La decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de ordenar la vacunación de todos los trabajadores federales para «garantizar la salud y seguridad», muestra hasta qué punto el debate sobre la obligatoriedad de las vacunas se encuentra sobre la mesa. Incluido en el país que más alardea de respetar y fomentar las libertades individuales frente al Estado.
La pandemia de COVID-19 y la necesidad de aplicar medidas sanitarias colectivas para proteger la vida de los ciudadanos no deja de derribar mitos intocables de las sociedades que hasta ahora rendían culto a la libertad individual.
El estado de alarma que prohibió salir a la calle, el toque de queda que obligaba a permanecer durante gran parte del día en los domicilios, los cerramientos perimetrales de municipios, provincias o autonomías, la prohibición de viajar, la obligación de llevar mascarilla. Todas ellas fueron medidas aplicadas por los gobiernos a pesar de la impopularidad que suponían. Y ahora los Estados deben tomar la decisión de qué se hace con las personas que se niegan a vacunarse, cuando sabemos que solo una vacunación masiva de la sociedad puede frenar el avance del virus.
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