El siete de julio se reunieron en Madrid la denominada "Mesa de Donantes" de ayuda para un supuesto plan de paz en Colombia. Se trata de uno de los pilares del denominado "Plan Colombia" diseñado por Estados Unidos para consumar la intervención militar en este país y terminar con cualquier vía de negociación entre el gobierno colombiano y las guerrillas del país (1).
Presentado oficialmente en Estados Unidos en septiembre de 1999, en Colombia no se divulgo hasta enero del 2000. Ya por su modo de elaboración ha recibido fuertes críticas fundamentadas en que ni se consultó al Parlamento colombiano y tampoco a sus Comisiones de Asuntos Exteriores, en su redacción no participó el consejo Nacional de Paz, creado por ley de la República, ni fue tema en la agenda de la Mesa de Negociación y Diálogo entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana y el movimiento insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Se trata, por tanto, ya en su génesis, de un plan ideado por Estados Unidos, sin participación de las fuerzas sociales colombianas y al servicio de uno de los actores del conflicto, el gobierno colombiano. Pero cuando se conoce con detalle el destino de los fondos propuestos se aprecia que tampoco está al servicio de este gobierno, sino de uno de sus ministerios, el de Defensa y sus Fuerzas Armadas, auténticas destinatarias de la ayuda.
De acuerdo con las estimaciones del gobierno de Bogotá, el coste total del "Plan Colombia" es de aproximadamente 7.500 millones de dólares que se ejecutarán durante cinco años. De ese total, Colombia aportaría 4.000 millones de dólares. Los 3.500 millones restantes procederían de Estados Unidos, que ya ha comprometido 1.600 millones; la Unión Europea con 1.000 millones y diferentes organismos financieros que aportarían 900. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó incrementar otros 500 millones de dólares para destinarlos a la creación de un fondo para otros países de la región (Ecuador, Perú, Bolivia y otros). El principal interrogante es el destino de ese dinero. Por el momento, sólo Estados Unidos ha definido el uso de sus 1.600 millones. Veamos cuál es. El ejército colombiano recibirá 705 millones; la policía y las fuerzas navales, 205; para medidas de seguridad en países limítrofes, 410; para la sustitución de los cultivos de cocaína, 180 (50 para Colombia, 90 para Bolivia y 40 para Perú) y para la reforma judicial, el fortalecimiento de los derechos humanos y la paz, 100 millones. Nada queda para acometer la necesaria reforma agraria que termine con la pobreza e injusta distribución de la riqueza, nada para afrontar la imprescindible reforma fiscal del sistema colombiano y nada para afrontar política alguna de desarrollo en el país. En conclusión, el dinero aprobado por EEUU para su plan de "paz" en Colombia destina 700 de cada mil dólares a gastos militares. Los mayores gastos se destinan a 30 helicópteros Blackhawk y otros 33 Huey, así como al entrenamiento, dotación y manutención de tres batallones del ejército colombiano para combatir en el sur del país, zona actualmente bajo control de las fuerzas insurgentes. Ya ha reconocido Madeleine Albright como primer uso de la ayuda "entrenar y equipar a las fuerzas de seguridad colombiana para que una mayor parte del país sea puesta bajo el control de la democracia y el imperio de la ley". De este modo, Colombia se convierte, tras Israel y Egipto, en el mayor receptor de ayuda militar norteamericana del mundo en virtud del Plan Colombia de "paz". Un plan que, a juicio de los analistas, desestabilizará toda la región en la medida en que involucra militarmente a países limítrofes como Ecuador, donde EEUU ya ha instalado una nueva base militar, Perú y Venezuela.
Las empresas norteamericanas de armas ya están comenzando a tomar posiciones. El periodista Tob Robberson, citando fuentes militares estadounidenses, informa en el "Dallas Morning News" que por lo menos seis compañías privadas de este país, especializadas en asuntos militares, han establecido contactos en la región, anticipándose a futuros contratos con Colombia. Cita, entre otras, a Dyncorp, Inc. y a Recursos Profesionales Militares, Inc., identificada también como MPRI, las cuales han estado vinculadas con contratos para el apoyo logístico y entrenamiento de la policía y las fuerzas colombianas de contrainsurgencia. Ed. Soyster, portavoz de la MPRE, ex teniente general del ejército y antiguo director de la Agencia de Inteligencia de Defensa ha declarado que su compañía "se está preparando para la adjudicación de nuevos contratos en caso de que el nuevo paquete de ayuda resulte aprobado (…). La compañía debiera estar bien posicionada para la obtención del cotrato, ya que también ayudó al gobierno colombiano a diseñar el Plan de Acción en tres fases que fue presentado al Congreso (…) indicando las partidas a las que se destinarán los 1.600 millones de dólares". Asimismo, según Soyster, la MPRI mantiene una base de datos de 11.000 oficiales, entre retirados y activos, disponibles para trabajar en asignaciones temporales. Esto se enmarca en la nueva modalidad de mercenarismo de la guerra denominado Outsourcing.
