El diario Público ofreció el domingo 19 de octubre una larga entrevista al presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero. Era la primera que ofrecía desde que el sistema financiero mundial entró en crisis. Zapatero se enfrentó a difíciles y claras preguntas del director, Ignacio Escolar, el responsable de Opinión, Marco Schwartz, y la responsable de economía, Amparo Estrada. Si el presidente calificó la situación de la economía de “difícil”, muchos lectores calificamos sus respuestas de “decepcionantes”. Repasemos algunas de ellas.
Justificó los 30.000 millones de euros públicos destinados al sistema bancario afirmando que, en realidad, los bancos españoles sí son solventes, pero que, a pesar de ello, no se prestan dinero. Es decir que ninguno se fía de la solvencia del resto, pero Zapatero sí. Cuando ya se han decidido esas ayudas públicas -los treinta mil millones anteriores, más otros cien mil más en avales-, es cuando, afirma el presidente que se pondrán a buscar “algún sistema para que podamos tener la garantía de que los bancos establecen préstamos a las empresas”, además mediante una negociación con el PP. También es después de aprobar las ayudas cuando sugiere que hay que “poner límites a todo lo que son incentivos y retribuciones” de los directivos, habló de “regulación” pero no concretó nada, ni estableció cómo se va a intervenir en esa política de cada banco o entidad. Sobre la actitud de las entidades financieras de la UE de operar en paraísos fiscales, se limitó a afirmar que “se pondrá encima de la mesa”.
Reconoció que una intervención del Estado es para atender a los “millones de ciudadanos que tienen sus ahorros en esos bancos y que pueden correr riesgo”, no a los directivos de Wall Street, pero no se planteó nunca las responsabilidades penales de esos directivos cuya intervención origina esos riesgos. Incluso reconoció que algunas empresas estén aprovechando la situación para despedir más de la cuenta, sin plantearse cómo impedirlo.
También habló sobre el auto del juez Baltasar Garzón sobre los crímenes del franquismo, su sentido de la justicia se quedó en que “lo más importante” era el derecho de las familias a “conocer y exhumar los restos de sus familiares”. Mientras sugiere que la iniciativa de Garzón es consecuencia de las bondades de la Ley de Memoria Histórica aprobada por el gobierno, dice que la decisión del fiscal general del Estado, nombrado por el gobierno, de intentar frenar al juez se basa en un “criterio estrictamente jurídico”.
Su argumento para no hacer cambios en la Constitución no puede ser más pobre intelectualmente: “La Constitución tiene 30 años, y a los 30 años normalmente uno suele estar bien”. Preguntado sobre las cuatro reformas constitucionales que planteó cuando llegó a La Moncloa, su respuesta es que están aparcadas porque su “contraparte”, es decir, el PP, “no se siente estimulada”.
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que se quite la Biblia durante las tomas de posesión, su respuesta se basa en que “eso es una tradición que está ahí”. Menos mal que no se basa en el mismo argumento para otras tradiciones del franquismo.
Sobre la Iglesia, destaca que, desde su concepción de la democracia y del socialismo, respeta “que cualquier ciudadano, ejerza un cargo público o no, vaya a misa”. Como si esa fuera la discusión sobre el papel de la Iglesia en España.
Y siguiendo con respuestas evasivas, ante los anuncios de prostitución en la prensa, opta por la “autorregulación”, es decir, por dejar que los medios sigan haciendo lo que les parezca.
Por último, su respuesta a la pregunta sobre la herencia que deja Bush, no podemos evitar una sonrisa: “No voy a opinar, no soy objetivo”. Pues claro que no deberá ser objetivo, para eso le han preguntado su opinión. ¿Fue objetivo en el resto de las respuestas o dio su opinión?
En conclusión, que algunos más que respuestas del presidente español lo que encontramos fueron razones para la preocupación y el bochorno.
