La sentencia del Tribunal Supremo que ha paralizado de forma cautelar la exhumación de Franco ha levantado estupor, no solamente por dar prioridad a los intereses de la familia del dictador frente a la voluntad del Parlamento español, sino por el fragmento de la resolución donde se afirma: «El hecho de que fuera jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975 atribuye a toda la controversia unos rasgos especiales».
Es decir, y tal como ha señalado la Asociación de Jueces para la Democracia, que ha calificado la afirmación de insólita, el Supremo considera a Franco jefe del Estado tres meses después del golpe de Estado y dos años y medio antes del fin de la guerra civil. La asociación recuerda que en esa fecha Franco era el máximo dirigente “de un aparato estatal de facto, surgido de la violencia, no sometido a la legalidad y no homologado en la comunidad internacional de su época” y que referirse a él como jefe del Estado supone una “falta de sensibilidad y de respeto hacia el principio democrático y el principio de legalidad”, por no hablar de un error histórico.
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