Los 708 trabajadores de la factoría de la multinacional Carrier en Guadalajara han pedido el pronunciamiento urgente del Gobierno para evitar que la empresa lleve a cabo sus pretensiones de cerrar la planta alcarreña. "Necesitamos con urgencia que el Gobierno se pronuncie", manifestó el portavoz del comité de empresa.
Los trabajadores califican de "injusta" la intención de la compañía de cerrar la planta de Guadalajara ya que hasta el mes de agosto facturó 18.000 millones de pesetas y obtuvo unos beneficios de 1.800 millones, con un aumento de la producción (equipos de aire acondicionado) de un 30% sobre el pasado año.
En opinión de los trabajadores, el cierre de Carrier en Guadalajara sería sólo "el primer paso para desmantelar su factorías en Europa". Los representantes de la plantilla sospechan que la intención de la compañía es trasladar la producción de España primero a otros países europeos con el fin último de llevarla a otros países fuera del ámbito de la Unión Europea con mano de obra más barata y una normativa laboral más flexible.
En cuanto a la intención de Carrier de seguir vendiendo sus productos en España, incluso después del cierre de la empresa de Guadalajara, los trabajadores han pedido a los responsables políticos que, si es así, se dificulte el mercado a esta empresa dentro del país.
El 7 de octubre Guadalajara vivió la mayor manifestación de su historia. Diecisiete mil personas, uno de cada tres vecinos, salieron a la calle para denunciar que los dueños de Carrier han ganado 3.556 millones de pesetas entre 1995 y 1998.
El responsable del área de Mundo del Trabajo de IU en Guadalajara, Rafael Felipe Palacio, destacó que la amenaza de cierre de Carrier ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia en "una ciudad que lleva cuatro años perdiendo empleo a pasos gigantescos". Izquierda Unida ha presentado mociones tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento exigiendo el mantenimiento de "todos los puestos de trabajo".
