En demasiadas ocasiones la opinión pública no hace seguimiento de los grandes acontecimientos y se queda sin saber qué sucedió años después en lo referente a un conflicto o asunto que acaparó anteriormente la actualidad. En algunos casos se trata de cuestiones especialmente graves porque, en su día, supusieron la participación de nuestros países en conflictos bélicos y el paso del tiempo permite apreciar a dónde se ha llegado y cómo resultó ser el bando al que apoyamos militarmente. Por ejemplo en 1991 las grandes potencias occidentales, lideradas por la OTAN, fueron a una guerra para liberar a Kuwait de la invasión de Sadam Hussein. Como se había violado la soberanía de un país no hizo falta apelar a la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Si hubiesen importado debería ser motivo de preocupación la complicidad de aquellos libertadores en el régimen dictatorial que sufren hoy los kuwaitíes. Allí los partidos políticos están prohibidos. Hasta el mes de octubre pasado las mujeres debían tener el permiso de sus esposos para solicitar el pasaporte. Según el último informe anual de Amnistía Internacional, la explotación y abusos del personal emigrante es muy frecuente, en especial de mujeres empleadas domésticas. La pena de muerte está vigente y tres personas fueron condenadas el pasado año, la ejecución depende de la gracia del emir de Kuwait, dueño de la vida de esas personas.
Ahora, un espectacular reportaje del diario El País del día 10 de abril relata el funcionamiento de una red tráfico de órganos extraídos por la guerrilla de Kosovo a presos serbios, en total se estima que la trama se cobró la vida de entre cien y trescientas personas. Se trata de la guerrilla a la que la OTAN fue a apoyar en la guerra de Yugoslavia, en su enfrentamiento con Serbia. Según un informe del Consejo de Europa, el órgano que vela por los derechos humanos en el continente, nada más terminar la guerra de Kosovo que dio la victoria al ELK gracias a la Alianza Atlántica, se desarrolló un monstruoso negocio de tráfico de órganos manejado por los dirigentes de esa guerrilla. El autor del informe, el senador y ex juez suizo Dick Marty, también acusa al actual primer ministro kosovar de ser uno de los máximos responsables de la delincuencia organizada. Según el reportaje de El País, “la red lo controlaba todo: transporte de cautivos a través de la frontera con Albania, entonces saturada e incontrolable; casas de acogida que no levantaban sospechas en la población; equipo médico mercenario, chóferes y guardianes, además de los necesarios contactos internacionales”. Según el informe, era en Albania donde el ELK tenía una clínica secreta donde se extraían los órganos vitales de los prisioneros serbios que llegaban vivos y eran eliminados con un simple tiro en la cabeza cuando el cliente, en una capital extranjera, estaba listo para recibirlo.
El portavoz y fiscal adjunto de la Fiscalía serbia para Crímenes de Guerra, Bruno Vekaric, sostiene -según relata El País- que los órganos preparados para su comercialización eran trasladados en helicóptero de la capital de Albania y desde allí iban a Estambul. “A los prisioneros se les quitaban los riñones, el corazón, todo lo que era útil para el tráfico. Tenemos la lista de precios en marcos alemanes. Un corazón eran 80.000 marcos, un riñón, la mitad”, dice el fiscal.
Ya en noviembre de 2003 los funcionarios de la Administración interina de Naciones Unidas en Kosovo (Minuk) redactaron un informe de treinta páginas que calificaron de secreto y que enviaron al Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia (TPIY). El informe se ha filtrado en febrero y recoge testimonios escalofriantes de ocho exguerrilleros del ELK que dicen haber participado en el negocio del tráfico de órganos. En 2008, la ex fiscal del TPIY, Carla de Ponte, destapa graves indicios que apuntan al escándalo en su libro La Caza. Nada de todo ello fue juzgado por el Tribunal para la antigua Yugoslavia porque sus competencias se limitaron al periodo entre 1991 y 1999. A partir de esa fecha los vencedores amigos de la OTAN quedaban al frente del país y los tribunales internacionales apagan sus focos para dejarles trabajar con impunidad. La fiscalía serbia ha pedido que un tribunal internacional independiente se ocupe del caso, pero esto ha sido vetado por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Parece que los tribunales internacionales son sólo para juzgar a serbios, los imputados albanokosovares que alguna vez se sentaron en el banquillo -explica El País- quedan libres por falta de pruebas. En algún caso no se presentó ni uno de los cuarenta testigos citados por la investigación policial, entre otras razones porque varios fueron asesinados.
Esta criminal historia no es ajena a los gobiernos occidentales. Fueron estos gobiernos quieren financiaron y bombardearon Yugoslavia para defender y llevar al poder a los guerrilleros y líderes que, según el informe del Consejo de Europa, asesinaron prisioneros para despedazarlos y subastar sus órganos entre clientes solventes de los países ricos. Todo ello lo hicieron con la complicidad de influencias y redes internacionales, y la impunidad que les daba la ausencia de tribunales que, mientras en su día juzgaban con rigor a los serbios, después se mostraron ausentes cuando se trataba de juzgar a quienes vendieron sus órganos después de asesinarlos. Así son las democracias y los derechos humanos que la OTAN, Estados Unidos y Europa propagan en sus guerras por el mundo.
Pascual Serrano es periodista. Su último libro es "Traficantes de información. La historia oculta de los grupos de comunicación españoles". Foca. Diciembre 2010
