El ex presidente del Palau de la Música de Barcelona, Fèlix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, están procesados acusados de tráfico de influencias y apropiación indebida. El juzgado cuantifica el saqueo del Palau en más de 35,6 millones de euros. Según la fiscalía, estos dos acusados consiguieron la recalificación urbanística de tres fincas de la calle de Sant Pere més Baix afectadas por la construcción del hotel con el beneplácito del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, a la que causaron un perjuicio patrimonial de 5,6 millones de euros. Posteriormente, solicitaron presupuestos a varias empresas y asignaron finalmente la construcción a Olivia Hoteles a cambio de una comisión de 900.000 euros que debería haberse ingresado en las cuentas de la Fundación Orfeó Català, pero que fue a parar a los bolsillos de Millet y Montull, según el fiscal. De ahí el delito de tráfico de influencias. Pues bien, pasaron tan solo 13 días en prisión provisional y salieron sin fianza el 30 de junio. Y eso que Millet ya tenía antecedentes penales por corrupción en la década de los ochenta.
Mientras tanto, tenemos el caso del ciudadano kurdo Hokman Joma, de 27 años, que arrojó un zapato al primer ministro, Recip Tayip, durante su visita en Madrid el pasado febrero. Desde ese momento se encuentra encarcelado y su sentencia es de tres años de prisión y a una multa de cuatro meses y 16 días, con una cuota diaria de tres euros.
Creo que son dos ejemplos que sirven para comprender cómo “funciona” la justicia en España.
