Como las empresas con sede en paraísos fiscales o los concursos de nuevos cantantes, los atascos son uno de los daños colaterales comunes del progreso. Cualquiera de nosotros puede encontrarse una mañana cualquiera atrapado en el confortable interior de su vehículo a motor, con el convencimiento de estar al volante de su destino pero sin moverse desde hace diez minutos. Allí, esposados a los mandos del coche que la publicidad nos ha dicho que nos hará libres, nos sentimos exasperados pero contentos porque igual están en Nueva York, Boston, Pekín, Londres o Colonia. Y no, esto no es una exageración de mi menda, que al fin y al cabo soy un radical antisistema que quema coches solo con la mirada, es una apreciación que leo en The Economist, que viene a ser como el libro de instrucciones de esto tan chachi llamado Capitalismo.
El texto de The Economist llamado The cost of traffic jams (El coste de los atascos) se fija en un estudio firmado por The Centre for Economics and Business Research, una consultora londinense, y por INRIX, empresa norteamericana dedicada a productos relacionados con tráfico y transporte. El objeto del asunto es medir el impacto de los atascos en las economías de Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos a través de tres costes: la pérdida de productividad entre los curritos encerrados en el atolladero; el aumento de precio de bienes y servicios por el aumento del coste del transporte por culpa de los dichosos embotellamientos; y el valor monetario equivalente a los malos humos expulsados por esos tubos de escape.
El resultado de 2013 para los cuatro países sería de 160.000 millones de euros —según la revista, el 0,8% de PNB de dichos países— y la previsión para 2030, 240.000 millones. Hay más cifras como puñetazos. El coste anual de los atascos —no de la propiedad del coche y alrededores, ojo— para una familia americana se estima en 1.250 euros al año. Para una francesa, 1.840. Una ciudad como Los Ángeles, tan llena de coches, pierde 17.000 millones de euros —lo mismo que toda Gran Bretaña, según el estudio— y cada uno de sus ciudadanos 4.500 euros al año.
