El pasado septiembre, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, hacía pública la noticia de que su Gobierno iniciaba conversaciones de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Desde noviembre una delegación del grupo insurgenete permanece en La Habana donde se mantienen estos diálogos. El proceso tiene a Cuba y Noruega como países garantes y a Venezuela y Chile como acompañantes.
Entre los representantes de las FARC designados para estas negociaciones se encuentran Andrés París y Rubén Zamora. Aunque ambos son comandantes del grupo armado, prefieren que se les llame miembros de la Delegación de Paz. Con ellos analizamos en La Habana esta oportunidad de poner fin a un conflicto que dura más de cincuenta años protagonizado por la guerrilla más antigua de América Latina. Las respuestas han sido consensuadas por ambos portavoces.
¿Por qué se inician los diálogos y por qué en Cuba? Se dice que ustedes aceptan estas conversaciones porque se encuentran en un momento de debilidad
Las FARC toman la decisión de dialogar en La Habana como consecuencia de un intercambio que se desarrolló de forma secreta en Caracas. En nuestra concepción de las FARC se encuentra el hecho de que somos un ejército de guerrillas pero nuestra bandera es la búsqueda de la forma política no armada. Cualquier otra interpretación de que llegamos en un momento de debilidad político-militar no es cierta. La supremacía militar es evidente, pero estamos perfectamente adaptados a la guerra de guerrillas. El poder demoledor del capitalismo es tremendo ya que gana las guerras desde el aire. Por otra parte, los análisis del avance tecnológico y las asimetrías sirven de razonamiento para concluir que nos encontramos al borde de la derrota. Es indiscutible que nos han dado golpes grandes, debido fundamentalmente a las tecnologías de localización, pero igualmente nos hemos adecuado por nuestra gran movilidad y desplazamiento, y por el trabajo político. No hay comparación entre la inversión millonaria del Estado colombiano y el daño provocado. Nuestros comandantes muertos han sido reemplazados por comandantes jóvenes pero expertos. Mientras tanto, el ejército colombiano ha tenido entre 2.500 y 3.000 bajas por año, entre muertos y heridos. Lo que hace un total de 30.000 bajas a lo largo del conflicto.
El momento más débil fue cuando nacimos, hoy somos un sólido ejército que se mantiene en pie de lucha a pesar del duro ataque al que está sometido. Puede ser que se nos aleje la posibilidad del triunfo, pero eso no quiere decir que vayamos a renunciar a la lucha. Pero insistimos en que ahora buscamos una oportunidad a la paz.
En cuanto a la ubicación de estos diálogos, hubo una etapa anterior secreta en Venezuela. El Gobierno no quiso que estas conversaciones fueran en Colombia, por eso son en La Habana. Aceptaron Cuba para aislarlo de la sociedad, en Colombia hubiéramos llevando un millón de colombianos al lugar de diálogo.
Hasta el propio Fidel Castro les planteó el fin de la vía militar
Estamos de acuerdo en que la lucha armada no tiene vigencia, pero en Colombia se mantiene una estructura de violencia estatal que impide la participación de otras fuerzas y eso solo se puede enfrentar con las armas.
¿Qué están dispuestas a ceder las FARC?
No estamos en una mesa de negociación, sino de conversación, en eso hemos coincidido las dos partes. Es evidente que un acuerdo para la paz requiere unos mínimos de ambas partes, la máxima para nosotros es la revolución, para ellos mantener su sistema capitalista. Hemos de intentar encontrar un punto intermedio. Tenemos plena disposición para hablar de todos los temas, además de los incluidos en la agenda pactada. Se trata de solucionar el conflicto.
Santos les golpeó cuando era ministro de Defensa con Álvaro Uribe, ¿por qué con él sí hay diálogo y con Uribe no?
Uribe está comprometido con la guerra y el paramilitarismo. Santos plantea otra opinión y creemos que esa ventana debíamos explorarla, pero por convicciones políticas no por debilidad militar. La opción política es la salida menos dolorosa. Se trata de permitir a los colombianos abordar la solución política. Hay que dinamizar un espacio que permita a los colombianos expresarse sin criminalizar la lucha social.
El acuerdo sería parte de un proceso más profundo y más largo. Entonces nos correspondería seguir la revolución por otro medios pacíficos, esos que no nos han permitido hasta ahora.
¿Creen que se puede repetir las experiencia de la Unión Patriótica, cuando intentaron incorporarse a la vida política legal y les asesinaron a miles de militantes y cargos políticos?
No estamos dispuestos, pero queremos la solución política con el apoyo del pueblo en la nueva realidad política. Si no es posible, seguiremos con la guerra de guerrillas. Hace falta una movilización contundente de los colombianos para mantener este proceso. Hay ataques desde sectores latifundistas y mafiosos para bloquearlo. Todo esto se deberá refrendar con una Asamblea Nacional Constituyente, se trata de crear una nueva institucionalización, un nuevo Estado para la paz.
¿En qué momento del diálogo se encuentran en este momento?
