Hasta ahora pensábamos que lo que deseaba una dictadura era poseer, desde el gobierno, los medios de comunicación, sin embargo eso ha cambiado. Los golpistas de Honduras, cuando derrocaron a Manuel Zelaya y tomaron el poder el pasado mes de junio cerraron el canal público de televisión, Canal 8, y en agosto anunciaron que el Estado lo abandonaba y entregaría la frecuencia radioeléctrica que ocupaba al empresario Elías Asfura.
Eso confirma que la empresa privada puede ser más adecuada para custodiar los intereses mediáticos de un gobierno golpista neoliberal. Si el canal continuase siendo público, se corre el riesgo de que un cambio hacia un gobierno más democrático permitiese recobrar el espíritu de interés público en el canal estatal. Privatizándolo de forma definitiva ya queda al servicio del mercado y del neoliberalismo.
Mientras los voceros neoliberales se escandalizan por la existencia de medios de comunicación públicos y presentan a los privados como “independientes”, la realidad nos muestra que, una vez más, mercado y dictadura coinciden en un mismo modelo de medios de comunicación: en manos de empresarios.
