Todo parece indicar que EEUU bombardeará Siria en los próximos días, es lo que los medios y la diplomacia denomina eufemísticamente “intervenir”. Para empezar debemos aclarar que tenemos la humildad de reconocer que, aunque parece indiscutible que hubo una masacre por armas químicas, no sabemos quiénes fueron los responsables. Es por ello que la ONU envía inspectores a la zona. Ignorado esto podemos presentar algunas deducciones lógicas. La primera de ellas es el principio establecido en el Derecho Romano y utilizado en criminalística de “cui prodest” (¿quién se beneficia?). Desde hace semanas, en la agenda de las potencias occidentales y sus adláteres árabes están las acusaciones contra el gobierno sirio por el uso de armas prohibidas, lo más absurdo que podría hacer ese gobierno sería asesinar un millar de civiles, incluidos niños, en un barrio que no forma parte del frente y poner en bandeja la justificación de una intervención militar de EEUU o de la OTAN. Es decir, la respuesta de “a quien beneficia” la masacre por agentes químicos es los partidarios de esa intervención militar contra Siria.
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Era como nos temíamos, la información que nos llega sobre el islam está repleta de prejuicios, estereotipos y falsedades. Las escritoras Nazanín Amirian y Martha Zein así lo dejan en evidencia en su libro “El islam sin velo”.
El pasado viernes 20 de julio, el gobierno español publicó algunas previsiones económicas entre las cuales hay una que merece una reflexión especial. Se trata del dinero que se deberá destinar a los bancos en concepto de los intereses por la deuda pública.
Recientemente estoy observando varios llamamientos y manifiestos destinados a apelar a los políticos a que abandonen la crispación y el tono de confrontación y retomen un estilo dialogante y respetuoso. También hasta ahora han sido recurrentes las críticas a actitudes partidistas que anteponían el interés electoral y la búsqueda de los votos al compromiso con una política constructiva pensada para los ciudadanos. No parecía que se pudiera objetar nada en contra. Sin embargo, yo sí lo quisiera hacer.
Hubo un tiempo en que entendíamos que la defensa de la libertad de expresión o la actuación contra delitos que se escudasen en ella correspondía a los poderes públicos. Partíamos de la base de que los poderes públicos, es decir, las instituciones creadas por el Estado democrático, respondían al interés colectivo y se enfrentaban a los intereses particulares de empresas, corporaciones o lobbys que actuaban por intereses particulares o económicos.
Con el asunto del boicot a Facebook por parte de decenas de grandes marcas nos quieren convencer precisamente de lo contrario: de que son esas grandes empresas las que velan por que disfrutemos de un ecosistema informativo saneado.