Democratizar los medios, ese gran reto

Es indiscutible que en las últimas décadas se ha producido un gigantesco paso en la democratización de los países que integran América Latina. Si bien persisten situaciones de pobreza, desigualdades y limitaciones de muchos derechos que están condicionados al poder adquisitivo de los ciudadanos, atrás han quedado esas dictaduras militares que tan infausto recuerdo de represión y muerte han dejado en la memoria de los pueblos. 

Hoy, con mayor o menor profundidad, la democracia representativa está asentada en la región, aunque, bueno es recordarlo, condicionada a las limitaciones establecidas por la economía neoliberal que impide un desarrollo amplio del estado democrático. No podemos dejar de señalar que si los ciudadanos no tienen garantizada la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación y la sanidad, difícilmente serán agentes plenos de la democracia. En cualquier caso, es evidente el avance  entre el funcionamiento de las instituciones durante las dictaduras y en el periodo actual.

Pero es necesario que nos paremos a analizar cómo ha sido esa evolución en lo referente a los medios de comunicación. En primer lugar es fundamental recordar que si bien las dictaduras mantenían un férreo control y dominio de los medios estatales, también existían medios privados que se alinearon dócil y disciplinadamente con los militares colaborando muy eficazmente en el control de la información, el engaño y la mentira. Medios que, casualmente, siguen funcionando hoy. Un ejemplo es el diario El Mercurio de Chile o el diario ABC en España.

Ahora bien, no debemos olvidar que existieron en la clandestinidad numerosos medios, en su mayoría gestionados por colectivos sociales y grupos de resistencia, que jugaron un papel fundamental de lucha por la libertad y el combate político. 

A pesar de ello nos encontramos ya con una, digamos, tergiversación de la historia. Se han asociado los medios públicos al despotismo de aquellos estados dictatoriales y los privados a la causa de la libertad. Algo que no es del todo riguroso como hemos visto, había privados en manos de consorcios empresariales diligentemente colaboradores con el terror y medios no estatales, pero sí colectivos, que luchaban por la libertad y sacaban la verdad a la luz.

Con la caída de las dictaduras, la llegada de las democracias formales y el tsunami neoliberal de los años ochenta lo que sucedió es que aquellos privados siguieron instalados en el predominio del panorama mediático. El neoliberalismo les resultó a muchos igual de bondadoso que las dictaduras. Sin embargo, la competencia del mercado desalojó del panorama a aquellos medios colectivos que no podían lograr recursos económicos ni competir con las capacidades tecnológicas de los privados, bien nutridos de fondos de publicidad y ayudas extranjeras. Por su parte, los medios del Estado, tal y como imponía el modelo neoliberal jibarizador de lo público, fueron desmantelándose sin que nadie los defendiera, ni la derecha porque no formaba parte de propuesta política tener poderosos medios públicos ni la izquierda cuya experiencia con los medios estatales era la de control por parte de las dictaduras. Bastante tenía ya esta izquierda con luchar porque no les privatizaran la sanidad, la educación o sectores estratégicos como la electricidad, telefonía, etc… El resultado fue un panorama desolador. Más que desolador puesto que esa situación se escudaba en discursos como la libertad de expresión para impedir cualquier cambio o intervención pública o colectiva.  

Es conocido que en los últimos años el signo político de muchos gobiernos latinoamericanos ha ido girando hacia la izquierda por muchas razones que no vienen al caso, frente a lo cual, el panorama comunicacional se convertía en una herramienta fundamental de reacción a los cambios y de mantenimiento del status quo neoliberal de los ochenta: grandes empresas incardinadas en la cúpula de la pirámide empresarial, colectivos sociales sin capacidad de crear medios de comunicación por falta de recursos, tecnología y capacitación, y estados depauperados sin músculo alguno para defender los intereses colectivos. El choque entre un estado social en crecimiento y un entramado comunicacional neoliberal organizado como un oligopolio privilegiado era inminente. Además estos medios dominantes contaban con un recurso valiosísimo, un discurso tergiversado de la libertad de expresión en el que se refugiaban para mantener su privilegio, su impunidad y su constante desacato al imperio de la ley.

