La decisión del gobierno italiano de reducir a la cuarta parte las ayudas del Estado a la prensa ha abierto un importante debate en ese país sobre lo acertado o no de la existencia de estas subvenciones. Muchos afirman que el Estado no debe participar en la financiación a los medios de comunicación en la medida en que se termina con la independencia y se abre la puerta a la arbitrariedad gubernamental para apoyar a unos u otros según sus simpatías. Lo reducción prevista por la Administración italiana supone que las ayudas bajarán a 110 millones de euros (60 para prensa escrita, 45 para radios y televisiones locales y 5 para la prensa italiana en el extranjero), cuando en 2008 ascendían a 414 millones. Se trata de ayudas para la compra de papel prensa, accesos a determinadas agencias, gastos postales, etc… Para los periódicos y revistas publicados por las organizaciones sin fines de lucro, cooperativas de periodistas, asociaciones y partidos políticos, una ley de 1981, reformada en 2001, establece que el gobierno garantiza cada año una ayuda para sus gastos.
Quienes afirman que esa presencia financiera del Estado supone acabar con la independencia del medio de comunicación olvidan que, en nuestro sistema económico, el espacio que deja el Estado no lo ocupa la sociedad, lo ocupa el mercado. La aplicación de ese criterio de no apoyo de las instituciones públicas a determinados proyectos ha provocado situaciones muy preocupantes en numerosas ocasiones. Por ejemplo, en la ONU se considera que la propia institución no debe financiar el trabajo de los relatores especiales sobre derechos humanos. Se trata de los representantes de las Naciones Unidas que elaboran informes sobre el cumplimiento de los derechos en cada país, la tortura, las detenciones arbitrarias, etc… Al no contar con financiaciones públicas, estos relatores no disponen apenas de recursos o dependen de fundaciones o instituciones privadas.
En una democracia, lo más parecido a la comunidad ciudadana es la estructura política y administrativa del Estado, el dinero de la comunidad es el de los presupuestos públicos, y los recursos comunitarios, o sea, de todos, son los que proporciona el Estado. Es verdad que en demasiadas ocasiones no parece que el Estado nos represente, pero entonces se trataría de un problema de nuestra democracia y de su sistema de representación, no del principio por el que aspiramos a que nuestros poderes públicos sean el resultado de la decisión ciudadana. El drástico recorte de las ayudas de la Administración italiana a la prensa supondrá el final de muchos proyectos periodísticos que representan a gran parte de la sociedad y que no tenían como principio de funcionamiento la entrega de su línea editorial a los condicionamientos del mercado, un caso digno de reseñar es el de Il Manifesto. Se trata de medios cuyo capital no es propiedad de grandes grupos empresariales, que no cuentan con grandes ingresos de la publicidad ni recursos de la banca para lograr financiación. Sin embargo, los grandes medios, como se sabe propiedad en su mayoría de Silvio Berlusconi y su familia o de grandes grupos empresariales (Mediabanca, Agnelli, DeBenedetti…), no se verán afectados en sus millonarias cuentas de resultados por ese recorte de ayudas públicas.
Si aceptamos que sólo la ausencia de Estado garantiza la independencia estaremos compartiendo los principios del más feroz liberalismo. Desde ese punto de vista, sólo el mercado garantiza una prensa independiente, una sanidad eficaz y una educación en igualdad. ¿De verdad creemos eso?
Pascual Serrano es periodista. Acaba de publicar el libro “ Traficantes de información. La historia oculta de los grupos de comunicación españoles". Foca. Noviembre 2010
