Son actualidad los numerosos casos de corrupción que asolan la política española. Para que estos sean posibles se necesitan algunas condiciones que vale la pena analizar. En primer lugar, la falta de ética y decencia de sus protagonistas: políticos y empresarios. En segundo, la percepción de impunidad, es decir, la ausencia de una amenaza creíble de castigo por parte del sistema judicial y de la comunidad ciudadana. Algo bastante fundado porque los procesados con frecuencia vuelven a ser votados y en raros casos acaban en prisión. Y por último, un sistema político, económico y mercantil que favorezca el trasvase de dinero público a manos privadas gracias a la decisión de cargos políticos y bajo la coartada de la prestación de algún servicio.
Detengámonos en esto último. Si observamos algunos de los casos comprobamos que casi siempre se trata de adjudicaciones a empresas privadas: estudios o celebración de eventos en el caso Noos, adjudicación de la recogida de basuras en varias localidad de Alicante en el caso Brugal, la cesión de parcelas públicas para construir colegios privados concertados en la operación Púnica. Los casos de contratación fraudulenta de servicios de limpieza viaria o de edificios públicos, mantenimiento de jardines públicos, gestión y suministro del agua en las ciudades, etc. son constantes. El último, por ahora, ha sido la detención de la directora de la Alhambra, por presunta malversación de 5,5 millones de euros en la adjudicación del servicio de alquiler audioguías.
La mayoría de la ciudadanía no percibe que si todos estos servicios se prestaran directamente desde el Estado a través de empresas públicas dejaría de existir esa fuente de corrupción. No puede haber lucro, ni adjudicación privilegiada, ni precio inflado si son empleados públicos o empresas estatales las que limpian las calles, recogen la basura, llevan el agua a nuestras casas, organizan los eventos o construyen los colegios. El dinero solo puede circular desde las arcas municipales a los trabajadores que realizan la labor, no hay intermediarios para quedárselo. La mayor corruptela posible en la empresa pública sería una selección arbitraria de los empleados (el enchufismo), pero la administración dispone de medidas para evitarlo. En cambio, en las adjudicaciones y subcontrataciones privadas esa contratación arbitraria ya existe y es sencillamente legal porque, al tratarse de empresas privadas, contratan a quien consideran.
La conclusión evidente es que la principal fuente de corrupción es el trasvase fraudulento de dinero público a manos privadas mediante las adjudicaciones de compra de productos y prestación de servicios. La mayoría de esas adjudicaciones no han existido siempre ni tienen por qué suceder, forman parte de un sistema neoliberal privatizador instalado en las últimas décadas en nuestras administraciones. En cambio, el discurso neoliberal ha logrado inculcar en las mentes de la mayoría de la población que “Estado” y “público” son sinónimo de ineficacia e corrupción, cuando es precisamente lo contrario. El político corrupto lo es cuando dispone de nuestro dinero para poder llevarlo al sistema privado, es decir, cuando tiene un socio empresario con quien acordar y pactar adjudicaciones, comisiones y fraudes. Sin duda el reto consiste en elegir el político adecuado, pero si, mientras tanto, no le permitimos a ese representante privatizar servicios y repartirse el dinero público con el empresario habremos logrado mucho.
Pascual Serrano es periodista. Su último libro es La prensa ha muerto: ¡viva la prensa! (Península)
