La decisión de un juez, con el apoyo del fiscal, de intervenir los teléfonos móviles y los ordenadores de dos redactores del Diario de Mallorca y de Europa Press en el marco de la investigación de una presunta trama de corrupción en torno al empresario de ocio nocturno Bartolomé Cursach, ha despertado una ola de indignación en la prensa. Incluso la Asociación de la Prensa de Madrid ha homologado el secreto profesional al derecho a la información.
Editoriales, analistas jurídicos y asociaciones de la prensa han coincidido en considerar una ilegalidad esa decisión judicial. La tesis es que esa incautación supondría vulnerar el derecho que tiene el periodista a ocultar sus fuentes como modo de garantizar que pueda seguir informando a la sociedad sin ponerlas en peligro.
Sin embargo, creo que hay muchos elementos a analizar y reflexionar.