Su discurso estaba tan penetrado en el tejido social que lograron acuñar en el imaginario colectivo al medio privado como independiente y libre, frente al estatal como oficial al servicio de interés políticos bastardos. Nada más alejado de la realidad puesto que tanto el sentido común como la experiencia nos ha demostrado que la independencia que dicen tener los medios privados es falsa.

Existe un ejemplo muy elocuente y es el de Silvio Berlusconi en Italia. Como se sabe, Berlusconi es propietario de Mediaset un emporio televisivo que controla tres cadenas italianas. Durante su presidencia los italianos pudieron comprobar que la adhesión a Berlusconi era mayor en sus canales privados que en la televisión pública, es decir, existió más servilismo ante el dueño empresarial en las cadenas privadas que ante el presidente en las cadenas públicas. Pero, además, esta segunda dependencia logró ser eliminada gracias al juego democrático por el que Berlusconi tuvo que dejar el poder tras unas elecciones, algo que no sucedería con las privadas.  

La conclusión es clara, la propiedad privada de un medio supone más secuestro y dominio sobre los contenidos que la propiedad pública.

Existe otro elemento a analizar en los medios, especialmente los audiovisuales que ocupan un espacio radioeléctrico limitado y de patrimonio público. La no renovación de la concesión al canal privado RCTV en Venezuela si bien ha servido a algunos para atacar al gobierno venezolano con una virulencia inédita ante una decisión habitual en democracia [1], ha permitido abrir este debate más allá de sus fronteras

La mayoría de los países regulan el reparto de su espacio radioeléctrico mediante el sistema de la concesión. Según éste, esa vía radioeléctrica limitada es propiedad pública, de todos los ciudadanos, y mediante diversas formas, más o menos justas, o más o menos equitativas y plurales, son los estados quienes las conceden y permiten que sean utilizadas por unas empresas públicas o privadas durante el tiempo que se establece en la concesión. Puede ser objeto de discusión los criterios y normas de la concesión, pero nunca los principios de que el uso debe estar condicionado al servicio público, la propiedad última es de la sociedad organizada y la concesión a entidades privadas no debe ser eterna, no lo es en ningún ordenamiento jurídico. A todo ello hay que añadir la necesidad de que el Estado democrático se reserve la opción de contar con suficientes canales para responder a su compromiso social con la ciudadanía. En la mayoría de los países encontramos, por tanto, un espacio radioeléctrico reservado para los canales públicos y otro cedido a entidades privadas que se comprometen a cumplir los términos de la concesión en la forma y en el fondo. 

Es inevitable que este formato cree tensiones, desde sobre los criterios de concesión hasta cuánto del espacio radioeléctrico corresponde a canales privados y cuánto al público. En cualquier caso, es el propio Estado democrático, en cumplimiento del mandato popular, quien lo establece dando prioridad a los intereses generales frente a los particulares. Tal y como ocurre cuando se priva a una persona de su derecho de propiedad en la expropiación para construir una carretera o se reserva el derecho de tanteo y retracto en favor del Estado en la venta de un edificio histórico

Por otro lado, ante cualquier cambio sobre la situación establecida, los estados deben enfrentarse a los intereses de quienes desean mantener la situación de privilegio que puedan estar disfrutando. Esos intereses pueden ser tan poderosos como para lograr, como en Argentina, que las concesiones radioeléctricas sean las mismas que durante la dictadura, sin que ningún gobierno democrático se haya atrevido a cambiarlas. En México ha debido ser la Corte Suprema la que declarara inconstitucional partes de la llamada "Ley Televisa", que consagraba el monopolio privado en la televisión.

