En España, un injusto sistema electoral aprobado en la Transición, hace más de treinta años, se encarga de que el panorama político esté dominado por dos partidos mayoritarios y, sobretodo, que la izquierda de ámbito nacional (Izquierda Unida), logre ser reducida a la mínima expresión.
El método se basa en dos elementos fundamentales. Por un lado, el denominado sistema d’Hont, que permite que el reparto de escaños no sea proporcional al número de votos, premiando a los dos partidos mayoritarios. A ello añadir la división del país en cincuenta circunscripciones electorales provinciales para las elecciones generales y autonómicas. A muchas de esas provincias les corresponden apenas dos o tres diputados nacionales. Esta enorme fragmentación provoca que los restos de votos que no alcanzan para un diputado sean directamente descartados, convirtiendo a la izquierda de ámbito nacional en el grupo político más dañado por ese sistema. En el caso de Izquierda Unida, en las últimas elecciones generales, todos sus votos en 48 de las cincuenta provincias, un total de 644.868 de los 963.040 que tuvo, fueron directamente a la basura. El sistema es doblemente eficaz porque la seguridad de que van a ser desechados sirve como elemento disuasorio para no votar a la izquierda en esas provincias.
De este modo la coalición Izquierda Unida logró en las elecciones generales el 3’8 % de los votos, pero sólo el 0’50 de los escaños. Necesitó 487.000 votos para cada diputado electo mientras que a los dos grandes partidos mayoritarios le bastaron 66.000. Si todos los votos de los españoles tuvieran el mismo, Izquierda Unida hubiera logrado catorce diputados en lugar de dos, los doce que le fueron arrebatados se los repartieron entre los dos mayoritarios Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular.
A todo esto se le suma que sólo dos partidos protagonizan los grandes debates electorales en las televisiones, públicas o privadas. Estos dos destinaron a publicidad en las últimas elecciones seis veces más que el resto, el presupuesto para ello lo consiguen del reparto privilegiado de los fondos estatales para las campañas electorales o de préstamos millonarios que les han sido condonados en más de una ocasión por la gran banca.
