En las últimas semanas se ha confirmado que dos siniestros personajes que pasarán a la historia de América Latina como asesinos sin escrúpulos, estuvieron al servicio de la Central de Inteligencia de Estados Unidos. Dos genocidas más que engrosarán la larga nómina de violadores de derechos humanos de la CIA. Se trata del chileno Manuel Contreras y del peruano Vladimiro Montesinos. Ambos fueron responsables de los correspondientes servicios de inteligencia de sus propios países, lo que demuestra la absoluta colonización norteamericana en los servicios de espionaje de Latinoamérica.
Un informe de la propia CIA desclasificado el pasado 18 de septiembre reconoce que Manuel Contreras, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile, trabajó para la central norteamericana entre 1974 y 1977, los años más sangrientos de la dictadura de Pinochet, y que cobró de la central de inteligencia por los informes emitidos. La relación con Contreras era considerada por los servicios secretos de Estados Unidos como "necesaria para cumplir el objetivo de la CIA, a pesar de la preocupación de que esa relación pudiese conducir a la CIA a ser acusada de ayudar a la represión política interna" en Chile, reconoce el documento desclasificado. Para encubrir está realidad, cínicamente se sostiene: "En sus contactos con Contreras, la CIA lo instó a adherir la circular del 17 de enero de 1974, emitido por el Ministerio de Defensa, que delineaba las directrices para trata a los prisioneros en una manera consistente con la Convención de Ginebra de 1949". Sin embargo, esta circular, según admitió la propia CIA en el mismo informe, no era más que un "truco de relaciones públicas" de la dictadura militar, que "las fuerzas de seguridad chilenas no respetaban".
Manuel Contreras fue uno de los miles de oficiales chilenos que recibieron adiestramiento en Estados Unidos en virtud de los acuerdos bilaterales de colaboración militar. Durante sus dos años en Fort Belvoir los instructores norteamericanos le inculcaron un anticomunismo patológico y le enseñaron las más crueles prácticas de tortura y represión.
La Dirección de Inteligencia Nacional chilena, considerada una organización "terrorista" por las asociaciones de defensa de los derechos humanos, se erigió en un grupo de élite de violencia selectiva, de actuación clandestina y armada destinada a la persecución y eliminación física de los opositores. Instrumento esencial de la política de exterminio planificada por la dictadura, entre sus miles de víctimas se encuentran varios ciudadanos españoles, como Antonio Llidó, Michelle Peña (embarazada de ocho meses cuando fue detenida), Carmelo Soria y Antonio Elizondo, secuestrado junto con su esposa Elizabeth, que también esperaba un hijo, según un reportaje del historiador Mario Amorós publicado en la revista Tiempo.
En cuanto a Vladimiro Montesinos, jefe hasta hace unos días de los servicios secretos peruanos, era considerado indispensable para los esfuerzos estadounidenses contra el tráfico de drogas y las relaciones con Perú, según fuentes gubernamentales estadounidenses. Funcionarios de los gobiernos de George Bush y Bill Clinton propusieron cortar las relaciones con Montesinos, pero la CIA lo evitó al menos en dos ocasiones. Para la CIA, según fuentes gubernamentales, eran irrelevantes y carentes de fundamento las denuncias de que el asesor presidencial peruano cometía abusos contra los derechos humanos durante las operaciones contra el terrorismo. Las fuentes añaden que la CIA se refería a Montesinos, abogado de profesión, como "el doctor" y que su valor dentro del servicio de espionaje estadounidense subió gracias a su habilidad para solucionarle problemas al gobierno de EE.UU. En ocasiones, diplomáticos estadounidenses pidieron a la CIA que les aclarara si le pagaban dinero a Montesinos, pero el organismo siempre lo negó.
Las buenas relaciones de Montesinos con la inteligencia estadounidense datan de la década de los setenta, cuando el gobierno peruano lo acusó de vender secretos militares a Estados Unidos.
A Montesinos se le acusa de estar vinculado con las más atroces violaciones de los derechos humanos registrados durante el gobierno de Fujimori. La matanza de Barrios Altos, en noviembre de 1991; la matanza de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta, en julio de 1992; la tortura y posterior asesinato de la agente del Servicio de Inteligencia Mariela Barreto, en 1996, y la tortura a la ex agente de Inteligencia Leonor La Rosa, en 1997, son sólo algunos de los ejemplos de las acciones dirigidas por Montesinos. Ningún juez o fiscal pudo interrogar a Montesinos sobre estos casos.
El narcotráfico es otro de los delitos que se incluyen en su biografía. En la década de los ochenta instaló un estudio de abogados especializado en al defensa de acusados por narcotráfico. En aquella época logró crear una red de policías, fiscales y jueces que le permitió liberar a presuntos narcotraficantes. En 1996, fue detenido Demetrio Peñaherrera, El Vaticano, acusado de ser uno de los líderes del narcotráfico. Durante el proceso, Peñaherrera confesó haber entregado a Montesinos 50.000 dólares a cambio de protección para operar impunemente. El acusado nunca pudo declarar, padece una grave amnesia tras haber sido torturado.
En la actualidad, ambos agentes de la CIA "han caído en desgracia". Como juguetes rotos utilizados por la central norteamericana, ésta los ha dejado caer. Contreras cumple condena en la cárcel de Punta Peuco como autor intelectual del asesinato del ex ministro de Allende, Orlando Letelier, y de su secretaria. Contreras afirmó que su implicación en ese asesinato son un "venganza" de la Agencia por haber entregado información comprometedora para la CIA a los fiscales que viajaron a Chile para recabar datos sobre el caso Leteleir, abierto en Estados Unidos.
En cuanto a Montesinos, su implicación y enriquecimiento en una red de tráfico de armas adquiridas por Perú a Jordania y posteriormente desviadas por Montesinos, levantó la iras de la CIA quien destapó uno de sus tantos casos de corrupción para conseguir su derribo político. El finiquito, un asilo político en Panamá.
