El asedio de Knightsbridge [barrio residencial de Londres donde se encuentra la embajada de Ecuador] es una farsa. Desde hace dos años, la exagerada y costosa presencia de la policía rodeando la embajada ecuatoriana en Londres no ha servido más que para hacer ostentación del poder del Estado. Su presa es un australiano acusado de ningún delito, un refugiado de una repugnante injusticia cuya única seguridad es el albergue que le ha dado un valiente país sudamericano. Su verdadero crimen es haber iniciado una oleada de revelación de verdades en una era de mentiras, cinismo y guerra.
La persecución a Julian Assange debe terminar. Incluso el gobierno británico cree claramente que debe terminar. El 28 de octubre, el viceministro de asuntos exteriores, Hugo Swire, dijo en el Parlamento que la fiscal sueca “sería bienvenida” en Londres y que “se le facilitaría absolutamente todo”. El tono era de impaciencia.
La fiscal sueca, Marianne Ny, ha rechazado venir a Londres para interrogar a Assange sobre su presunta conducta sexual inapropiada en Estocolmo en 2010, aunque la ley sueca lo permite y el procedimiento es rutinario tanto en Suecia como el Reino Unido. La evidencia de amenaza a la vida y libertad de Assange por parte de EEUU –en caso de que salga de la embajada- es abrumadora. El 14 de mayo de este año, los expedientes judiciales de EEUU revelaron que se había “puesto en marcha” una “investigación multifacética” contra Assange.
Ny nunca ha explicado adecuadamente por qué no viene a Londres, tampoco las autoridades suecas han explicado nunca por qué se niegan a dar a Assange la garantía de que no van a extraditarle a EEUU en virtud de un acuerdo secreto establecido entre Estocolmo y Washington. En diciembre de 2010, el Independent revelaba que los dos gobiernos habían hablado de su extradición a EEUU antes de que se emitiera la Orden Europea de Detención (OED).
Quizá el hecho pueda explicarse considerando que Suecia, en contra de su reputación como bastión liberal, se ha acercado tanto a Washington que ha permitido hasta “entregas extraordinarias” secretas de la CIA, incluyendo la deportación ilegal de refugiados. La entrega extraordinaria y posterior tortura de dos refugiados políticos egipcios en 2001 fue condenada por el Comité de las Naciones Unidas Contra la Tortura, Amnistía Internacional y Human Rights Watch; la complicidad y duplicidad del Estado sueco aparecen documentadas en exitosos litigios civiles y en los cables de WikiLeaks. En el verano de 2010, Assange había estado en Suecia para hablar de las revelaciones de WikiLeaks sobre la guerra de Afganistán, en la cual Suecia tenía soldados bajo el mando de EEUU.
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