El País publica el 8 de abril la siguiente información: “Turquía retira la ley mordaza contra la libertad de expresión”. Por “ley mordaza” se refieren al artículo 302 de su Código Penal que castiga con penas de hasta tres años de cárcel los “insultos contra la identidad turca”. Supongamos ahora un código penal que establezca hasta dos años de prisión no por insultar a una comunidad nacional sino sólo por dañar el prestigio de una determinada familia. Es el caso de España, así lo establece el punto 2 del artículo 291: “Se impondrá la pena de multa de seis a veinticuatro meses al que utilizare la imagen del Rey o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de la Reina consorte o del consorte de la Reina, o del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe heredero, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona”. Por supuesto, aquí ningún periódico llama a eso “ley mordaza”.
En la misma noticia, también descubrimos que en Turquía el Tribunal Constitucional está estudiando la posibilidad de ilegalizar y disolver al partido gobernante, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) “acusado de no garantizar la separación entre Estado y religión, después de haber acabado con la prohibición de que las mujeres que se cubren con el pañuelo islámico puedan estudiar en las universidades”. Si allí se quiere disolver al partido que gobierna porque vulnera la laicidad al permitir que las mujeres estudien con pañuelo islámico, imaginemos en España donde los ministros prometen frente a una cruz católica, los militares celebran y desfilan el día de la virgen del Pilar, todos los representantes políticos municipales encabezan las procesiones, los medios públicos difunden los actos religiosos de una determinada confesión y el Estado financia la actividad de la Iglesia, la exonera de pagar impuestos y asume el sueldo de los profesores de religión.
He llegado a la conclusión de que quiero que apliquen en España la ley turca, sin duda mucho más democrática que la nuestra, así eliminarían el artículo del Código Penal que impide criticar a la monarquía y los partidos que ilegalizarían serían los que no garanticen la separación entre Estado y religión.