Otro privilegio que ostentan hoy los medios de comunicación es la ausencia de límites de la libertad de expresión, que tampoco es un término apropiado, deberíamos decir perversión de la libertad de expresión, puesto que no se trata de limitarla sino de impedir que el abuso en su nombre viole o atente contra otros derechos. En la mayoría se las legislaciones ese control pilota en torno a los delitos de injurias o calumnias. Pero existen otros abusos que justifican la necesidad de establecer un control sobre el rigor y la veracidad de lo que se expresa o informa. Ignacio Ramonet en su libro La tiranía de la comunicación [2], explica la sobresaturación informativa a la que estamos sometidos, es lo que él llama el ruido que impide al ciudadano delimitar la información valiosa de la que no es. Yo iría más allá, y es la impotencia para diferenciar la verdad de la mentira. Si la censura era prohibir la verdad, enterrarla bajo otras informaciones falsas es otra forma de censurar. Los ejemplos son numerosos. Durante la huelga de hambre en España del etarra de Juana Chaos, unos medios decían que estaba muy débil de salud por lo que requería ser trasladado a un centro hospitalario y otros decían que estaba comiendo jamón y durmiendo con su novia. El ciudadano no podía saber quién de los dos mentía, la impunidad para mentir supuso que se nos negara el derecho a saber la verdad, y eso es censura [3]. Otras veces en el debate político, los medios optan por recoger dos o más versiones como modo de aparentar pluralidad y neutralidad, con lo cual mezclan la mentira y la verdad y nos quedamos sin diferenciarla. Supongamos un caso que nos puede resultar muy familiar. Un concejal de la oposición denuncia que el alcalde ha contratado a un familiar suyo sin respetar los procedimientos legales, el alcalde puede responder que ese familiar nunca fue contratado por el Ayuntamiento. Es muy posible que el medio de comunicación replique las dos versiones y los vecinos se queden sin saber quien de los dos políticos miente, con la complicidad además de unos medios que han olvidado su responsabilidad social de buscar la verdad y se han limitado a recoger las dos versiones.   

En las instituciones democráticas quienes tienen el uso de la palabra les viene dado en función de la representación que ostentan tras haberse sometido a un proceso electoral. Por eso un senador o un diputado, además de poder votar las leyes, dispone de un determinado tiempo para exponer sus argumentos en función de su representatividad y del equilibro de fuerzas establecido para garantizar el juego democrático. Esos mecanismos formales de equilibrio y representatividad no existen en los medios de comunicación, apenas unas normas que se logran establecer en las campañas electorales. Y así tenemos situaciones paradójicas, como que un ministro o un diputado tiene que mendigar unas líneas en una carta al director en un periódico mientras que un columnista que no representa a nadie tiene dos columnas semanales donde poder exponer sus argumentos a cientos de miles de lectores. Estamos ante una aberración democrática, el primero representa a miles o millones de ciudadanos, el segundo a nadie, sólo ha sido seleccionado por el director del medio, el cuál ha sido elegido por los dueños de éste. Sirva como ejemplo que el candidato presidencial mexicano López Obrador, votado por casi quince millones de mexicanos, debe pagar a los consorcios televisivos de su país 23.364 dólares para poder emitir media hora de programa semanal a la una de la madrugada.

Hoy cualquier diputado o senador dejaría de asistir a un pleno si coincidiera con una oferta de entrevista. Entre una exposición de media hora para ser oída por un centenar de representantes o diez minutos ante una audiencia de millones de personas no lo dudaría. Las perversiones del modelo comunicacional están terminando también con las instituciones democráticas.

El medio se convierte en actor político

Así llegamos a que cuando un grupo social percibe todo este poder y estos privilegios que se pueden lograr a través de los medios descubre que es más eficaz trasladar ahí su lucha política en lugar de en las instituciones. Es normal en la medida en que comprueban que no están sometidos al criterio de la representatividad y disfrutan de impunidad. Ni siquiera otros mecanismos de control financiero al que los sistemas democráticos someten a los partidos políticos, como transparencia de cuentas o límites de gasto, afectan con el mismo rigor a las empresas de comunicación. 

¿Y hasta dónde pueden llegar esas cruzadas mediáticas? Hasta las últimas consecuencias. En Venezuela vimos en abril del año 2002 que hasta un golpe de Estado, en la guerra de Ruanda hasta promover un genocidio con 800.000 muertos tal y como ha quedado demostrado y castigado por el Tribunal Penal Internacional que así lo estableció para varias radios de ese país. [4]

