Últimamente están sucediendo algunas prohibiciones en algunos medios que merecen la pena una reflexión. Por ejemplo, en España el pasado 21 de febrero RTVE suspendió la entrevista al periodista José María García que estaba previsto emitirse en el programa de Jesús Quintero. Al parecer, los máximos directivos de la cadena vetaron la emisión alegando que, más que opiniones, el entrevistado vertía “insultos y descalificaciones” a terceras personas. Podrá esa ser la razón, pero tiene un nombre: censura previa. Días después, el 8 de marzo, el presidente de RTVE, Luis Fernández, se pronunció sobre la polémica retirada. Dijo que "hablar de censura en 2007 es malicia o estulticia". "Censurar es el previo examen del estado por parte de la Administración sobre los contenidos y lo que nosotros hicimos fue el libre ejercicio de la libertad de empresa", añadió el presidente del ente.
El comentario a mi me parece impresionante, porque viene a decir que eso no está bien si se hace en nombre de la Administración, es decir, el Estado democrático, o sea, la institución que representa a los ciudadanos en una democracia. Sin embargo, ya sí se puede hacer en nombre del “libre ejercicio de la libertad de empresa". Obsérvese que la razón esgrimida no es el bien público, la protección al honor de los nombrados en la entrevista o el derecho a una información rigurosa o equilibrada, elementos éstos, oportunos o no para el caso, pero lícitos para la suspensión de una entrevista. La razón que justifica y permite vetar una entrevista en un medio de comunicación, además público, es una razón del derecho empresarial. El principio es importante porque supone reconocer que en la escala de derechos, valores, prioridades o como le queramos llamar, por encima de la voluntad de las instituciones democráticas están las empresas. De forma que una cosa que no es lícita que haga un Estado, lo es si lo hace una empresa.
En España, bajo un gobierno denominado socialista, hemos logrado que las televisiones públicas puedan tener derechos gracias a la libertad de empresa. He pensado que los ciudadanos nos podíamos registrar como empresas, quizás así podemos acceder a algunos derechos que nos son negados ahora como personas.