Y todo esto mientras las conversaciones entre gobierno y guerrilla siguen avanzando a pesar de los desesperados intentos por bloquearlas de los sectores militares y de la ultraderecha económica: secuestro del hermano de un senador conservador, portavoz del gobierno en las negociaciones, falsas imputaciones a las FARC de estremecedores asesinatos como el del collar-bomba, etc. EE.UU. es uno de los actores que no deja de apostar por la vía militar para la situación colombiana. El general Barry McCaffrey, máximo responsable de la política contra las drogas de la Casa Blanca, se ha declarado públicamente partidario de una intervención militar con "tropas colombianas" antes que continuar con las negociaciones con la guerra. "Ya no se debe negociar" con los grupos guerrilleros pues las conversaciones con el gobierno Pastrana "no van por el buen camino", ha afirmado este militar conocido por haber ordenado a sus tropas un ataque cruel, masivo e innecesario contra unidades iraquíes dos días después del alto el fuego en la guerra del Golfo (2). Por su parte, el general Charles Wilhelm, jefe del Comando Sur, ha manifestado que enviará un general a Bogotá para hacerse cargo de los efectivos militares en Colombia agregando que "el número de efectivos aumentará cuando Estados Unidos comience a entrenar a dos nuevos batallones del ejército colombiano para enfrentar a la "narcoguerrilla" en el sur del país".
La opción militar tiene sus partidarios en la parte colombiana. Tanto el ministro de Defensa Fernando Ramírez, como el general comandante de las Fuerzas Militares colombianas, Fernando Tapias, se han proclamado partidarios de una salida militar abierta con el apoyo de Estados Unidos. Nadie niega que una inyeccion de 1.600 millones de dólares en ayuda fundamentalmente militar al ejército colombiano supondrá la suspensión de las negociaciones de paz con la guerrilla. El analista colombiano Libardo González, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Bogotá ha afirmado que el Plan Colombia "pretende variar la dinámica que se llevó a cabo en El Salvador y Guatemala, en donde Wahington decidió el proceso de paz y forzó a los militares a asumirlo. Acá, más bien se apresta a bloquear un proceso de paz en curso, para decidir la suerte del país en un escenario de guerra".
Pero para que el Plan Colombia continúe adelante Estados Unidos necesita la complicidad europea, razón para la que se celebra el encuentro del 7 de julio al más alto nivel en Madrid. La UE, junto a Japón y Canadá, tiene la oportunidad de demostrar que cuenta con una auténtica política internacional independiente de Washington y no dejarse arrastrar con las fuertes presiones que recibirá de EE.UU. Un gran número de organizaciones sociales y de derechos humanos ya ha presentado la denominada "Carta Abierta a los Países del Grupo de Apoyo a la Paz en Colombia" en la que piden a estos países reunidos en Madrid que rechacen lo que para estas organizaciones es un plan "elaborado conjuntamente entre el gobierno de Colombia y sectores militaristas de los Estados Unidos" que califican de "aventura guerrerista que responde a intereses estratégicos y económicos"..
La posición europea estará previsiblemente dividida. El Alto Representante para la Política Exterior de Seguridad Común de la Unión Europea y ex secretario general de la OTAN, Javier Solana, ya manifestó en Vilamoura (Portugal) el pasado mes de febrero que "Europa está dispuesta a financiar al Plan Colombia". No es esa la opinión del delegado del Parlamento Europeo para América Latina, Paul Emile Dupret, quien dijo en la ronda diálogos que se celebró en la localidad madrileña de Alcalá de Henares el pasado mes de junio que Europa no puede apoyar un Plan que es 63 % militar y que tiene muchas carencias". Dupret criticó que en el Plan no se contemple el problema del paramilitarismo ni un cambio en el sistema de impuestos colombiano.
Por su parte, diversas ONG´s francesas han mantenido una reunión con representantes de su Ministerio de Asuntos Exteriores donde éste les ha transmitido que "Francia adoptaría una posición de rechazo a este plan y que no deseaba discutir en detalle un plan viciado de raíz por la prioridad que otorga a la acción militar en la lucha contra las drogas, la falta de consulta a las organizaciones de la sociedad civil y el rechazo manifiesto de las fuerzas beligerantes con quienes el proceso de paz está también comprometido".
Lo que parece claro es que, como ha afirmado el delegado del Parlamento Europeo para América Latina, "Europa se enfrenta a una encrucijada: o acepta la propuesta del Plan Colombia, lo que aquí se llama humanitarismo militarizado, y las consecuencias serían similares a las de Kosovo, o se construye una alternativa, que sería el sistema de cooperación para el desarrollo, invertir en la reconstrucción de Colombia".
(1) El Plan Colombia se puede encontrar en la página de internet de la embajada de Estados Unidos en Bogotá.
(2) Según informaciones reveladas por la revista The New Yorker, Barry McCaffrey, entonces general al frente de la 24ª División de Infantería del Ejército de Estados Unidos, ordenó a sus tropas el 2 de marzo de 1991 atacar una columna de soldados iraquíes cuando se retiraba dos días después del alto el fuego de la guerra del Golfo, provocando la muerte de 400 soldados. Antes de ese episodio, el 27 de febrero, tropas de la división de McCaffrey ejecutaron sumariamente con ametralladoras a unos 350 prisioneros iraquíes desarmados.