Durante años muchos analistas denunciaban que las empresas de comunicación habían convertido la información en una mercancía que se compraba y se vendía. Yo creo que ya es mucho peor que eso. Entre el ilimitado poder político que permite operar con los medios de comunicación y el régimen de propiedad actual de esos medios hemos superado, a peor, esa situación. Ya muchos medios no son propiedad de una empresa de comunicación, son parte de un holding que tiene destinados parte de sus activos a un departamento de imagen desde el cual se opera políticamente, consolida una agenda informativa al gusto de los intereses del grupo empresarial y sirve a un ideario en consonancia con el modelo económico más cómodo para sus accionistas. Así, grandes televisoras y periódicos tienen como accionistas a editoriales, petroleras, empresas de telecomunicación o grandes financieras, bancos o aseguradoras. Desde sus medios trabajan para que la imagen de sus empresas asociadas no se vea afectada por escándalos públicos, silencian los conflictos laborales que puedan suceder en su seno, neutralizan cualquier corriente de opinión que propugne iniciativas que no interesen o embisten contra gobiernos que adoptan legislaciones que afectan a sus operaciones. No hace falta ni que ganen dinero con el medio de comunicación tienen misiones más importantes, por otro lado sus cuentas de resultados se basa en una ingeniería financiera que las hacen imposibles de auditar porque juegan con ingresos de publicidad, regalos promocionales, campañas de suscripción, préstamos o autopréstamos en condiciones ventajosas, ingresos en especies de empresas que pueden ser accionistas y numerosos trasvases de fondos entre las numerosas empresas que conforman el holding o grupo.   

Voces que piden democratización

Ante esta situación cada vez más voces se levantan pidiendo más democratización de los medios, más control público y más participación. Los miembros de la agencia alternativa ALAI-amlatina, Osvaldo León y Sally Burch [5], han recordado que “la vitalidad de la democracia depende de la participación ciudadana, para lo cual resulta fundamental que los diversos sectores ciudadanos estén debidamente informados y puedan expresar sus particulares puntos de vista al conjunto de la sociedad, condición que solamente puede garantizarse con la democratización de la comunicación”.

Según ellos, esa democratización pasó a “ser una de las asignaturas pendientes de las luchas sociales”, por lo que denuncian que “el poder que han venido acumulando los medios de difusión les ha llevado a una virtual ocupación del espacio público, que les permite actuar con una agenda política y económica propia, estableciendo lo que tiene o no pertinencia social. Al punto que, en los tiempos que corren, ante el descalabro de los partidos políticos del establecimiento, prácticamente han pasado a cumplir el rol de articuladores de tales sectores, incluso como cuasi partidos”, con un panorama que “desdibuja seriamente el carácter de servicio público de los medios de comunicación y la responsabilidad social que tienen, lo cual va acompañado de intentos por desbaratar cualquier norma legal que pudiera restringir el control corporativo del sector”.

Osvaldo León y Sally Burch también perciben que “va cobrando fuerza la demanda de un amplio debate público sobre el rol de los medios en las sociedades democráticas contemporáneas, el sistema de propiedad, el carácter de los medios públicos, la libertad de expresión, etc.”.

El pasado 3 de junio, el presidente del Grupo Parlamentario de La Izquierda en el Parlamento Federal de Alemania, Oskar Lafontaine, afirmaba que “necesitamos en los sistemas capitalistas una democratización de los medios de comunicación. Sería equivocado creer que en los Estados industrializados occidentales los medios de comunicación sean democráticos. Eso es un grave error. Son libres de influencia estatal, sí, en mayor parte. Pero están en manos de la economía, y una prensa libre no puede estar en las manos de la economía”.

Añadía que “la libertad de prensa nunca puede ser la libertad de doscientos ricos para difundir su opinión. La libertad de prensa debe abrir de verdad el acceso a los medios de comunicación para toda la gente. Por eso, el Internet es un progreso de verdad. Pero nosotros, el Partido de La Izquierda (Die Linke), debemos mencionar de nuevo la libertad interna de la prensa. Cogestión y democracia también en los consorcios comunicacionales, no sólo en la economía” [6].