Discutiendo sobre el acceso a la tierra, la concentración de la tierra es el origen del conflicto. Más del 65 % está en manos del 0’4% de la población. Terratenientes y financieros controlan la tierra y eso queremos revertirlo. Hemos logrado algunas coincidencias, la idea de crear un fondo de tierras, para una futura redistribución dándosela a los campesinos. Veinte millones de hectáreas podrían resolver el problema, el Gobierno ha ofrecido 8 millones (3 millones ya las ocupan de forma alegal los campesinos). Aún no estamos de acuerdo en las cifras, pero coincidimos en la necesidad de un fondo.
¿Cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan?
Es el latifundio y los mafiosos y empresas transnacionales que se hicieron ilegalmente con la tierra. Ellos han despojado a los campesinos en torno a diez millones de hectáreas y colaboraron con su exterminio. Mientras el Gobierno no quiera romper con ellos habrá dificultades. El Gobierno quiere una propuesta agraria que no toque el status quo de los latifundistas, es decir, legislar para legalizar ese despojo y el paramilitarismo que masacró a los campesinos.
No se le puede pedir a una de las partes que desaparezca. Con la desaparición de las FARC la violencia no acabará, porque es del Estado colombiano contra el campesinado.
¿Cuál puede ser el papel de EEUU y Europa en esta búsqueda de la paz o qué le piden a estas potencias?
Deben comprender que es más rentable la paz que la guerra. Se pueden establecer fuentes de desarrollo económico que incluso puedan estar invitando al capital extranjero, pero con el Estado colombiano como principal accionista. Pero es que las multinacionales que hay ahora lo que pretenden es aprovecharse de todo el país y sus recursos. No quieren pagar más del 10% de regalías por la explotación de los recursos. De esa forma habrá una resistencia e indignación entre los colombianos.
Por otra parte, Europa debe aceptar un reconocimiento público de la insurgencia y levantar su clasificación de organización terrorista. En cuanto a Estados Unidos, una forma de colaborar en la búsqueda de la paz sería la liberación y participación del dirigente de las FARC Simón Trinidad, extraditado en ese país, para que esté en la mesa de diálogo como un gesto de paz que genere confianza. Si EEUU respalda el proceso debería permitir su incorporación. Pero el principal obstáculo es el Gobierno colombiano que no lo ha pedido.
¿Y el papel regional de América Latina?
En el resto de América Latina sigue habiendo capitalismo, pero se ha renunciado a la violencia para aplicarlo, como sigue sucediendo en Colombia. Nuestro Gobierno se resiste a cambiar ante el nuevo panorama de América Latina. Colombia no debe ser un país de acero donde no entran los vientos que corren por todos lados.
Me pongo a soñar. Dejamos las armas, se comprometen con los acuerdos. Si tiene la tentación de repetir la masacre de la Unión Patriótica ahí debe intervenir la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, integrada por 33 países), es importante el papel regional.
Diversas informaciones están mostrando la posibilidad de un proceso legal contra Álvaro Uribe por los casos de falsos positivos, el asesinato de campesinos a los que se le hizo pasar por guerrilleros. ¿Qué opinan al respecto?
Se trata nada menos que de 70.000 falsos positivos según la información que poseen las autoridades estadounidenses en base a los datos proporcionados por los cabecillas paramilitares presos en ese país. Se trata de una información que ahora han decidido proporcionar a la opinión púbica internacional. Hubo una connivencia entre Estado, terratenientes y paramilitares en llevar a cabo masacres masivas
Entendemos que la rivalidad preelectoral entre Santos y Uribe ha llevado a la decisión del presidente Santos de entregar a Uribe a la autoridad penal internacional para ser juzgado por sus crímenes. Esto provocará una gran confrontación con un participación activa de los paramilitares presos en EEUU.
¿Y qué trascendencia puede tener esto en la política colombiana?
Uribe es un hombre violento, pero Santos no lo es menos. Si se avanza a una confrontación entre ellos, Uribe quedaría aplastado por el Estado. Quieren dividir a Colombia entre partidarios de Uribe y de Santos, donde no quepa la opción de izquierdas. Ambos tienen responsabilidad en la criminalización del otro. Hay que buscar una vía colombiana de centro izquierda que diga sí a la paz y al cambio político. Están madurando las condiciones para ello. Los ciudadanos perciben la necesidad de la paz en Colombia. Podemos decir que se puede iniciar una fase de respeto para la participación de todas las opciones en las elecciones en Colombia
¿Cuál está siendo la posición de la ciudadanía ante estos diálogos y especialmente el campesinado?
La gente se ha venido expresando, pero hay un cerco mediático alrededor del diálogo y de los sectores ciudadanos. Se han dado ocho encuentros regionales donde participó la gente y dijo cómo construir la paz a partir de un cambio en la propiedad de la tierra. Hemos insistido en que el proceso de paz no debe de hacerse a espaldas de la gente, pero hay una guerra informativa contra el proceso.
