Durante una semana de enero una orgía de informaciones de negociaciones y anuncios de paz para Colombia inundaron los medios de comunicación. La guerrilla de las FARC, en guerra contra el gobierno colombiano desde hace 35 años, iniciaba conversaciones con el presidente Andrés Pastrana. La paz, como una mancha de aceite, se extendía por América Latina tras haber terminado de cubrir la convulsa Centroamérica. A nadie parecía importarle los apellidos de esa paz: reparto de tierra, condiciones de reinserción, garantías para los desmovilizados, causas que originaron los conflictos. La teoría de que las guerrillas no tenían razón de ser en un mundo que había superado la guerra fría se había impuesto en el cinturón de América. ¿Iba acaso a ser diferente Colombia?.
Para empezar, las FARC habían conseguido algo inédito. Todas las condiciones impuestas para iniciar el diálogo fueron cumplidas por el gobierno: despeje del ejército de un área de 42.139 kilómetros y ni una palabra de tregua. Las FARC tenían ya experiencia en inicios de conversaciones y firmas de acuerdos incumplidos, en 1984 tras los Acuerdos de La Uribe y un Acuerdo de Alto el Fuego, el Ejército les asesinó a 25 guerrilleros en Urabá. Manuel Marulanda, el máximo líder de las FARC, recordó en su discurso en San Vicente de Caguán las traiciones sufridas y su desconfianza en el presidente Pastrana: "a sólo tres meses de posesionado, [el presidente colombiano] ha creado dos nuevos Batallones de contraguerrilla móviles: uno asesorado y financiado por los Estados Unidos, para ubicarlo en Barranco Colorado (Guaviare) y mantener un anillo alrededor del Secretariado, con el sambenito de combatir el narcotráfico. A esto se le agrega la reciente creación de la unidad de inteligencia militar, dotada con sofisticados medios técnicos; más los cinco millones de dólares para reestructurar, para la guerra, la Base Aérea de Tres Esquinas del Orteguaza, en el Caquetá. Los desprevenidos ciudadanos se preguntan, ¿será que con más Batallones se eliminarán las causas objetivas del conflicto interno?"
Las FARC inician las conversaciones en plena expansión político-militar, cuentan con 14.000 hombres armados, controlan el 40 % del territorio y, por si fuera poco, tienen en su poder a 325 soldados y policías. Ellos no realizan emboscadas, asaltan cuarteles; no llevan a cabo fugas de las cárceles, las toman y liberan a todos los presos. Por otro lado, el gobierno y el ejército han perdido la batalla informativa en la que pretendían convencer al mundo de que la guerrilla colombiana no eran más que traficantes. Las FARC tienen representantes en Europa, cuentan con delegación estable en México, participan en los foros internacionales de izquierda como el Foro de Sao Paulo y elaboran publicaciones periódicas y documentos y análisis sobre la situación de Colombia y sus propuestas. ¿Alguien puede creer que un cártel de narcotraficantes de cocaína puede dedicarse a todo eso? El término narcoguerrilla, utilizado hasta la saciedad por el gobierno anterior de Samper y el Ejército ya está definitivamente en desuso. El proceso judicial por la financiación de la campaña electoral del anterior presidente mediante fondos del cártel de Cali lo sustituyó en la opinión pública internacional por el de narcodemocracia.
Con este panorama, Pastrana no estaba para poner condiciones a las FARC, al contrario, más bien para aceptarlas. Además, el presidente sabe que le debe su cargo a la guerrilla, días antes de la segunda vuelta electoral entre el favorito candidato liberal Horacio Serpa y el conservador Andrés Pastrana, las FARC emitieron un comunicado diciendo que Serpa no les daba garantías para unas negociaciones de paz. Las encuestas dieron entonces un vuelco electoral a favor de Pastrana y éste acabó ganando las elecciones.
Sobre el balance de los dos encuentros celebrados los días 9 y 11 de enero entre el gobierno y las FARC, poco que contar, apenas unas propuestas de agenda y el acuerdo de nuevos encuentros para los días 24 y 25 de enero. Encuentros que fueron suspendidos por la guerrilla ante la escalada de violencia de los paramilitares y su acusación de que el gobierno no estaba actuando contra estos grupos. Los paramilitares exigen su presencia en la mesa de negociaciones, pero las FARC no quiere ni oír hablar de que quienes han asesinado a más de 150 campesinos en la semana del diálogo se sienten en la mesa. Su teoría es evidente, si los paramilitares no son otra cosa que el Ejército disfrazado y si el presidente habla en nombre del gobierno y del Ejército, ya tienen en frente al responsable del cese del paramilitarismo. Y es que la relación entre paramilitares y Ejército es algo que ya no se discute en Colombia. Los paramilitares llegan en helicópteros y lanchas de las Fuerzas Armadas, sus heridos son evacuados por las mismas fuerzas, no se conoce un sólo enfrentamiento entre Ejército y paramilitares y todo ello ya es reconocido por Estados Unidos, diputados británicos que han asistido como inspectores y, por supuesto, la comisaria de Derechos Humanos de la ONU y las organizaciones humanitarias. Para dejar más clara esta relación, a primeros de febrero las FARC hacen público un excepcional documento en el que precisan con nombres y apellidos todos los oficiales que operan en grupos paramilitares, las empresas nacionales y multinacionales que les apoyan y financian, las haciendas donde están instalados los campos de entrenamiento y las frecuencias de radio por las que se comunican, algunas compartidas por el Ejército (1). Otra batalla informativa perdida por el gobierno colombiano. Para las FARC, el desmonte del paramilitarismo no es un punto de la negociación, es una condición previa y no aceptarán la respuesta de Pastrana de que no está en sus manos desarticular a estos grupos. Si no es capaz de controlar a su Ejército no debe sentarse en la mesa de diálogo.
A pesar de los palos en la rueda de la negociación que suponen las criminales masacres de los paramilitares dirigidas no contra las tropas de la guerrilla sino contra los campesinos y los líderes de las organizaciones de derechos humanos, las FARC han aceptado reiniciar los contactos el 20 de abril. Para entonces Pastrana ha de demostrar, no sólo a las FARC, sino al mundo entero que está dispuesto a actuar contra el paramilitarimo. Por su parte, el gobierno amplió el 5 de febrero por otros tres meses el repliegue militar de la extensa área donde se desarrollan los encuentros. En cualquier caso la posibilidad de un cese del fuego no parece próxima a juzgar por los reiterados pronunciamientos de las FARC en el sentido de considerar esta propuesta del Gobierno cuando se haya llegado a acuerdos concretos sobre al menos el 80 por ciento de los temas propuestos en su plataforma de los 10 puntos. Las partes intentarán aproximarse, en primer término, al tema del Derecho Internacional Humanitario y al establecimiento de los temas estrictamente mecánicos y de procedimiento antes que a los de fondo, algo parecido a como se desarrollaron los primeros encuentros entre el gobierno mexicano y los zapatistas en San Andrés. Si bien es verdad que allí no se cumplieron por parte del gobierno mexicano, en Colombia existe un mayor "argumento" para que el gobierno se lo tome en serio: la guerrilla sí va a seguir disparando, tiene 14.000 hombres armados, controla casi la mitad del territorio colombiano y posee sus fuentes de financiación.