Incluso voces en esa línea se están escuchando en Estados Unidos. El miembro de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) Michael J. Copps, al hilo del debate sobre la propiedad pública del espacio radioeléctrico tras la no renovación del canal venezolano RCTV, ha denunciado en un artículo en The New York Times [7] el pasado mes de junio que en Estados Unidos “el uso del espacio radioeléctrico público constituye un privilegio -lucrativo- no un derecho, y me temo que la FCC no ha hecho lo suficiente en defensa del interés público”. Hasta el punto que sugiere que las políticas estatales “deben exigir a los organismos de radiodifusión y televisión que cumplan con el compromiso de servir a ese interés y sancionar a los que no lo hagan”. Según Copps, la Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense debe comenzar a no renovar las licencias si los organismos privados de radiodifusión y televisión no pueden demostrar que han servido al interés público. Asimismo, este especialista reconoce que “bajo presión de los conglomerados de los medios de comunicación, comisiones anteriores han eviscerado el proceso de renovación de licencia y la agencia usualmente estampa el cuño en la solicitud sin realizar una revisión a fondo”. Como ejemplo de burla de la ley detalla que la cadena en idioma español Univisión argumentó antes los sistemas de control que cumplía la obligatoriedad de ofrecer tres horas semanales de programación infantil educativa porque “trasmitían una telenovela donde aparecían dos gemelos de once años”. La liberalización de las licencias ha permitido que las concesionarias se enriquezcan con unos derechos que deben ser de la comunidad. Así, los activos de Univisión –gran cantidad en pequeños mercados—se vendieron por más de doce mil millones de dólares. Una sola estación en Sacramento, propiedad de Sinclair Broadcasting, se vendió por 285 millones en el año 2004. Una estación en un mercado gigantesco como Nueva York o Los Ángeles fácilmente pudiese ascender a 500 millones de dólares o más. Copps aboga, además de por el control a la hora de decidir si se renueva o no, por acortar el periodo de la licencia que en ese país es de ocho años –en Venezuela es de veinte y en España de diez-. Según afirma, “ocho años es demasiado tiempo sin tener que rendir cuentas, debemos regresar al modelo de tres años”. Por último, el especialista estadounidense se pregunta si “realmente se merecen que le aprueben la renovación de la licencia a las estaciones que ganan tanto dinero con el uso del espacio radioeléctrico público pero que evidentemente no educan a los televidentes sobre los temas que les concierne”.

El debate, por tanto, debe abordarse en la ampliación del concepto actual de libertad de expresión para plantear lo que podríamos denominar “el derecho ciudadano a informar y estar informado”, tal y como rezaba el título de las jornadas internacionales que organizó el canal internacional Telesur en Caracas el pasado 18, 19 y 20 de mayo [8]. No se puede seguir homologando libertad de expresión al privilegio de unos pocos para decidir qué información llega a los ciudadanos y quiénes conforman la élite que puede acceder a esos medios. Por supuesto ese debate debe incluir el papel de los Estados, un papel fundamental pero que no debe ser el de un monopolio gubernamental, pero sí el de la regulación y la garantía de que se retome el concepto de la comunicación como derecho humano, como afirmaron un centenar de intelectuales reunidos en Cochabamba el 22 y 23 de mayo de 2007 convocados por la red en Defensa de la Humanidad bajo el lema “En defensa de la verdad y contra la manipulación mediática” [9]. En la denominada Declaración de Cochabamba se expuso que “Los estados tienen el deber de garantizar el derecho a la información y la democratización de los medios y el acceso a todos los sectores sociales. Esa garantía se logra mediante el uso público del espacio radioeléctrico y la propiedad social de los medios”.

Del mismo modo que hoy nadie pone en duda la responsabilidad de los estados a la hora de garantizar derechos tan fundamentales como la sanidad y la educación, convencidos de que el mercado por sí sólo nunca los podrá asegurar al no ser rentables, el derecho a la información también debe ser asumido como imprescindible e incompatible su garantía con un régimen de liberalización del mercado. Es fundamental que los estados democráticos incorporen, regulen y supervisen la libertad de expresión de los diferentes actores sociales y su derecho de hacer oír sus propuestas, demandas y críticas, que se establezcan igualmente los mecanismos necesarios para defender el derecho a la información de la ciudadanía frente al control dominante y crecientemente monopólico de los sectores de poder económico en el ámbito de la comunicación. Todo ello mediante un equilibro entre medios privados, estatales, colectivos y comunitarios.  

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