Con motivo de las elecciones presidenciales norteamericanas, el mundo fue testigo de un sistema electoral que se demostró chapucero e injusto. Ganó, tras un recuento tercermundista, el candidato que menos personas votaron en Estados Unidos..
Descubierta por la opinión pública mundial la injusticia del sistema electoral estadounidense, el caso de Joaquín José Martínez se ha encargado de evidenciar a esta misma opinión pública la injusticia del sistema judicial de ese país. Pero quizás lo más interesante ha sido observar las diferentes reacciones y modos de abordar el tema en los medios de comunicación y líderes de opinión. Comentarios de diversa índole ante unos hechos bastante claros: un individuo es declarado culpable y condenado a pena de muerte mediante pruebas y testigos falsos proporcionados por el sistema judicial norteamericano para, posteriormente, cuando es capaz de desembolsar más de cien millones en abogados, ser declarado no culpable y dejado en libertad.
Mientras el periodista de RNE destacaba la grandeza del sistema norteamericano corrigiendo sus propios errores, el presidente español en declaraciones a ese mismo periodista, recordaba su oposición a la pena de muerte, reduciendo así el caso Martínez a un debate sobre la pena capital. Llamar "grandeza" a haber tenido a una persona inocente más de mil días en el corredor de la muerte denota el grado de mentalidad sumisa en que se encuentra gran parte de la profesión periodística. En cuanto al presidente Aznar, parece aplicar la justicia condenando a cadena perpetua al inocente en lugar de a la silla eléctrica. Al inocente pobre se entiende, el inocente rico sale libre, como se ha podido demostrar.
Ha habido reacciones mucho más sorprendentes, como la del casposo Antonio Burgos que afirma que a "Jota Jota lo ha salvado su familia de siempre, la que permanece unida". "Esta guerra contra la pena de muerte ha sido una batalla ganada por la familia tradicional", afirma el rancio columnista. Otro que se olvida de los cien millones y que encima nos vende la sagrada familia.
Afortunadamente comentarios como los de Javier Ortiz o Martín Seco nos han ayudado a situar la cuestión. En EEUU -y mucho nos tememos que en otros muchos países- existen dos "justicias", la de los pobres y la de los ricos. Joaquín José saltó de la una a la otra mediante la pértiga de los cien millones y esas "justicias" se parecen tanto como una silla eléctrica a la libertad en un chalé de lujo pagado por Antena 3.
El debate no es sobre la aplicación de la pena de muerte a los asesinos sino sobre la existencia de un sistema jurídico-eléctrico que se fundamenta en asesinar a pobres mediante el pago a policías que ocultan pruebas como el inspector que mintió en el primer juicio, peritos que falsean sus informes como el forense o testigos embaucados por el fiscal como la ex mujer del procesado. Un sistema que, bien engrasado con cien millones, elimina a todos esos mentirosos y desenchufa la silla eléctrica.
