Durante la transición y el debate de las autonomías fuimos muchos, al margen de pasiones y pulsiones nacionalistas, quienes creíamos que una descentralización de las competencias de gobierno supondría una mayor eficacia y mejor gestión al tomarse las decisiones en órganos más cercanos a la ciudadanía.
El tiempo no parece que nos haya dado la razón. Son muchas las autonomías, provincias, comarcas y ayuntamientos donde el caciquismo, el amiguismo, la corrupción y la connivencia entre poder económico local y políticos ha tomado el control de las decisiones públicas, el uso de los fondos colectivos, las contrataciones y destino de los recursos y, por supuesto, la mordaza de cualquiera que quiera levantar la voz.
Y uno de los medios para seguir manteniendo este sistema es lograr que en el debate de la opinión pública siga manteniéndose la discusión sobre los estatutos de autonomía, las competencias y las reyertas entre administraciones autonómicas, forales, cabildos, diputaciones, mancomunidades, ayuntamientos, distritos… Hasta han logrado que todo el Estado español discuta durante dos años de un estatuto de autonomía, el de Cataluña, que luego resultó que ni siquiera les importaba a los catalanes, porque ni fueron a votar.
El potaje de administraciones se ha demostrado de gran utilidad para marear la perdiz. No hay más que escuchar los debates institucionales en las administraciones regionales y locales, son peloteos sobre competencias de otras administraciones, acuerdos, contratos y convenios entre ellas; financiaciones, cofinanciaciones y refinanciaciones; ayudas, subvenciones, fondos de cooperación, de solidaridad, de cohesión…
Cuando surge un escándalo de corrupción, un trágico accidente o una demanda ciudadana, todos los responsables reaccionan con un resorte especial para señalar con el dedo a la otra Administración.
Las autonomías nacieron, crecieron y se reprodujeron responsabilizando a Madrid de sus problemas y deficiencias. Incluso en la actualidad informativa, la política nacional y su debate ocupa casi toda la agenda informativa a pesar de que la Administración central ya apenas gestiona el quince por ciento del presupuesto público nacional. En ese caldo de cultivo es como se ha enquistado en las administraciones autonómicas –y en las locales- una clase políticoempresarial que ha convertido el más rancio caciquismo, el abuso y la corrupción en el modelo político dominante.
Y uno de los casos más elocuentes es el de Canarias, una autonomía donde lo políticos locales han hecho de la responsabilización de Madrid –ahora ya Bruselas- y del victimismo su seña de identidad. El libro “El paraíso según Adán”, subtitulado “Veinticinco años de caciquismo autonómico”, de Ramón Pérez Almodóvar y José M. Castellano Gil, nos detalla toda esa pobredumbre donde el partido del presidente Adán Martín lleva casi veinte años gobernando y sigue achacando las deficiencias de su administración a la “herencia dolorosa”.
Sus autores han sufrido las iras del poder, en lógica coherencia, con el panorama de control asfixiante que denuncian en su libro. José M. Castellano Gil, doctor en Historia, que estuvo durante los años 1999 y 2000 al frente del Museo de Historia de Tenerife, se enfrenta a un expediente disciplinario por la publicación del libro.
Por su parte, el periodista Ramón Pérez Almodóvar, fue cesado de redactor jefe de la Agencia Canaria de Noticias por denunciar en febrero de 2004 una actuación irregular de los dirigentes de Coalición Canaria en Tenerife.
Leyendo este libro podremos saber cómo “funciona” el gobierno canario. Gastando 3.600.000 euros en una campaña para decir a los ciudadanos que eran canarios o estableciendo lo que llaman una Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), que no es otra cosa que los empresarios solo tributarán por el diez por ciento de sus beneficios por lo que, según nos cuentan los autores del libro, el pasado año ya se habían ahorrado 12.300 millones de euros en impuestos. El presidente autonómico participará en empresas que reciben subvenciones del propio gobierno y concesiones públicas de administraciones gobernadas por su mismo partido. Se podrá decir a los cuatro vientos que un instituto tecnológico ha recibido un premio internacional aunque sea mentira y conceder premios a trabajos inéditos de investigación que ya se han publicado tres veces. En Canarias tampoco hace falta que los empresarios paguen el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o los Actos Jurídicos Documentados. Las arcas públicas ya buscarán llenarlas subastando su voto en Madrid, llorando a Bruselas o denunciando la “herencia dolorosa”, la deuda histórica o el genocidio guanche. Una buena plantilla de periodistas en gabinetes de comunicación, una adecuada política de contratación de publicidad en los medios locales y los accionistas apropiados en los medios de comunicación garantizarán el control de todo los que se dice, se oye o se ve.
La garantía del mantenimiento del poder se termina manejando mediante una ley electoral que obliga a conseguir un 30 % de votos en una isla o el 6 % en toda la región. Y una concejala de la oposición puede estar esperando indefinidamente a que le den la relación de personas contratadas por los distintos organismos municipales en puestos de libre designación y le digan cuánto cobran.
Y si se trata de tener contento a un dirigente vecinal se contrata a su empresa para que dé una conferencia por 4.953 euros, aunque luego no haya constancia de que se realice pero sí de que se paga. También se puede contratar a un amigo para la sufrida labor de realizar una base de datos de Honores y Distinciones del municipio.
Si queda algún cabo suelto en el entramado de poder se resuelve con la contratación a dedo de cientos de asesores, el cese de interventores municipales incómodos, plenos que despachan una docena de puntos en quince minutos y recesos cuando ven que la votación se puede perder. Para quien intente protestar hay subcontratas de limpieza que, custodiados por la policía municipal, eliminan los carteles que convocan a actos públicos. Y para que no estorben mucho los fiscales anticorrupción se les ahoga en asuntos ordinarios y precariedad de recursos. Para conocer todo esto, sirven libros como éste que nos ocupa.
Y, siempre, denunciando la invasión de las islas por un centenar de africanos pobres, nunca por doce millones de turistas ricos. Pero eso no les impide desvelarse por la lucha con la pobreza organizando una conferencia de Bill Clinton en Tenerife para hablar de ella con un presupuesto de 300.000 euros. Seguro que mejoró mucha la situación de los 400.000 pobres que, según Caritas, hay en la comunidad autónoma canaria.
Y si les preguntan por el ideario a estos políticos, bien claro está, lo dijo el presidente de Coalición Canaria, Paulino Rivero: “CC no es ni carne ni pescado, si es un potaje canario tenemos que ver con papas, bubangos y habichuelas”. Ya aclaró en una entrevista en un periódico nacional que ellos pactaban en Madrid con quien pagara la dote que necesitan las islas. Y si hay que “mojarse” opinando sobre el Plan Ibarretxe, el presidente autonómico lo resuelve diciendo que “Canarias no es una nación ni una nacionalidad, sino un Archipiélago Atlántico”.
Es lo que tiene ser una región periférica de ultramar, que entre Bruselas y Madrid, no hay modo de que los sufridos gobernantes locales puedan sacarla adelante.
Me temo que leyendo ese libro se pueden conocer más verdades que viviendo diez años en las islas.
Pero que no se confundan los autores, en España hay más presidentes autonómicos que han encontrado su paraíso. Lo cual, por supuesto, nunca debe ser un consuelo.
“El Paraíso de Adán. Veinticinco años de caciquismo autonómico”. Ramón Pérez Almodóvar y José M. Castellano Gil. Asociación Taller Cultural de Comunicación. www.centrodelacultura.com
