñas zonas rurales para afrontar el problema de la ausencia de crédito bancario para el consumo, las pymes y las administraciones locales? “Debería ser posible si se ajustan a la normativa vigente y son autorizadas por el Banco de España. Supongo que debe ser complicado. El capital social necesario por ley se establece según el número de habitantes. Según el Reglamento de Cooperativas de Crédito de 19931, para operar en localidades de menos de cien mil habitantes de derecho el capital necesario es de 900.000 euros. En cuanto a si pueden ser una alternativa a la ausencia de crédito de la banca tradicional, seguro que las condiciones que podrían ofrecer las cajas rurales serían más favorables. En un pueblo la gente se conoce y se sabe la honestidad de un vecino que pide un crédito. Solicitudes que nunca serían aceptadas por los parámetros de la banca tradicional, son contempladas por las cajas rurales y rara vez se equivocan. La realidad es que las cooperativas de crédito hoy son algo residual porque no ha habido ninguna intención en informar y animar a la sociedad sobre su valor y eficacia. Por eso apenas representan un 5% sobre el total del sector financiero. Por otro lado, las administraciones no se molestan en desarrollarlas porque tienen muchos favores que dar a los grandes bancos. Pero pienso que, al igual que se están desarrollando cooperativas integrales del tipo de grupos de consumo o de bancos de tiempo para compartir servicios, podrían reactivarse las cajas rurales o cooperativas de crédito”.
Pascual Serrano es periodista. Su último libro es “La comunicación jibarizada” (Península)
1http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/NoticiasDoc/legislacion/ReglamentoCoopCredito.htm
