Entre todos los cambios y luchas sociales que se están desarrollando en América Latina hay uno que en Europa, en el mejor de los casos, se está ignorando y en otros casos se sataniza directamente. Nos referimos a la lucha por la democratización de la comunicación. Esa democratización pasa por la creación de un marco legal que permita que la libertad de expresión no sea patrimonio de unos pocos, que ponga coto a la manipulación y la mentira como mecanismo de acción política desde los medios de comunicación y que desarrolle medios y políticas públicas que garanticen el pluralismo y la diversidad. Todo ello es lo que, desde grandes medios y sectores empresariales y neoliberales, es presentado en Europa como ataques a la libertad de expresión, leyes mordaza, persecución de la prensa y políticas de propaganda gubernamental. Llevamos mucho tiempo delegando la información en los grandes medios y sus correspondientes empresas y hemos olvidado que democratizar la comunicación, es decir, devolverla a la ciudadanía, es una cuestión de justicia social enmarcada en el derecho humano a la información y a la comunicación. No puede existir democracia si no se garantiza una ciudadanía debidamente informada y con la posibilidad de expresarse en los medios. El sistema imperante en el modelo económico neoliberal, es decir, el mercado, no garantiza ninguno de los dos casos: el derecho ciudadano a informar y el de estar informado. No lo puede garantizar porque en el mercado no hay derechos, solo consumidores con mayor o menor poder según su capacidad adquisitiva y empresas que ofrecen productos y servicios destinados a generar beneficios económicos.
La confrontación que se está produciendo en América Latina es entre un poder mediático que se escuda en el discurso de la libertad de expresión para defender su libertad de prensa, que a su vez es su oligopolio de prensa, y una ciudadanía que presiona a sus gobiernos para reivindique, defienda y garantice el derecho de todos a la comunicación. Los grupos económicos que manejan en situación de oligopolio los medios de comunicación han llegado a calificar de ataque a la libertad de expresión medidas gubernamentales como las de aprobar leyes para que paguen impuestos como cualquier otra empresa o mejorar las condiciones laborales de los periodistas.
En España los bancos, las grandes editoriales, las empresas de telefonía, Silvio Berlusconi, las familias franquistas y las multinacionales italianas se reparten la propiedad de los medios (“Traficantes de información. La historia oculta de los grupos de comunicación españoles”. Pascual Serrano. Akal, 2012). Las licencias de televisión digital se distribuyeron a los pocos grupos que ya contaban con una licencia analógica, se hizo de una forma tan burda y descarada que los tribunales anularon las adjudicaciones y se suspendieron varios canales que utilizaban una frecuencia otorgada de forma ilegal. El resultado fue una ciudadanía sometida a un reducido número de canales cuando técnicamente podría disfrutar de varios más. Mientras tanto los medios lideraban una campaña porque en Venezuela no se renovaba una concesión privada y se utilizada esa licencia para crear una televisión pública cultural.
Un hecho también preocupante de la situación española es que las radios y televisiones sin ánimo de lucro tienen prohibido facturar más de cincuenta y cien mil euros por año respectivamente, es decir, deben ser marginales por ley.
En España hemos tenido que soportar durante más de una década las mentiras y manipulaciones de de algunos medios sobre los atentados del 11M, incluido el pago a testigos para que falsearan la realidad, sin que ello tuviera ninguna consecuencia legal contra esos medios y periodistas.
Otra anécdota que muestra el poder de los medios de comunicación sobre los gobiernos es que ningún gobierno se ha atrevido a impedir los anuncios de prostitución en la prensa escrita a pesar que fue una recomendación aprobada por todos los grupos parlamentarios del Congreso.
Se hace por tanto necesario abrir el debate sobre la necesaria democratización de la comunicación en nuestro país. No olvido aquello que me dijo hace una década un académico venezolano cuando le preguntaron sobre la ausencia de libertad de expresión en Venezuela: “Efectivamente, no la tenemos, nos la han robado los medios de comunicación privados”.
Esta tesis es la desarrollada por el autor en su último libro “Medios democráticos. Una revolución pendiente en la comunicación” (Akal, 2016).
