El Tribunal Supremo español ha prohibido a los ciudadanos que integran la lista electoral para las elecciones europeas Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos (IISP) ser candidatos.
Los argumentos de la Abogacía General del Estado y el Ministerio Público contra esta candidatura son que se trata de una lista "pilotada" por ETA para "elevar la moral" de sus bases. Tanto la Fiscalía como el Gobierno sostienen que el número uno de la candidatura de IISP, el dramaturgo Alfonso Sastre, es el "banderín de enganche" elegido por ETA para enviar "una clara señal a sus votantes" de cuál es la lista que deben apoyar para obtener un escaño en el Parlamento Europeo. La demanda ha sido interpuesta “tras analizar a los promotores, avalistas, representantes y las conexiones entre los integrantes de la lista con el entorno de ETA”. El diario El País detallaba esas relaciones que consistían en que Alfonso Sastre había sido alguna vez candidato de Batasuna o que Doris Benegas había participado en mítines de la izquierda abertzale o en homenajes a algún militante. De esta forma se acusa a una candidatura integrada por ciudadanos cuyo origen ninguno es vasco, de estar al servicio de un grupo armado que lucha por la independencia vasca.
Como en anteriores prohibiciones de candidatos, se trata de personas que no están implicadas en ningún procedimiento penal ni pesa sobre ellos acusación ni delito alguno, pero que, en aplicación de la Ley de Partidos, para ellos no existe el derecho a ser elegido como representante ciudadano para ninguna institución.
Otras organizaciones de izquierda que se presentan a las elecciones europeas, como Izquierda Anticapitalista y el Partido Comunista de los Pueblos de España, han expresado su indignación por la prohibición. En cambio, en el seno de Izquierda Unida no parece haber unanimidad de criterios. Mientras que Kontxi Bilbao, candidata a las elecciones europeas de EB (la marca vasca de IU), ha mostrado su desacuerdo con la decisión judicial y ha añadido que la ley de partidos "persigue ideas" y tiene "consecuencias muy negativas para la democracia"; el cabeza de lista, Willy Meller, ha dicho que acata la sentencia "a la espera de lo que diga el Constitucional" y ha puntualizado que, en un Estado de Derecho, "por encima de posiciones políticas lo que prevalece es la interpretación judicial". Por su parte, ningún órgano de dirección de IU se ha pronunciado, tampoco su coordinador Cayo Lara y en la página web de la organización no existe ninguna referencia a la prohibición de una candidatura a las elecciones europeas.
En la dirección de Izquierda Unida, donde como es sabido se integra el Partido Comunista de España, no parecen recordar que Alfonso Sastre militó en ese partido o que Ángeles Maestro, también candidata de Iniciativa Internacionalista, fue diputada nacional por la coalición. Es evidente que ninguno de los dos ha cambiado sus ideas políticas aunque ahora se sitúen en una lista diferente a la de IU o del PCE.
Vale la pena también recordar que la lucha de Alfonso Sastre por la democracia le llevó a estar en prisión durante los últimos años de la dictadura. Con la supuesta democracia actual, aquellos ministros franquistas no tuvieron obstáculos para ser diputados o presidentes autonómicos mientras que Sastre hoy no puede presentarse a las elecciones.
Si el sistema de censura previa para ser candidato electoral previsto en la Ley de Partidos, aplica criterios de prohibición a quienes han tenido “relación” con Batasuna, asistido a algún homenaje de alguien considerado terrorista o un mitin de esa organización, o no haber condenado la violencia de ETA, probablemente, como señalaba el candidato de Izquierda Anticapitalista, Carlos Fernández Liria, seamos miles los que no tenemos el derecho a ser elegidos en unas elecciones. Si de condenar violencia y terrorismo se trata, condenar las acciones de ETA no es más importante y decente que condenar los crímenes de ejércitos como el de Estados Unidos, Israel o Colombia, y no se establece ello como condición para ser candidato en España. Lo sucedido ahora es algo que no consideró adecuadamente Izquierda Unida cuando se abstuvo en la votación de la Ley de Partidos, y que ahora tiene la oportunidad de enmendar parte de aquel error. No pronunciarse ante la prohibición, bien formalmente como organización o a través de su coordinador general, convierte a Izquierda Unida en otra pieza más de la deriva totalitaria del sistema político español. Muchos de los votantes de Izquierda Unida no compartimos ni la lucha armada de ETA ni comprendemos las demandas independentistas de la izquierda abertzale pero pensamos que esta ilegalización es el mayor atentado a la democracia española en muchos años. Ignorarlo supondría el absoluto desprecio a los miembros o ex miembros de Izquierda Unida y del Partido Comunista de España que tanto lucharon por las libertades en España. Entre ellos, Alfonso Sastre. Hasta hoy, muchos militantes comunistas y de Izquierda Unida estábamos orgullosos de pertenecer a la organización que más había luchado por la democracia en España, quisiéramos seguir estándolo.
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