Victoria llegó a España en abril de 2011. Es nigeriana y existían fuertes indicios de que era menor de edad. Estaba retenida en un puesto fronterizo de un aeropuerto español, donde se le denegó su solicitud de asilo por dos veces tras ocho días. Una asociación que supo del caso denunció la orden de expulsión que pesaba sobre ella, ya que daba claras muestras de que había llegado hasta allí para ser explotada en una red de prostitución en España, aunque le costaba expresarlo por miedo y dificultades con el idioma. Finalmente, la Audiencia Nacional paralizó la expulsión y tras quince días retenida, se le practicó la primera entrevista enfocada a esclarecer si podía ser una víctima de trata. “La policía no está contenta porque me pregunta muchas veces y yo no sé contestar…, eso me hace sentirme muy mal…, no sé qué me va a pasar”, declaraba. Victoria, que estuvo a punto de ser expulsada de España, y con ello abandonada a merced de sus captores en Nigeria, al final consiguió su reconocimiento como víctima y la protección que requería el caso. Tuvo suerte. Otras miles de víctimas son expulsadas, o explotadas durante meses o años, sin que se las identifique a tiempo.
España es un país que juega un papel importante en el negocio de la trata de personas, la ‘esclavitud del siglo XXI’, en el mundo. Como receptor y lugar de tránsito hacia otros países de su entorno.
No hay datos oficiales ni estadísticas que ayuden a dimensionar el problema, no en vano, la trata es un negocio ilegal y, por tanto, su realidad queda sumergida. Pero sí hay informes que dicen que en España podrían entrar cada año cerca de 50.000 personas para su explotación sexual, según señalan desde la Red Española Contra la Trata de Personas. A estas cifras habría que sumar a aquellas víctimas de explotación laboral y de otros tipos, dentro de redes organizadas que son sometidas bajo amenazas y coacciones. Podrían ser miles, aunque de nuevo, no hay estadísticas fiables, los que son obligados a mendigar por las calles de España, o a devolver deudas imposibles con trabajos de sol a sol en explotaciones agrícolas, o en talleres de textil ilegales.
El gran problema en la lucha contra la trata de personas es la dificultad en la identificación de las víctimas y con ello, la puesta en marcha de un protocolo de protección que impida su expulsión, ya que la mayoría de ellos son inmigrantes ilegales.
