Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), los contratos públicos del Estado con las empresas privadas suponen más del 15% del PIB de nuestro país, unos 175.000 millones de euros. Los acuerdos secretos e ilegales entre las empresas que pujan por esos contratos terminan generando sobrecostes de 40.000 millones de euros anuales. Es decir, dinero que pagamos todos y que va a manos de contratistas, mediadores o políticos corruptos. Veamos algunos ejemplos. La citada CNMC abrió expediente sancionador el pasado octubre a siete de las mayores constructoras del país por montar un cártel para repartirse contratos de obra pública. De este modo, inflarían los precios sin competencia entre ellas. El pasado mes de mayo esta comisión multó también a cinco empresas por intercambiar información sensible para hacerse con contratos de publicidad institucional. Las empresas se aseguraban el reparto entre ellas de los contratos colaborando en lugar de compitiendo.
Otro tanto ocurrió con las 34 empresas de transporte escolar de Baleares que fueron sancionadas por la CNMC en marzo de 2017. Fijaban precios mínimos y se repartían las rutas de transporte escolar, encareciendo los concursos convocados por la Conselleria d’Educació i Universitat de les Illes Balears. Así, sólo se presentaba una empresa por cada ruta, que además ofertaba el precio máximo de licitación.
Igualmente se concertaron ilegalmente para acordar precios 13 empresas hormigoneras asturianas que se presentaban a contratos de obras públicas. El acuerdo secreto para repartirse el mercado duró nada menos que 15 años.
Un cártel de ocho fabricantes de pañales durante 18 años consiguió fijar el precio de venta a los distribuidores mayoristas de los pañales, que son financiados por el Sistema Nacional de Salud y adquiridos en las farmacias a precio reducido por los usuarios. La cuota de mercado de estos ocho fabricantes llegó a ser del 95%.
39 empresas dedicadas a la gestión de residuos urbanos, entre las que se encuentran las filiales de algunas de las principales constructoras españolas se repartían licitaciones en los ayuntamientos de Madrid y Sevilla, así como otras convocadas por distintas administraciones en el País Vasco, Málaga, Ceuta y Melilla. En el AVE cuatro empresas se adjudicaron ilegalmente el 74% de los contratos durante 15 años.
Incluso las mudanzas internacionales que contratan los ministerios y organismos públicos para el traslado de los funcionarios se vieron afectadas por distorsiones en la competencia. En virtud del acuerdo ilegal entre ellas, se aplicaban un margen de 12.000 euros de beneficio neto por operación, que en algunos casos superaba la mitad del precio presupuestado.
Todo esta información sirve para constatar que nada de esta corrupción hubiese sucedido si todos estos servicios los hubieran proporcionado empresas públicas. La contratación privada, más que un procedimiento que abarate costes como dice la derecha, es el mecanismo idóneo para la corrupción y el saqueo del dinero público. No es una reflexión política es una realidad confirmada por los anteriores datos ofrecidos por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Por mucha menos eficacia que hubieran tenido, recordemos que, de los 175.000 millones de euros que cobraron por su trabajo, 40.000 de ellos fueron sobrecostes añadidos por sus fraudes.
