No se le está prestando mucha atención a las iniciativas del gobierno ultraderechista polaco de los hermanos Lech y Jaroslaw Kaczynski, presidente y primer ministro respectivamente.
Apenas llegados al poder crearon el Instituto de la Memoria Nacional cuya misión es expulsar de la Administración pública a cualquier persona que hubiese formado parte del anterior sistema socialista. Se trataba de una medida de discriminación ideológica que se aplica con el silencio y complicidad de las instituciones europeas. En algunos casos, incluso con el apoyo de países como el Vaticano, quien aplaudió la expulsión de religiosos como el arzobispo de Varsovia, Stanislaw Wielgus, acusado de haber apoyado a los comunistas. El primer ministro, Jaroslaw Kaczynski, ha llegado a definir el socialismo polaco como "un régimen de la chusma para la chusma".
En los recientes días se ha sabido que el gobierno ha puesto en marcha medidas para eliminar de la historia del país el recuerdo de los brigadistas polacos que combatieron en defensa de la República Española, a los que califican de "traidores y criminales".
El gobierno prepara un proyecto de ley que suprimirá las rentas especiales concedidas a los veteranos de la II Guerra Mundial y de la lucha contra el fascismo, lo que afectará a los ex funcionarios de la policía y cuerpos de seguridad, ex miembros de las fuerzas armadas comunistas y también a los brigadistas. Además, el Instituto de la Memoria Nacional ha pedido la eliminación de Varsovia de los nombres de todas las figuras y símbolos comunistas, entre ellos el de los polacos de las Brigadas Internacionales. Fueron más de 2.000 los ciudadanos de este país que dejaron su vida defendiendo la democracia en España frente al fascismo. Ya antes, sus nombres desaparecieron de las columnas de la tumba del soldado desconocido en la capital, en las que están inscritos los nombres de todas las principales batallas libradas por los polacos. Para el instituto, los brigadistas fueron unos "traidores", porque combatieron en España para "construir allí el comunismo".
Otra de las medidas que está intentando aplicar el gobierno polaco en connivencia con la Iglesia católica es una mayor criminalización del aborto, incluso tienen como objetivo que se prohíba en toda Europa. Y eso a pesar de que la interrupción voluntaria del embarazo está penada en Polonia con dos años de prisión, excepto en los casos de violación, incesto, peligro para la vida de la madre o malformación irreversible del feto. La derecha polaca y su gobierno quieren que se considere delito incluso en esos casos, tanto en Polonia como en toda la Unión Europea.
Por supuesto, su concepto de defensa de la vida no es tan estricto cuando se trata de participar en la guerra armamentística al servicio de Estados Unidos. El gobierno de Varsovia ya ha comunicado a la embajada estadounidense su interés por aceptar la oferta de construir en Polonia una base con diez silos aptos para el lanzamiento de misiles al servicio de Estados Unidos, lo que ha provocado la lógica indignación de Rusia.
Los cambios en Polonia también han afectado especialmente a la mujer. El desplome de la industria nacional dejó a muchas de ellas sin trabajo. Las guarderías y los jardines de infancia del sistema socialista fueron cerrados, y las mujeres, de nuevo encerradas en un único papel en línea con la dominante ideología de la Iglesia católica: el de ama de casa. Bajo la influencia de la Iglesia, pero también de las revistas femeninas y de los medios de comunicación de masas, la madre polaca se ha entronizado como ideal al que hay que aspirar. Debe tenerse en cuenta que en Polonia todas las cadenas privadas de televisión son abiertamente católicas. La Iglesia se ha negado a la introducción de asignaturas de educación sexual en las escuelas; sólo unos pocos tienen acceso a medios preventivos y los abortos ilegales crecen, según ha denunciado la feminista y candidata presidencial Maria Szyszkowska.
A los colectivos homosexuales tampoco les va mejor con el gobierno de los hermanos Kaczynski, al mes de que llegaran al gobierno en octubre de 2005, ya estaban prohibiendo una manifestación del colectivo gay en el país.
A todo ello hay que añadir las declaraciones del presidente, Lech Kaczynski, pronunciadas el 28 de julio de 2006 en las que abogó por la reinstauración de la pena de muerte en Polonia y en toda Europa, las cuáles fueron respondidas con gran preocupación por Amnistía Internacional. Kaczynski argumentó en la primera emisora de la radio pública polaca que "los países que abolen esta pena conceden una extraordinaria ventaja al delincuente en detrimento de la víctima: la ventaja de la vida frente a la muerte". Ya anteriormente, la Liga de las Familias Polacas (Liga Polskich Rodzin, LPR), uno de los partidos que integran la coalición gobernante, anunció una campaña a escala europea en favor de la reinstauración de la pena de muerte y un referéndum sobre la misma cuestión en Polonia.
Y por si alguien cree que el panorama en Polonia no está siendo un lúgubre viaje en el túnel del tiempo, le clarificará conocer la iniciativa de cincuenta diputados del partido gobernante el pasado mes de diciembre. Su propuesta era nada menos que nombrar a Jesucristo rey de Polonia. “Queremos que Jesucristo sea nombrado rey de los polacos”, afirmó el parlamentario Artur Górski, del gobernante Ley y Justicia. “Polonia necesita más que nunca el liderazgo y la ayuda divina para afrontar los nuevos tiempos”, añadió el diputado. Efectivamente como no reaccionen los polacos, eso no lo salva ni dios.
