En Francia hay un interesante debate sobre la propuesta que estudia el presidente Nicolás Sarkozy para eliminar la publicidad de la televisión pública. Aunque no hay nada firme, lo que se plantea es un mecanismo gradual para ir disminuyéndola escalonadamente y ya se ha creado una comisión para analizar y hacer propuestas. La medida, en mi opinión, se ajusta a lo que deberíamos considerar como una idea progresista por cuanto que elimina un elemento tremendamente distorsionador para la comunicación como es la publicidad. En primer lugar porque ésta se fundamenta en desarrollar y promocionar un ciudadano consumidor, lo que ya supone un mensaje editorialista e ideológico enfrentado al individuo culto y crítico.
Por otro lado, la publicidad convierte a las audiencias no en el cliente del medio, sino en el producto. Me explico. El medio de comunicación oferta a las empresas y agencias de publicidad como principal atractivo sus cifras de audiencias, o lectores si se trata de un periódico. De forma que los ciudadanos somos ofrecidos a cambio de publicidad. Un millón de ciudadanos de audiencia valen un dinero a cambio de 30 segundos de anuncio, dos millones el doble. Una vez cosificados y cuantificados los teleespectadores, es lógico que se busque a toda costa aumentar su número como único objetivo para aumentar la cotización de sus espacios publicitarios. De ahí la degradación absoluta de los contenidos de las programaciones, destinados sólo y exclusivamente a aumentar audiencias, no a informar ni a educar ni culturizar.
Por último, cualquier contenido que se enfrente al consumo será mal visto por el sector publicitario. No es lógico que una televisión haga en Navidad una campaña de austeridad y retorno a valores éticos alejados de la fiebre del consumo si se pretende seguir vendiendo espacios a El Corte Inglés. Tampoco difundir en los días previos de Reyes una serie infantil para fabricar sus propios juguetes si necesitamos la facturación de los anuncios de las empresas de juguetes para cuadrar el balance contable de la cadena.
Como es lógico, la medida de Sarkozy es aplaudida con entusiasmo por las televisiones privadas francesas puesto que serán las destinatarias de la publicidad que ahora acoge la televisión pública, de hecho ya han aumentado su cotizaciones en Bolsa. También en esto se estudia una medida progresista: Doblar el impuesto a las privadas por sus negocios publicitarios.
Eliminar la publicidad comercial de la televisión pública supondría unirse al modelo de la BBC británica, también un país con gobierno tradicionalmente conservador, que tampoco la acepta y se financia mediante la venta de las licencias anuales de televisión y los impuestos. Paradójicamente fue el gobierno socialista de Mitterrand el que privatizó el primer canal francés (TF1) y el que abrió la puerta a la televisión de pago con Canal +, esto ultimo como hicieron los socialistas españoles.
No faltará quien diga que el nuevo modelo público sin la presión para conseguir audiencias puede desembocar en una televisión para una elite cultural, soporífera e ininteligible para las grandes masas. Eso sería tan manido como proponer eliminar las ayudas públicas a los museos, el ballet, la ópera o el teatro clásico en lugar de apostar por aumentar el nivel cultural de la población para que se acerque a esas artes.
Evidentemente la medida es compleja, porque el Estado francés no sólo deberá resolver los ingresos hasta ahora procedentes de la publicidad comercial, sino también el gasto para completar la parrilla con el espacio de programación liberado por la salida de los anuncios. Se verá obligado a aumentar la producción propia o la contratación externa, o sea, más dinero. En cualquier caso, es necesario que los ciudadanos vayan asumiendo que contar con buenos medios públicos que tengan como norte el interés social cuesta dinero, como lo cuesta la sanidad o la educación, si no quieren que la información –un pilar fundamental de la democracia- sea apropiada por los poderes comerciales y empresariales.
No es la primera vez que gobiernos conservadores han puesto en práctica medidas progresistas que gobiernos de izquierda nunca se atrevieron, y al contrario, que gobiernos de izquierda aplicaran políticas neoliberales que la derecha no se hubiera arriesgado a aprobar ante el temor del levantamiento sindical. Tiene su lógica, sólo un partido político gobernante puede neutralizar a sus bases sociales aplicando políticas contrarias a su supuesto ideario. En el caso español, probablemente las bases socialdemócratas no hubieran permitido las subidas salariales a las Fuerzas Armadas o las políticas privatizadores del PSOE en la década de los ochenta y noventa si las hubiera intentado aplicar la derecha. Recordemos que fue el gobierno socialista español el que vendió la filial de Telefónica Sintel al cubanoamericano Mas Canosa. Tampoco las bases de derecha ni los sectores militares hubieran permitido al partido socialista terminar con el servicio militar obligatorio, algo que aplicó el PP y CiU. Sucede también al otro lado del océano. En Venezuela el indulto a los golpistas del abril de 2002 hubiera levantado la indignación de los ciudadanos si lo hubiera decretado la derecha, pero no sucedió nada al hacerlo Chávez. Es curioso como muchas veces permitimos a los nuestros hacer cosas que nunca aceptaríamos que hiciera el enemigo. Por eso tampoco no hay que fiarse ni de los tuyos.
