Es curioso cómo la derecha ha logrado apropiarse del marco de la constitucionalidad. Ellos son los constitucionalistas y los demás los que conspiran contra la Constitución. Es lo que hacen cuando hay manifestaciones y movilizaciones: los que exigen sanidad, educación, vivienda y trabajo son los “antisistema”; los que defraudan a Hacienda, cobran comisiones por conceder contratos a las empresas y financian su partido con dinero negro son los que defienden el sistema “democrático”, se entiende.
Tras el debate de investidura, el PP, a través de su portavoz, García Egea, le niega a Pedro Sánchez la «legitimidad» a su posible investidura. Igualmente Vox calificó la investidura de Pedro Sánchez de “fraudulenta” y “todo el proceso [para elegir al nuevo presidente del Gobierno de] absolutamente ilegítimo”. Según el partido ultraderechista, algunos de los diputados que apoyaron al candidato socialista no deberían poder votar, ya que «están ilegítimamente elegidos como diputados”. Pero es evidente que las elecciones, los nombramientos de diputados, la votación de investidura y la formación del nuevo gobierno ha cumplido todos los procedimientos democráticos, legales, formales y hasta Reales. Por tanto, quienes no los consideren legítimos son los que se están situando fuera de la ley y de la Constitución. O dicho de otro modo, los que se hacen llamar constitucionalistas son los que no están reconociendo los procedimientos constitucionales. Y esa derecha que acusa de golpistas a los demás [a los líderes independentistas] son los que intentan ilegitimar al gobierno lo que, por lógica, supondría derrocarlo, es decir, dar un golpe de Estado.
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